Aunque no lo quiera creer, por fin, tras largas y tediosas reuniones parlamentarias, los legisladores y legisladoras de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se pusieron de acuerdo en un dictamen generalizado que endurece las penas y enfrentará de lleno el tema de las extorsiones.
Miles de familias en México siguen sufriendo esta calamidad por parte de los grupos armados que operan en el país y, aunque usted no lo crea, también de aquellas empresas que, de una u otra forma, exigen con amenazas el pago de remuneraciones que no contempla la ley, pero que se aplican sin distinción en situaciones como cobros contra quienes han adquirido préstamos o comprado a crédito ciertos artículos del hogar.
Pareciera que fuera un tema menor, pero no: hoy es de gran relevancia porque, al fin, quienes integran el Senado de la República dejaron atrás las diferencias para unirse en la aprobación, por unanimidad, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
El marco jurídico de esta nueva ley “homologa el tipo penal en todo el país, protege a las víctimas, sanciona también a servidores públicos que colaboren en la comisión de ese ilícito e impone reglas precisas para impedir que en los reclusorios se utilicen celulares y otros dispositivos electrónicos”.
Un acierto a la iniciativa que envió la presidenta de la República y que había estado engavetada desde el sexenio anterior, ante los rumores sobre la coalición del gobierno con grupos delincuenciales. Verdad o mentira, ya era necesario que se diera un golpe de autoridad; por lo menos, en este inicio, en la teoría, es decir, en la presentación y aprobación de la iniciativa.
Ahora falta que, en realidad, el gobierno federal y las 32 entidades que forman parte de la República hagan eco, con la ley en la mano, para combatir este flagelo que afecta el patrimonio de las familias, genera intranquilidad y envuelve en un mar de llanto e indignación a quienes lo padecen.
A la iniciativa se le hicieron 20 cambios a 15 artículos de la minuta que les remitió la Cámara de Diputados, además de la adición de un nuevo artículo transitorio. De lo que se trata, dijeron los senadores, es de consolidar un mejor instrumento al servicio del pueblo mexicano, para cerrarle todas las “rendijas a los extorsionadores y acotar la impunidad de este lacerante delito”.
Hoy las extorsiones y las exigencias de pago de derecho de piso son una calamidad. Las personas que han pagado con su vida son un ejemplo de ello. Michoacán, con sus empresarios limoneros, es un caso donde no hay ley que valga, donde la impunidad es lo que reina.
Los daños morales, físicos o psicológicos que padece la familia y que, en muchas ocasiones, la desintegran y la obligan a huir, constituyen una calamidad que no tiene, hasta el día de hoy, cura. La esperanza es que las penas más duras para quien comete extorsión sean un freno más eficaz.
La pregunta es si, en realidad, la medida afectará la operación de los grupos organizados que se dedican a delinquir.
Por lo pronto, es una buena medida que se blinden los centros de reclusión social, pues es desde las cárceles donde se operan las estafas maestras. El Estado está obligado a endurecer las penas y a extremar la vigilancia en los penales, con los directores, custodios y demás integrantes de la estructura de estas instalaciones.
Existe la obligación legal de bloquear comunicaciones ilícitas, prohibir el acceso a dispositivos electrónicos y asegurar que los penales sean espacios de control y de readaptación social, no de operación criminal.
Los centros de readaptación tendrán un plazo de seis meses, luego de promulgada la ley, para establecer los procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen.
Esto último está bien, pero ¿por qué no empezar desde ya? ¿Por qué tanto tiempo? Eso sería lo negativo de la medida aprobada.
La minuta cambió la penalidad para el tipo penal único que habían establecido los diputados, de hasta 15 años, y la elevó a 25, con agravantes que llegan hasta 42 años para quienes extorsionen desde los centros penitenciarios. Ojalá y el país empiece a enderezar las directrices de una mejor justicia para los mexicanos.
