Editorial
Los pactos de no agresión, los de civilidad, del respeto a lo que diga o resuelva el Tribunal Agrario son, en la práctica, un cero a la izquierda. En las comunidades indígenas no ha habido autoridad alguna que haya logrado garantizar la paz en los conflictos agrarios, en los problemas de tenencia de tierras y en los que tampoco se salvan los conflictos políticos, sin dejar de lado, otro de los más poderosos, que es el de las diferencias de religión.
La diversidad cultural que tienen entidades como Chiapas lo vuelven más complejo justamente por todos estos factores, donde, además, habría que agregarle que la palabra del indígena es ley y no hay, por lo regular, quien le pueda rebatir esa tradición que es norma para ellos.
Además de que los problemas se resuelven, en muchas ocasiones, a balazos, a pedradas, a machetazos o con el arma que esté al alcance. Es muy difícil, sin que esto suene a discriminación, que se convenza a determinada persona o a equis familia de que no tiene razón o de que entre en la civilidad, debido a que los motiva la tozudez.
No sólo en Chenalhó, Pantelhó o Chalchihuitán o el municipio étnico que usted diga se presentan escenarios de violencia irracionales, que bien pueden resolverse con diálogo, con la intervención de las autoridades.
El conflicto agrario o religioso son temas casi podríamos decir, cotidianos, recurrentes, donde los conflictos muchas veces son propiciados por los caciques del pueblo, por los líderes religiosos o los dirigentes de partidos políticos. El derramamiento de sangre es una cadena interminable, que viene de mucho tiempo atrás, mismo que retoman como venganza las nuevas generaciones.
La causal principal, aparte del saldo negativo en cuanto muertos o heridos de gravedad, también provoca desplazamientos, y más violencia. Es un cuento de nunca acabar.
En la administración anterior, hubo varios pactos de no agresión que se firmaron en la capital chiapaneca entre las partes en pugna en Chenalhó, en Pantelhó, en Aldama, por nombrar a ciertos municipios, y donde en menos que “canta un gallo”, la violencia volvió a echar por la borda las negociaciones previas que se habían hecho durante meses.
En los registros se ha hecho de manifiesto que la paz no es palabra que esté en el chip o el diccionario de la población de algunas zonas indígenas. Por ejemplo, en octubre de 2022 se reportaron nada menos que siete días de ataques constantes en Santa Martha, Chenalhó, sin que el gobierno lograra intervenir para detener la confrontación, una porque no podía ingresar y dos, porque ponía al mismo tiempo en peligro la seguridad de los agentes en un conflicto que no tenían por qué tomar partido.
También el desplazamiento de cientos de miles de personas ha recrudecido la realidad que se vive. La situación es crítica, con informes de personas asesinadas, viviendas quemadas y falta de acceso a servicios básicos.
Se sabe que, en muchas de las negociaciones, el gobierno ha dado dinero en efectivo a los grupos en pugna para tratar de resarcir en la medida de lo posible, los daños ocasionados. Sin embargo, esta práctica resulta engañosa porque muchas veces el recurso no ha llegado a su destino, debido a que también a este nivel se dan actos de corrupción. Claro, esto no podría confirmar la autoridad porque no puede echarse la culpa de que con dinero querrá siempre resolver las diferencias ancestrales.
Todo este escenario belicoso viene a consideración por el reciente hecho de violencia registrado el fin de semana en el municipio de Chenalhó, donde una disputa familiar por un pedazo de tierra, provocó el desenlace de dos personas muertas a machetazos y cuatro heridos.
El hecho se presentó en la comunidad Miguel Utrilla los Chorros. La discusión comenzó por diferencias relacionadas con la propiedad de la tierra, lo que escaló rápidamente a una pelea violenta.
Pese al lamentable saldo negativo, es importante hacer referencia que este tipo de grescas entre la familia no tienen el alcance para un gobierno que por más que intente apaciguar la violencia en la entidad. Es decir, hay una meta inalcanzable para ofrecer soluciones inmediatas y por tanto, lo que se dijo en un inicio, los problemas de rencillas y rencores prevalecerán y no habrá autoridad que pueda impedir que en el futuro haya más registros negativos, así se firmen pactos de civilidad.
En suma, estos hechos rebasan la buena intención de los gobiernos para generar escenarios de paz y sana convivencia familiar.
