Miguel Ángel Godínez García
Estado Mayor Presidencial, el vacío que dejó
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y el acto de acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, comparten una línea invisible pero preocupante: los cuerpos de seguridad en México son vulnerables. En ambos episodios, distintos en naturaleza, pero semejantes en consecuencia, muestran hasta dónde puede llegar un grupo criminal o cualquier individuo si se lo propone.
Carlos Manzo, fue asesinado en público, a plena vista y frente a su familia, durante una festividad del Día de Muertos. Tenía más de 20 elementos asignados a su seguridad. Ocho de la policía estatal y municipal y 14 de la GN. En ese entorno tan custodiado, un joven de 17 años logró acercarse para dispararle.
La muerte del alcalde no fue un ataque improvisado; fue una ejecución planeada. ¿Qué falló? ¿Hubo descuido, omisión o complicidad? Quizá las tres cosas, y eso tiene al gobernador Alfredo Ramírez en el ojo del huracán. Manzo ya había recibido múltiples amenazas de muerte, por su enfrentamiento directo con los grupos delictivos que dominan Uruapan, una de las zonas más violentas y disputadas por el CJNG, los Viagras y Blancos de Troya. Por esto mismo, la custodia debió ser extrema.
Lo que se observa en los videos es que no fue un “error operativo”, sino una falla estructural: la infiltración del crimen en los cuerpos de seguridad. Algunos de los custodios relajaron la seguridad del alcalde. El error de la GN fue enviar a elementos sin capacitación, incluso, sin dar la estatura física. ¿Por qué los asignaron? El Gral. Hernán Cortés, comandante de la corporación ya pidió investigar, aunque el problema estuvo en cumplir el capricho de AMLO, que buscaba presumir 80 mil elementos, dando de alta a todo aquel que se quisiera enrolar.
Hoy, la viuda de Carlos Manzo, Gracia Quiroz, asumirá el cargo de presidenta, pero con instituciones infiltradas por los cárteles, los cuerpos de seguridad operan bajo sospecha. Es urgente para el Estado diseñar un verdadero cuerpo de seguridad que le brinde la protección que su esposo no tuvo. Pero en los hechos, no en el discurso. Ya veremos hasta dónde llega el Plan Michoacán y el cuerpo especializado de protección que anunció Omar García Harfuch.
En el caso de la presidenta Sheinbaum, también pudo haber terminado en un lamentable atentado. El hombre que la acosó logró llegar hasta ella, abrazarla y tocarla sin que los elementos de la Ayudantía Presidencial, su círculo más cercano de seguridad, lo impidieran. El incidente fue, en sí mismo, un fracaso operativo y político. Su Ayudantía debería renunciar pues ha demostrado todas sus limitantes, no solo ahora, sino en otras giras de la presidenta. En este incidente, el jefe de ese grupo de ayudantes, Juan José Ramírez, ni siquiera actuó veloz, su reacción fue torpe y tibia. No sometió al agresor, solo lo separó sin esposarlo.
Otro error significativo fue de Pablo Vázquez, titular de la SSC, quien debió actuar de inmediato después de informarle Sheinbaum iba a salir caminando. Él es el encargado de su seguridad en ese perímetro y no solo confiar de que nada le pasará porque el pueblo la protege.
Es muy importante que la mandataria acepte un cuerpo de seguridad profesional, por su investidura presidencial y por el bien del país. Varias veces le ha insistido y le sigue insistiendo el Gral. Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, que lo deje manejar su seguridad, pero ella se niega.
La reinstalación de un cuerpo especializado como el desaparecido Estado Mayor Presidencial, integrado por militares altamente entrenados en protección ejecutiva, logística y evaluación de riesgos extremos es una posible solución, además de que se cuenta con esos elementos.
Su desaparición, en el sexenio de AMLO, fue bajo el argumento de austeridad y “proximidad con el pueblo”, pero dejó un vacío operativo que hoy se vuelve inocultable. Reinstalarlo no sería un retroceso democrático, sino un acto de responsabilidad.
De Imaginaria. Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, es investigado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y vínculos con el tráfico de huachicol. La indagatoria también lo relaciona con un sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Las autoridades estadounidenses ya le retiraron la visa.
