Amilcar García
En el Centro Estatal para la Reinserción Social y Sentenciados (CERSS) 07 de Huixtla, persisten las antiguas costumbres de aplicar la llamada “ley del garrote”, ya que reos de nuevo ingreso viven un calvario en el interior tras ser víctimas de extorsión, tortura psicológica y física, por ello piden la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Familiares de algunos internos de recién ingreso a este centro penitenciario, señalan que es insoportable la manera en que custodios, en contubernio con presos sentenciados a muchos años de cárcel por delitos del orden común, bajo el consentimiento del director, se han apoderado de los módulos y mantienen el control, desarrollando actos de extorsión y torturas a cambio de no ser hostigados.
Dentro de las denuncias, señalan que los autonombrados líderes de los módulos, exigen desde los diez hasta 25 mil pesos para los nuevos ingresos, lo que se ha convertido para las víctimas en un viacrucis, situación que han considerado injusta.
La problemática ha sido que quien no aporte la cantidad solicitada sufre maltrato, como ha ocurrido en el módulo 2, donde los han obligado a inhalar cloro y permanecer despiertos toda la noche.
Dijeron que ya mantienen identificados a los internos extorsionadores, pero todo parece indicar que son solapados por el propio director de este penal ubicado dentro de la zona urbana de Huixtla.
Las familias piden a Derechos Humanos que exija una minuciosa investigación, además buscan proteger la integridad física de sus allegados convictos.
Por otra parte, piden la intervención del titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, para que a través del grupo “Lobo” monten sorpresivos operativos en este Centro de Readaptación, y cambien a otros reclusorios esos personajes que liderean bajo intimidaciones.
