Hoy a las 10 de la mañana será la audiencia de Ovidio Guzmán López en la corte
del norte de Illinois, en Chicago, y difícilmente habrá, como muchos esperan,
grandes revelaciones, por lo menos no en esta comparecencia.
Lo que se espera es que la fiscalía presente los cargos, que la defensa de Ovidio
los acepte y se declare culpable de los mismos y, como ya lo está haciendo, se
convierta en un colaborador de la fiscalía. La llegada de 17 familiares a San Isidro
en mayo pasado encabezados por su madre Griselda, una mujer muy involucrada
en los negocios del cártel y que siempre fue de toda la confianza de el Chapo
Guzmán, es simplemente la confirmación de ese esquema de colaboración, en el
que también estaría participando su hermano Joaquín, y a fin de mes sabremos si
el Mayo Zambada seguirá también, como es probable, ese camino.
Pero sin duda con la colaboración de delincuentes como Ovidio, su hermano
Joaquín y muchos otros, las autoridades estadounidenses tendrán, tienen ya, un
enorme caudal de información sobre el crimen organizado en México. Esa
información no la conoceremos en un juicio porque para poder entrar en el
esquema de colaboración tiene que haber una declaratoria de culpabilidad, pero
será, es, sin duda, un verdadero arsenal en manos del gobierno estadounidense.
Pero no se trata sólo de información y testigos colaboradores, lo cierto es que las
agencias de seguridad tendrán más recursos que nunca. En el presupuesto que
se aprobó por el congreso estadounidense el viernes pasado los recursos para
seguridad fronteriza han aumentado radicalmente. El Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) tendrá un presupuesto de 165 mil millones de dólares para
operaciones de seguridad, control migratorio y combate al narcotráfico, incluyendo
el fentanilo.
Como parte del mismo se destinarán a la construcción del muro fronterizo 46 mil
500 millones para finalizar y mejorar el muro, Pero, sobre todo, serán para una
surte de muro cibernético, con tecnología de detección y vigilancia. Para lo que
llaman transporte para remociones y deportaciones habrá nada menos que 14 mil
400 millones destinados a la logística de expulsión de migrantes y criminales, y se
intentará utilizar esos recursos en expulsiones a terceros países como las
realizadas a Guantánamo, El Salvador y Sudán del Sur.
El presupuesto contempla fuertes reembolsos a los estados que tomen acciones
de seguridad fronteriza. Serán 12 mil millones para los estados que han
implementado programas de control fronterizo, como Texas o Florida. Se
incrementará la contratación de personal de la Patrulla Fronteriza y Aduanas y
para eso hay 4 mil cien millones para integrar tres mil nuevos agentes al CBP y
otros tres mil oficiales al servicio de aduanas.
Para actividades de tecnología y vigilancia habrá tres mil 200 millones para
nuevas tecnologías de monitoreo y 2 mil 700 millones para sistemas de vigilancia
de última generación. En la expansión de la flota de vehículos de CBP, la patrulla
fronteriza, se usarán 855 millones destinados a renovar y ampliar los vehículos
utilizados en la frontera. El fondo para el ICE y para la aplicación de la ley
migratoria tiene asignados más de 100 mil millones hasta 2029, permitiendo
duplicar la capacidad de detención y aumentar el personal de control migratorio.
La combinación de información y recursos para perseguir delitos será brutal. En
México no tenemos ni remotamente nada parecido. Con todo seguimos siendo un
país que invierte, como porcentaje del PIB, muy poco en defensa y seguridad,
aproximadamente la mitad de lo que invierten Colombia, Chile y Argentina como
porcentaje del PIB. E institucionalmente, con todo y las reformas aprobadas, aún
estamos en pañales.
A eso súmele usted que no tendremos por un buen tiempo un poder judicial que
funcione. Apenas esta semana hubo una primera reunión entre el futuro ministro
presidente de la Corte, Héctor Aguilar y la ministra saliente, Norma Piña, pero
exista o no voluntad para una transición ordenada, los rezagos son enormes, más
de mil 500 casos están en espera, ya no se trabajará con dos salas sino con una,
la mayoría de los ministros no tienen experiencia, los órganos administrativos
aprobados por la reforma aún no existen, y el sistema hacia abajo está en una
situación crítica: no sólo llegan a nuevos cargos más de 800 nuevos magistrados y
jueces, sino que otros 800, al ver cancelada la carrera judicial, han renunciado o
han pedido su retiro adelantado. Nadie sabe cómo se ocuparán esas plazas de los
trabajadores que son los que hacen funcionar, de verdad, el poder judicial. Y
además, no hay recursos, porque la reducción presupuestal ha sido brutal.
Pasarán muchos meses hasta que el poder judicial puede simplemente comenzar
a funcionar con cierta estabilidad. Aunque eso puede terminar ocupando años,
porque según la reforma la otra mitad del sistema judicial que no se renovó con las
elecciones de este año, tendrá que hacerlo en 2027 y lo hará, para colmo, en
forma simultánea con las elecciones legislativas y de 16 gobernadores. Un diseño
para el vacío judicial y la quiebra del sistema.
