3,980 CARACTERES
El tema de Altamirano no es menor. Hoy, en el horizonte político de este municipio chiapaneco, comienza a dibujarse un escenario que preocupa: el intento de resurgimiento de la camarilla encabezada por Gabriel Montoya Oseguera, un personaje que marcó con violencia, imposiciones y miedo una etapa oscura en la historia reciente de la región.
Quienes conocen la trayectoria de Montoya saben bien que su imagen de “líder social” fue apenas un disfraz para encubrir un estilo autoritario y violento de ejercer el poder. Antes del triunfo de Eduardo Ramírez Aguilar a la gubernatura, Altamirano era prácticamente una tierra sin ley. En ese contexto, Montoya encabezó la expulsión a patadas del entonces alcalde Roberto Pinto Kánter, quien no solo tuvo que huir del municipio, sino que ni siquiera pudo garantizar que su esposa —ganadora legítima de la elección municipal— tomara posesión.
En 2021, Gabriela Roque Tipacamú también salió huyendo, dejando tras de sí un municipio convulsionado. Para entonces, la historia ya estaba teñida de sangre: secuestros, levantones, expulsiones, asesinatos. Todo esto fue documentado en estas mismas páginas. Lo que ocurrió en Altamirano no fue un simple conflicto político; fue una toma forzada del poder municipal, un apoderamiento del cabildo por parte de un grupo que actuaba como si el municipio les perteneciera.
Durante un tiempo, Montoya desapareció del escenario, oculto tras las múltiples acusaciones en su contra. Sin embargo, hoy intenta nuevamente revivir su influencia y retomar el control de Altamirano. Y esto no es una conjetura: el movimiento que se observa en torno a su grupo es real, y las tensiones políticas comienzan a sentirse otra vez.
Bajo el disfraz del partido Chiapas Unido, sus incondicionales han buscado incrustarse nuevamente en la estructura municipal, no a través de las urnas, sino mediante regidurías plurinominales. Es el caso de Hilda Montoya y Alfredo Torres, quienes no han podido tomar protesta como regidores, lo que ha encendido los ánimos entre quienes los respaldan. Todo indica que tampoco podrán hacerlo en el corto plazo. Y aquí es donde deben encenderse las alertas: si no se manejan con inteligencia política estos nombramientos, el conflicto podría escalar y terminar afectando directamente al partido que les dio cobijo.
Ni el Congreso del Estado ni la Secretaría General de Gobierno y Mediación pueden mirar hacia otro lado. Es momento de actuar con responsabilidad y anticipación. Altamirano ya conoce de sobra lo que ocurre cuando se deja crecer un conflicto político sin atenderlo a tiempo.
No sería extraño que Montoya —apodado “El diablo” por algo será— vuelva a apostar por la ruta de la violencia. Los antecedentes están ahí: secuestros, enfrentamientos armados, expulsiones. Altamirano ha vivido episodios de verdadero terror y después de un proceso largo para recuperar la tranquilidad bajo el liderazgo de Eduardo Ramírez Aguilar, sería un error histórico permitir que esa paz se fracture.
A esto se suma la presencia latente del llamado Grupo 14 de Agosto, una estructura que, aunque aparentemente “dormida”, mantiene vínculos y ambiciones políticas. En los pasillos del palacio municipal y en los círculos políticos del viejo barrio se habla ya de reuniones y acuerdos rumbo al 2027, lo que confirma que hay movimientos en la sombra. Y cuando se trata de luchas por el poder en Altamirano, cualquier chispa puede convertirse en incendio.
Por ello, este editorial no busca sonar alarmista, sino realista: el Estado debe actuar antes de que el problema estalle. La historia reciente demuestra que cuando las instituciones se repliegan, grupos como el de Montoya ocupan el vacío con métodos ajenos al estado de derecho.
Altamirano merece consolidar su paz y su gobernabilidad. No se trata solo de evitar que un grupo regrese; se trata de impedir que la violencia vuelva a ser el camino para disputar el poder. Si hoy se minimizan las señales, mañana no habrá justificación para sorprenderse.
