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La reciente prohibición de la venta de bebidas y alimentos con alto contenido
calórico en las dependencias de gobierno del estado de Chiapas por parte de la
LXIX Legislatura local, debe recibirse con aplausos por parte de la ciudadanía
porque de su aplicación tiene que obtenerse resultados que disminuyan los
efectos negativos y hasta mortales que se registran en las personas mayores de
18 años.
No hay que equivocarse cuando algunos dicen que es una medida excesiva o
restrictiva porque quien consume productos chatarra son responsabilidad
particular y porque ya no son unos niños. Sin embargo, más allá del debate que
ello pueda generar, es necesario entenderla como parte de una política urgente,
coherente y necesaria: la protección integral de la salud pública.
Chiapas no solo enfrenta un problema grave de obesidad y sobrepeso;
lamentablemente, es referente nacional en indicadores negativos relacionados con
la prevención y atención de estas enfermedades.
De acuerdo con datos oficiales, cuatro de cada diez personas en el estado
presentan algún grado de sobrepeso, y lo más alarmante es el consumo
desmedido de bebidas azucaradas, que se sitúa 32 veces por encima del
promedio mundial. Estos datos no son meramente estadísticos; representan una
emergencia de salud pública que compromete la calidad de vida, reduce la
esperanza de vida y presiona al sistema de salud estatal.
En este contexto, prohibir la venta de productos chatarra y bebidas azucaradas
dentro de las dependencias públicas no es una ocurrencia ni un gesto simbólico,
sino una acción concreta para garantizar entornos saludables, al menos dentro de
la esfera gubernamental. No se puede esperar que la ciudadanía adopte hábitos
saludables si los mismos espacios del gobierno promueven el consumo de
productos nocivos.
Además, hay que reconocer que en las oficinas hay de todo, menos productividad
laboral y eso todo mundo lo sabe. Cierto que esta medida por sí sola no resolverá
un problema tan complejo y estructural como el sobrepeso y la obesidad, pero
representa un punto de partida sólido y congruente con una visión de salud
preventiva, en lugar de reactiva.
Resulta lógico y necesario que el Estado no solo eduque y oriente sobre estilos de
vida saludables, sino que también limite la exposición a productos ultraprocesados
o como comúnmente conocemos: chatarra.
Además, el hecho de sancionar legalmente a quienes incumplan esta disposición
no es un acto de autoritarismo, sino una señal clara de que la salud no es
negociable, no tiene precio y no se discute, como bien señalaron las autoridades
estatales. Se trata de establecer una coherencia entre el discurso de salud pública
y la realidad cotidiana dentro del aparato gubernamental.
La instalación de máquinas expendedoras o expendios que promuevan bebidas
energéticas, azucaradas o alimentos con alto contenido calórico va en contra del
objetivo de crear entornos institucionales sanos y sostenibles. Por tanto, su
eliminación es tanto una medida ética como una política pública sensata.
Ahora bien, esta medida debe ir acompañada de acciones más amplias:
educación nutricional en escuelas, campañas permanentes de concientización,
acceso a alimentos saludables y programas de activación física, especialmente en
comunidades rurales donde el acceso a alimentos frescos es limitado. También se
requiere vigilancia y regulación más estricta de la publicidad de productos
ultraprocesados, especialmente la dirigida a niñas y niños.
En Chiapas, donde la desigualdad y la pobreza agravan aún más los factores de
riesgo en salud, el camino hacia un entorno más sano es cuesta arriba, pero
cualquier esfuerzo real por mejorar el bienestar de su población debe comenzar
por las instituciones públicas. Dar el ejemplo desde el gobierno es, en este caso,
un acto de responsabilidad, no de imposición.
Así pues, la medida no debe verse como una simple prohibición, sino como un
paso necesario dentro de una estrategia integral de salud. La salud no puede
seguir siendo un tema secundario. Hoy más que nunca, debe ocupar el centro de
la agenda pública.
Se entiende que se perjudica en el salario de quienes son los proveedores, porque
será un golpe tremendo para su economía, pero qué mejor que cambie sus
productos chatarra por saludables como frutas, verduras o aguas frescas. Quien
tenga hambre necesariamente tendrá que ir viendo la posibilidad de cambiar de
giro de productos, con el tiempo lo agradecerá.
