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El reciente rediseño institucional del Poder Judicial marca un punto de inflexión en
la vida democrática del país. Tras años de cuestionamientos, crisis de legitimidad
y denuncias de corrupción, la ciudadanía observa con expectación —y también
con desconfianza— la manera en que esta transformación se llevará a cabo. No
se trata solo de un cambio de nombres o de estructuras, sino de la oportunidad
histórica de recuperar la confianza en la justicia, piedra angular del Estado de
derecho.
El reto principal del nuevo Poder Judicial es demostrar independencia real frente a
los otros poderes del Estado y frente a los intereses económicos y políticos que
durante demasiado tiempo han condicionado sus decisiones. Sin imparcialidad, la
justicia se convierte en un mero trámite administrativo o, peor aún, en un
instrumento de persecución selectiva. La credibilidad no se decreta: se construye
con fallos valientes, transparentes y coherentes.
La llegada de ministros a modo, cercanos a la línea de Morena, es el ejemplo más
claro de este dilema. Su reto no será menor: convencer a la ciudadanía de que su
función no responde a una imposición presidencial, sino al mandato constitucional
de impartir justicia con imparcialidad. La tarea parece cuesta arriba, pues la
narrativa de control ya está instalada y difícilmente se borrará con discursos.
A ello se suma la mancha de los “acordeones”, un lastre que acompañará a los
nuevos integrantes de la Suprema Corte durante todo su ejercicio. Ese episodio
dejó una herida profunda en la credibilidad de la institución, alimentando la
percepción de improvisación y falta de rigor en quienes ahora deberán dictar
sentencias de enorme trascendencia.
Durante décadas, los tribunales fueron percibidos como instituciones lejanas,
técnicas y frías, incapaces de comprender la dimensión humana de los conflictos.
El acceso a la justicia debe dejar de ser un privilegio para convertirse en un
derecho tangible, especialmente para los sectores más vulnerables. Ello implica
modernización tecnológica, reducción de la burocracia y un compromiso ético de
jueces y magistrados con el servicio público.
La sociedad no puede olvidar que el Poder Judicial no es un ente aislado: es un
reflejo de la cultura política del país. Si la corrupción o el clientelismo continúan
permeando sus cimientos, cualquier reforma quedará reducida a un cambio
cosmético. Por ello, resulta indispensable la vigilancia ciudadana, la presión de la
opinión pública y el escrutinio de los medios.
El nuevo Poder Judicial está ante una encrucijada: o se convierte en garante de la
democracia y defensor de los derechos fundamentales, o reafirma el desencanto
que tantos ya sienten hacia las instituciones. La justicia tiene en sus manos la
posibilidad de reinventarse. El tiempo dirá si la oportunidad fue aprovechada o
desperdiciada.
El nuevo Poder Judicial de la Federación arranca su ciclo bajo la sombra de la
desconfianza. La independencia, principio fundamental de toda justicia auténtica,
se encuentra en entredicho ante la evidente presión política del Ejecutivo y del
Legislativo. Lo que debía ser un contrapeso, corre el riesgo de convertirse en un
apéndice obediente del poder en turno.
El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar
Ortiz, enfrenta, quizá, una misión imposible: equilibrar la autonomía judicial con la
presión política, mientras reconstruye la confianza pública en el máximo tribunal
del país. La suya será una prueba de fuego permanente.
El tiempo pondrá a cada ministro en su justa dimensión. Lo cierto, por ahora, es
que se cumplió el capricho de Andrés Manuel López Obrador de remover y
controlar al Poder Judicial. Queda por verse si este rediseño responde a un
auténtico proyecto de justicia o si confirma los peores temores: la subordinación
del Poder Judicial a la voluntad presidencial.
Por lo pronto, a minutos de terminar el día lunes primero de septiembre, los
nuevos jueces, ministros, magistrados, juzgadores y demás funcionarios que
integran los 55 mil personas que aglutina el Poder Judicial, serán observadas con
lupa, a la espera de que no nos salgan con su domingo siete, que es lo más
seguro, de acuerdo a cómo se presentó todo el proceso de elección de los
servidores públicos “autónomos”.
