Edgar Hernández Ramírez
La migración y el muro invisible
4,541 CARACTERES
Las caravanas de migrantes no nacen en la geografía urbana de Tapachula. Es cierto que allí adquieren cuerpo, nombre propio, cohesión social y cobertura mediática; sin embargo, su verdadero punto de partida se sitúa en latitudes mucho más distantes y desoladoras: en el salario miserable que ya no alcanza en Honduras, en la violencia estructural que expulsa a familias enteras de sus barrios y comunidades, en la lejana ilusión del empleo estadounidense y en la desinformación digital que transforma un resultado electoral en una supuesta puerta abierta hacia el norte.
La marcha denominada «Dios con nosotros» inició su travesía desde San Pedro Sula tras los comicios legislativos en Estados Unidos, bajo la falsa premisa de que un ajuste de fuerzas en el Congreso norteamericano flexibilizaría los controles fronterizos de la administración de Donald Trump.
Al adentrarse en territorio chiapaneco y cruzar por Tapachula, Huixtla y Escuintla, el contingente –cuyas estimaciones varían entre ochocientas y dos mil personas– ha vuelto a encender los focos de tensión diplomática. Mientras la caravana avanza a paso lento, Trump ha desempolvado su habitual garrote comercial, amenazando con duplicar aranceles a las exportaciones mexicanas si el Estado no sella de inmediato la frontera sur. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado la militarización y ha defendido una política centrada en el diálogo, el ofrecimiento de retornos asistidos y el acompañamiento humanitario de la Guardia Nacional.
No obstante, frente al discurso oficial de la persuasión respetuosa, las organizaciones independientes ofrecen una lectura sustancialmente distinta. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Médicos Sin Fronteras han documentado que la disolución de los contingentes no responde a un repentino convencimiento, sino a una metódica estrategia de desgaste físico: la acumulación de kilómetros a pie, infecciones respiratorias, quemaduras, lesiones severas y la constante amenaza de violencia sexual terminan por fracturar la marcha.
El control migratorio contemporáneo ha aprendido la lección de la imagen pública: ya no requiere la exhibición brutal de la represión armada; le basta con administrar esperas burocráticas interminables, expedir permisos territorialmente restrictivos y permitir que el agotamiento del cuerpo humano haga el trabajo sucio.
Esta arquitectura de la vulnerabilidad ha sido analizada académicamente en la revista Deviant Behavior por Charles Larratt-Smith, Miguel Paradela López y Chris Guerra. Su investigación, basada en decenas de entrevistas a profundidad en Tapachula, demuestra cómo la desprotección del migrante no surge de forma aislada por la sola presencia del crimen organizado, sino de la combinación tóxica entre incertidumbre institucional, inmovilidad forzada y políticas de contención. Al concentrar a miles de personas sin documentos, ingresos estables ni certidumbre legal, el propio Estado produce involuntariamente las condiciones idóneas para la extorsión, la trata y el abuso. El delito lo ejecuta el traficante o el funcionario corrupto, pero el escenario de indefensión ha sido diseñado previamente por la política pública.
En este contexto, la caravana se constituye como un mecanismo de autodefensa colectiva: caminar agrupados reduce los riesgos del trayecto solitario y atrae la mirada internacional. Sin embargo, el remedio entraña sus propios peligros; la lentitud del avance expone a mujeres, niños y enfermos al rezago inevitable. Tampoco la reciente oferta del gobierno de Chiapas para reactivar programas de empleo temporal resolverá el dilema si no se precisan con rigor salarios, duración, seguridad social y plazos claros; sin reglas transparentes, la ayuda corre el riesgo de degradarse en un simple instrumento para administrar la permanencia forzada y contener la presión social.
México se halla atrapado en una encrucijada geopolítica insostenible: ceder ante los chantajes arancelarios de la Casa Blanca equivale a aceptar que la dignidad y los derechos humanos de los migrantes tienen una tarifa de aduana; por otro lado, desentenderse del tránsito sin ofrecer garantías de protección es entregar a miles de personas a las redes del crimen organizado y al muro infranqueable del norte. La disolución episódica de un contingente en Escuintla o Arriaga no debe confundirse con la resolución de la crisis. Se puede detener la marcha de un grupo, pero resulta imposible deportar o someter por decreto a la desesperación originaria que lo puso en movimiento.
edgarhchiapas22@gmail.com




