La política populista de la Cuarta Transformación se convierte en un sin sentido
cuando en lugar de ayudar o apoyar al pueblo bueno y sabio, las mismas ministras
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que operan bajo los
lineamientos de Morena, se ofenden y reprueban que la institución federal haya
ordenado a la Comisión Federal de Electricidad pagar al municipio de Tecpatán, la
“irrisoria” cantidad de 3 mil 575 millones de pesos por concepto del pago de
predial que el ayuntamiento exigió por el uso del suelo y de la explotación de las
aguas nacionales a través de la presa que se instaló y empezó a operar en
Malpaso a principios de la década de los 70, en el siglo pasado.
La CFE argumentó que no correspondía el cobro a entidades públicas federales,
pero la SCJN determinó que sí debía realizar el pago. El tema cobraba mayor
relevancia no por la aprobación que hizo la Corte, sino porque la ministra
autollamada del pueblo, Lenia Batres, manifestó su inconformidad por esta
decisión legal.
Lo que en español significa o se interpreta, que la ministra en funciones y también
electa, está en contra de que una paraestatal que ha hecho fortuna a costa de
terrenos que le fueron expropiados a ejidatarios de esta zona de Chiapas,
indemnice a todo un pueblo que lo único que ha reclamado es que le den algo de
lo que tanto les ha proporcionado a los mexicanos que se ubican en el centro del
país, principalmente
Cuando se presentó la demanda, en el 2010, la presidenta municipal de Tecpatán
era Patricia del Carmen Conde Ruiz, hoy Secretaría de Gobierno, y quien
seguramente se pronunciará al respecto y no porque ahora esté enrolada en las
filas del Movimiento de Regeneración Nacional, vaya a decir que es una injusticia
que la CFE tenga que pagar el predial que por décadas ha estado negándose a
liquidar.
De acuerdo a las estimaciones presupuestarias, dicho monto representa 8 por
ciento de las participaciones federales otorgadas al estado durante el 2023, las
cuales ascendieron a 44 mil 449 millones de pesos.
Lo trascendente es que esta histórica decisión asienta jurisprudencia y, por tanto,
los municipios donde se asientan las decenas de presas que hay en el país,
incluidas las demás que se ubican en Chiapas, podrían alegar el mismo método
de cobró del predial.
Claro que esto ya no sería posible pues los nuevos integrantes del Poder Judicial
desecharían las facturas. Dicho esto, está claro que la aprobación que hizo la ya
casi extinta Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus ministros
neoliberales, es una forma de venganza al acaparamiento que tuvo de parte del
oficialismo.
La propuesta del ministro Luis María Aguilar se votó tras un acalorado debate, por
tres votos contra dos de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín
Esquivel. El amparo a la resolución anterior fue promovido por CFE Generación VI
en contra de la pretensión del ayuntamiento de Tecpatán de cobrarle impuesto
predial por las instalaciones de la hidroeléctrica de Malpaso, incluido el embalse.
La ministra Lenia Batres se mostró en desacuerdo con la resolución,
argumentando que se trata de un acto absurdo y de injusticia y a esta postura
contra el pueblo de Tecpatán, en redes sociales le recordaron a la también futura
integrante del nuevo Poder Judicial que entrará en funciones el uno de septiembre
próximo, que es un derecho que le corresponde a los gobiernos del PRI que en
ese entonces gobernaban la demarcación, y cuyo argumento se basó en el uso
del suelo y las afectaciones que la CFE hizo a la flora y la fauna, así como por los
pobres pagos de los terrenos que ocupaban los ejidatarios que habitaban la zona
inundada por la hidroeléctrica de Malpaso.
Resulta que en los archivos de la entonces llamada paraestatal se había
registrado el compromiso de que la CFE no cobraría el servicio de luz eléctrica a
los pueblos afectados, situación que no cumplió.
El tema de la resistencia de varios municipios y poblados de Chiapas a no pagar el
servicio a la Comisión, fue justamente a raíz del levantamiento armado zapatista
en 1994, que exigían que la CFE retribuyera algo de lo que Chiapas le daba con la
instalación y operación de las presas hidroeléctricas.
Al final la resolución ha sido tomada y dictaminada, pero también hay que tomar
en cuenta que la política emprendida por la Cuarta Transformación sería no acatar
el resolutivo y dejar las cosas como están y acá no ha pasado nada.
