Editorial
Durante años, los ayuntamientos en Chiapas han hecho lo que han querido en
materia de rendición de cuentas. La ley los obliga a poner a disposición clara y
transparente sobre la gestión y cómo utilizan el dinero del pueblo para las obras
sociales, y aun así, muchos de los alcaldes y alcaldesas de Chiapas, hacen como
que no escuchan ni tienen conocimiento, se revelan.
Se confabulan con las autoridades, a quienes les dan una piscacha de los miles
de millones de pesos que manejan, con tal de que en las “observaciones” que no
es lo mismo que desfalcos o actos de corrupción, no sean objeto de recriminación
o llamados a cuentas ante la autoridad judicial.
Este común denominador se presenta en todos los municipios, incluso en los
llamados tradicionales, los que se manejan por usos y costumbres o indígenas.
Sin embargo, la atención se fija siempre en las grandes urbes como Tuxtla
Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, por citar a los más grandes en
el manejo de los recursos por el número de población que se encuentra acentuada
en dichas demarcaciones.
En la capital chiapaneca, por ejemplo, desde Juan Sabines Guerrero hasta Carlos
Morales Vázquez, el manejo de los recursos ha sido una calamidad; el robo de los
recursos a través de transacciones amañadas ha sido la constante y no ha habido
autoridad que haya puesto un alto a las infracciones, menos que se les castigue.
Al contrario, se les premia con nuevos puestos dentro de la administración pública.
En teoría, el partido en el poder o el sistema político vigente, como usted le quiera
llamar, en lugar de pedir se les investigue para no ensuciar la imagen institucional,
los protegen. Esto pasa en todos los niveles.
Hoy mismo ya lo hemos reseñado con gobernadores en funciones, a quienes, en
casos más graves, se les acusa de tener nexos con el crimen organizado. Un
panorama en el que el gobierno continúa siendo el principal acusado de ejercer la
protección indebida hacia quienes están señalados con el dedo por la propia
población gobernada.
Para el caso que nos ocupa, la transparencia y la rendición de cuentas en los
ayuntamientos son fundamentales para prevenir actos de corrupción, para incluir a
la sociedad en los proyectos municipales, para tener un mejor desarrollo público
en cuanto a obras y servicios, y en este sentido, en la nueva administración estatal
se ha puesto un mayor énfasis en que los presidentes y presidentas municipales,
cumplan con sus funciones apegados a la ley.
La llegada de José Antonio Aguilar Meza es a todas luces, muy diferente al triste
papel que hizo su antecesor José Uriel Estrada Martínez, el diputado “indígena”
que buscó por todas las formas blindarse para no caer en las garras de la justicia
ante el cúmulo de denuncias en las que ha sido inmiscuido cuando como auditor
del estado, cubrió a decenas de alcaldes de las “observaciones” millonarias que
no cuadraban en sus cuentas públicas.
Se dirá que ya “chole” con esta narrativa, pero lo que fundamenta esta posición es
la serie de querellas que hay en su contra y la pasividad con la que actúa la
Fiscalía y el Congreso para aterrizar la investigación de las querellas que profirió,
por ejemplo, el ex alcalde de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, quien denunció
que Uriel Estrada y el entonces titular del Consejo de Seguridad pública, Sergio
Aguilar, lo extorsionaban.
Ante este negro panorama que se heredó, Aguilar Meza tiene en mente trabajar
con los ayuntamientos para dejar de lado la ambición de adjudicarse dineros que
no son de los alcaldes. La rendición de cuentas ubica a Chiapas en el penúltimo
lugar nacional, es decir, que de las 32 entidades que existen en la geografía
mexicana somos la número 31 en corrupción.
Una tarea que parece imposible de cumplir, pero cuando hay voluntad, todo se
puede. La meta fijada de Cero Corrupción debe ser el aliciente para llegar del otro
lado de la meta, sin olvidarse que quienes transaron en el pasado deben recibir el
castigo que se merecen y sobre todo, que regresen el dinero sustraído u obtenido
a base de chantajes y extorsiones.
