Los procesos en distinto grado del gobierno de Estados Unidos en contra de dos
personas largamente asociadas con Pemex, Carlos Treviño, director de la
empresa en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, y Mario
Ávila, subdirector en Pemex Exploración y Producción en el sexenio de Felipe
Calderón, son piezas de un engranaje profundo que echaron a andar en
Washington como parte de una amplia investigación en distintos campos sobre lo
que piensan que es un andamiaje criminal construido por años en este país, y
consolidado durante el mandado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El 11 de agosto, la Corte del Distrito Sur de Texas desclasificó una
acusación contra Ávila, involucrado en el sector privado, y otro empresario,
Alejandro Rovirosa Martínez, de haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex
Exploración y Producción, para obtener contratos con la paraestatal. Días
después, la Oficina de Migración y Aduanas detuvo en el mismo estado a Treviño,
por encontrar irregularidades en su estatus migratorio.
Treviño está detenido y en breve tendrá su día en la corte para definir su situación
y determinar si es extraditado o no. Ávila regresó a México antes de que fuera
acusado, mientras que no se sabe nada de Rovirosa Martínez, que de acuerdo
con información de la Secretaría de la Defensa, estaba vinculado a Los Zetas, y
por quien Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva
Generación, ofreció 10 millones de dólares por información sobre su paradero.
Treviño y Ávila, a quien el Departamento de Estado le canceló la visa junto con su
familia, aseguran que son inocentes de las acusaciones que les imputan.
Ambos casos tienen una enorme relevancia para México, pero no por las razones
por las que han sido señalados -que son de interés prioritario de Treviño y Ávila-,
sino por lo que asoma detrás de las imputaciones, que revelan lo que están
hurgando las autoridades estadounidenses.
Ávila recordó la semana pasada en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en
Radio Fórmula, que cuatro años antes de la acusación, al llegar a Estados Unidos,
lo llevaron a un pequeña oficina en el aeropuerto de Houston donde agentes de la
Secretaría de Seguridad Nacional y del FBI le preguntaron si sabía o estaba
enterado de que el gobierno de López Obrador y Pemex estaban metidos en actos
de corrupción en la adjudicación de contratos o en el pago de deudas.
Ávila dijo que le dieron nombres de algunas empresas, varias que son públicas en
Estados Unidos, pero que negó saber si estaban o no metidas en la corrupción.
Por petición de los agentes y de manera voluntaria, les entregó su teléfono móvil y
el IPad, y cuando pensó que dos días después, citado en las oficinas de
Seguridad Nacional en Houston, se los entregarían, le repitieron las mismas
preguntas y les respondió lo mismo. Tiempo después regresó a México.
No volvió a saber nada de ellos hasta el año pasado, dijo, cuando sus abogados
en Texas fueron citados en las mismas oficinas, donde les pidieron que le
transmitieran las preguntas a su cliente para conocer de actos de corrupción de
directivos de Pemex de alto nivel, así como de empresas “grandes” que trabajaban
para la empresa. Ávila, según contó, volvió a repetir lo que les había dicho.
“Querían negociar”, dijo en la entrevista radial. “El tema de la visa pudiera ser un
dulce para que yo incriminara a personas que ni siquiera conozco o no ve visto
desde que salí de Pemex”.
En el caso de Treviño, cuando agentes de Migración y Aduanas lo interceptaron al
dirigirse al banco en Frisco, un suburbio de Dallas donde trabajaba, le preguntaron
que necesitaban que les hablara sobre la corrupción en Pemex y los nexos de sus
funcionarios y empleados con el crimen organizado. Los agentes, según
trascendió en Texas, comenzaron preguntándole sobre su “relación” con el Cártel
de Sinaloa. Treviño, por lo que se sabe, les respondió que ninguna.
Le insistieron en que les proporcionara toda la información que tuviera sobre el
narcotráfico en México, y cuando les dijo que no tenía nada sobre ese tema, le
dijeron que era imposible que se pudiera trabajar en el gobierno mexicano -como
él en Pemex, durante casi dos décadas-, y no tener relación con los cárteles de las
drogas.
En los dos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa y
tuvo salidas fallidas en la mañanera por mantener en automático la narrativa sobre
la corrupción del pasado. En los primeros días de la acusación contra Ávila, fue
insistente en que había trabajado en el gobierno de Calderón y que había sido
candidato del PAN al gobierno de Campeche, aunque no existe ninguna acusación
contra él en México. En el de Treviño dijo que lo habían detenido como resultado
de una solicitud de extradición y que sería regresado a México para ser juzgado
por presuntos actos de corrupción en el Caso Odebrecht.
Misteriosamente, los temas dejaron de estar en su agenda, porque empezó a fluir
información a la Presidencia sobre la debilidad de las acusaciones en México en el
caso de Treviño, y de las relaciones que habían forjado Ávila y Rovirosa Martínez
durante el sexenio de López Obrador. Uno de los nombres que brincaron fue el de
José Ramón López Beltrán, primogénito del expresidente, y el otro fue el del
exdirector de Pemex, actual titular de Infonavit, Octavio Romero Oropeza. No hay
información de negocios de López Beltrán con Ávila y Rovirosa Martínez, pero en
cuanto a Romero Oropeza, las autoridades están indagando la corrupción durante
su gestión en Pemex.
Existen otros vínculos de personajes del régimen y la familia presidencial que
están presuntamente involucradas en negocios ilegales con Pemex -en particular
el robo de combustible en los estados del Golfo-, y con el crimen organizado, por
la información que ha trascendido en Texas en estas y otras investigaciones
realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI. Una de ellas,
quizás la prioritaria para Estados Unidos en este momento, es el robo de
combustible en el sureste, que involucra a La Barredora y salpica al senador Adán
Augusto López.
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