La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pasó de ser un ente técnico de bajo perfil a convertirse en una de las piezas más estratégicas del gobierno de Claudia Sheinbaum para evitar los aranceles de Estados Unidos y la ruptura del TMEC, con la que ha coqueteado más de una vez Donald Trump.
En su último reporte, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) acusó a México de mantener barreras no arancelarias que afectan directamente a sus exportaciones de medicamentos, dispositivos médicos y hasta pesticidas. El ejemplo más citado fue el de los retrasos de 18 a 24 meses para aprobar productos que ya cuentan con autorización de la FDA. Traducido al lenguaje de la Casa Blanca y de los cabilderos de las llamadas Big Pharma, esto quiere decir que cada mes de demora equivale a millones de dólares perdidos en ventas y menor competitividad frente a Europa o Asia.
Hace un par de semanas, Trump advirtió que, si México quiere evitar aranceles del 30% a una larga lista de productos, debe limpiar y agilizar sus procesos regulatorios. Casi fue un llamado directo para la Cofepris.
Por las manos de este organismo pasa buena parte de la economía mexicana. Se estima que regula actividades e industrias que representan alrededor del 12% del PIB nacional, desde farmacéuticas y dispositivos médicos, hasta alimentos, bebidas y cosméticos.
¿De cuánto negocio estamos hablando? En 2024 México exportó a Estados Unidos poco más de mil millones de dólares en medicamentos (88% más que en 2019) y cerca de 13.5 mil millones en dispositivos médicos.
En julio pasado, el gobierno mexicano implementó la llamada “vía abreviada”, un mecanismo de reconocimiento mutuo con agencias internacionales y la OMS que permitirá autorizar en tiempo récord medicamentos innovadores, genéricos, biotecnológicos, vacunas y dispositivos médicos.
Y si bien originalmente este mecanismo estaba pensado para importaciones, el beneficio ahora es recíproco, porque agiliza el abasto nacional y blinda cadenas de suministro que ya sufrieron rupturas durante la pandemia. En la lista de empresas potencialmente beneficiadas suenan nombres como Pfizer, Johnson & Johnson, Abbott, Medtronic y 3M Healthcare.
Para entender el nivel del reto hay que revisar la anatomía de la Cofepris en la época reciente. En el sexenio de López Obrador tuvo dos titulares: José Alonso Novelo (2018-2021), quien mantuvo un perfil discreto, y Alejandro Svarch (2021-2024). Este último llegó con a hacerle “cirugía mayor”. Durante su gestión desmanteló una red interna que cobraba favores regulatorios y removió a 32 funcionarios, firmó convenios anticorrupción con la Marina y liberó más de 110 millones de dosis de vacunas contra COVID-19. También digitalizó procesos y metió a México al ICH, el club de estándares internacionales más influyente en regulación farmacéutica.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum, el relevo fue para Armida Zúñiga Estrada, que ha mantenido la línea técnica sin protagonismo mediático. A su lado, en la Comisión de Control Analítico, está Imelda Rocío Guzmán Cervantes, quien se dice logró que el laboratorio de la Cofepris obtuviera la precalificación de la OMS para análisis de medicamentos, un sello de confianza internacional.
Los datos más recientes arrojan que en 2024 la Cofepris autorizó 286 medicamentos y 3 mil 52 dispositivos médicos, mientras que de enero a mayo de 2025 fueron 28 medicamentos y 249 dispositivos. Con la “vía abreviada”, ese volumen podría duplicarse.
Lo deseable es que la Cofepris pase de ser un cuello de botella que molestaba a Estados Unidos y a laboratorios, empresas de alimentos, bebidas y cosméticos en México, a un activo estratégico que puede salvar al país de una nueva dosis de aranceles por parte de Estados Unidos.
Tal parece que la presión externa servirá para consolidar un regulador más ágil, transparente y técnico, aunque también existe el riesgo de que se convierta en una dependencia regulatoria de agencias extranjeras y que esto favorezca a las multinacionales sobre los laboratorios mexicanos.
Posdata 1
Por cierto, que la salida de Larry Rubin de la presidencia ejecutiva de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), el 19 de julio, sí tuvo que ver con el mensaje que dio en la cena de gala que organizó como presidente de The American Society of Mexico para dar la bienvenida al nuevo embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson.
El evento terminó convertido en un momento incómodo para varios asistentes del sector salud y representantes de la 4T, particularmente el diputado “marcelista”, Emmanuel Reyes, quien habría enterado del discurso al secretario de Economía y este a su vez giró una carta a la Asociación a modo de queja.
¿Qué dijo Rubin durante el evento? El representante del partido republicano pronunció un discurso que fue leído como abiertamente favorable a Donald Trump, entre otras cosas por la defensa de los aranceles de 30% a exportaciones mexicanas, críticas a la política económica nacional y referencias nostálgicas a la “relación bilateral sólida” de la era republicana.
En la industria farmacéutica, donde la interlocución con el gobierno mexicano es clave para la regulación, el acceso a licitaciones y la aprobación de medicamentos, ese guiño a la agenda trumpista fue visto como un error estratégico. Y más en un momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa un giro en la política de compras públicas, pues a partir de 2025 todos los laboratorios que vendan medicamentos al sector público deberán fabricar en territorio nacional al menos una parte sustancial de su producción. La medida busca asegurar el abasto, fomentar la inversión en plantas y empleo, y reducir la dependencia de importaciones.
Este nuevo requisito está siendo revisado con lupa por los grandes laboratorios internacionales que integran la AMIIF —Pfizer, Novartis, Roche, Sanofi, AstraZeneca, Bayer y Merck, entre otros—, muchos de los cuales operan en México principalmente como importadores o con maquila parcial de medicamentos. En ese contexto, cualquier confrontación con el gobierno, directa o indirecta, puede tener un costo alto en permisos, licitaciones o acceso a nuevos registros sanitarios.
La AMIIF enfrenta ahora un escenario donde la política sanitaria, la apertura a nuevos medicamentos y la relación con Cofepris estarán condicionadas por la capacidad de producir localmente.
La megacompra del Gobierno para 2025–2026 ronda 130 mil millones de pesos y quien invierta y fabrique en México ganará puntos en las licitaciones. Y aunque no sería una obligación legal de tener planta, sí se convertirá en un criterio preferente que la Secretaría de Salud deberá reglamentar y que operará desde los procedimientos 2026 para entregas 2027.
Posdata 2
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, va de escándalo en escándalo. Apenas asumió el cargo fue señalada porque su primo Jorge Luis Taddei era delegado de Bienestar en Sonora; su sobrino Pablo Daniel, director de LitioMX; y su sobrina Ivana Celeste, diputada local de Morena. Un entramado familiar que ya olía a cercanía con el poder en su máxima expresión.
La tormenta estalló cuando se reveló, en noviembre de 2024, que obtuvo “súper facultades” para designar titulares de áreas clave sin consenso del Consejo, generando alarmas de imparcialidad. Seis consejeros respondieron con una controversia constitucional para frenar esa concentración de poder.
En enero de 2025 el usuario y analista de X, @Alephbio, reveló que la presidenta del INE nombró a dos amigas de sus hijos en cargos administrativos del instituto: Vianey Margarita Yanajara Zamorano, coordinadora de Logística y Administrativa (alta el 1 de enero de 2025, con un sueldo bruto de 129 mil pesos), amiga de Jorge Piñeda Taddei; y Jazmín Janeth Sainz Suárez, lideresa de Proyecto en la Presidencia del INE, amiga de León Piñeda Taddei, con un sueldo neto de 50.6 mil pesos.
Y ahora el periodista Jorge García Orozco denunció en X que Taddei se auto otorgó un bono equivalente a dos meses de sueldo —unos 524 mil pesos brutos— con recursos del INE.
Así, mientras el INE vive sus propias tensiones, se comienza a delinear una reforma electoral que podría remover a sus consejeros y consejeras para que sean votados popularmente, como sucedió con los altos integrantes del Poder Judicial.
Queda claro que la gestión de Taddei, más que de árbitro es de integrante de equipo, con familias en la cancha, facultades concentradas, nombramientos cuestionados y un bono discrecional que la exhibe como cualquier otro de los morenistas que pregonan austeridad para todos, menos para ellos.
Posdata 3
En los pasillos de la 4T empezó a sonar un nombre que trae recuerdos del panismo calderonista: Manuel Rodríguez Arregui. Exsubsecretario de Transportes en la SCT y exoficial mayor en Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón, Rodríguez Arregui dejó la función pública en 2010, pero no las rutas de peaje. Desde entonces, se recicló como empresario y operador de intereses privados en un sector con jugosos contratos: las carreteras y puentes concesionados que administra Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Fuentes con acceso directo a la operación aseguran que, en días recientes, el exfuncionario fue visto en una reunión estratégica en la que se discutieron asuntos clave de Capufe. El objetivo, dicen, era respaldar a un grupo de contratistas con los que mantiene vínculos y que desde hace más de 20 años han prestado servicios en la red de autopistas y puentes de cuota. No se trata de empresas sin historial. En los últimos años han acumulado señalamientos por fallas de servicio e, incluso, por intentos de boicot contra la actual administración, cada vez que las licitaciones no caen de su lado.
Su aparición no cayó nada bien entre los altos mandos de Capufe. De hecho, ya se ordenó investigar a fondo las compañías que habría defendido y se puso lupa sobre la figura del exoficial mayor calderonista.
Capufe maneja un portafolio que supera los 40 mil millones de pesos anuales en peajes, lo que lo convierte en un terreno fértil para las disputas políticas y empresariales.
