Adiós a los “afters”; impulsan medida necesaria para combatir actividades ilícitas
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El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció el envío al Congreso del Estado de una iniciativa para crear la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados de Chiapas. Se trata de una propuesta que obliga a analizar sobre la responsabilidad de quienes utilizan o facilitan sus propiedades para actividades ilícitas y sobre la necesidad de fortalecer los instrumentos legales para combatirlas.
En primer lugar, hay que observar que esta iniciativa responde a una problemática que se ha identificado en distintos municipios, particularmente en establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas que incumplen los horarios autorizados y que, en algunos casos, pueden convertirse en espacios para la distribución de sustancias ilícitas. A esto se suma la operación de negocios que no cuentan con las condiciones necesarias de protección civil, uso de suelo y permisos correspondientes.
Podemos advertir que el planteamiento del Ejecutivo estatal no solamente busca actuar contra quienes cometen directamente algún delito, sino también establecer responsabilidades para los propietarios de inmuebles que rentan sus espacios sin verificar las actividades que realizan sus arrendatarios. Y es que no se puede ignorar que el arrendamiento de una propiedad también implica obligaciones, particularmente cuando se trata de establecimientos comerciales que deben cumplir con disposiciones legales y administrativas.
En este sentido, el gobernador exhortó a los propietarios de bares, cantinas y otros negocios dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas a revisar que sus inquilinos cuenten con las licencias y autorizaciones correspondientes. La advertencia es clara, cuando se compruebe que un inmueble es utilizado para actividades delictivas, el Estado buscará proceder legalmente, incluso mediante los mecanismos de extinción de dominio.
Por su parte, el diputado Mario Guillén ha señalado que estas son medidas necesarias para fortalecer el marco jurídico de Chiapas y avanzar en el combate a las actividades ilícitas. Recordó que hace dos años cuando el nivel de delincuencia era alto se implementaron medidas como la cancelación de peleas de gallos.
Hay que recordar que la extinción de dominio no es un mecanismo nuevo en nuestro país. Desde 2004 se impulsaron reformas en esta materia, inicialmente enfocadas en combatir los bienes relacionados con la delincuencia organizada, aunque posteriormente se amplió el catálogo de delitos para incorporar otros supuestos, entre ellos actos de corrupción.
Lo interesante de esta nueva propuesta es que pretende fortalecer las facultades de la Fiscalía General del Estado en los procedimientos relacionados con bienes asegurados, abandonados y decomisados. Esto puede representar una herramienta importante para evitar que las propiedades utilizadas para actividades delictivas continúen generando beneficios al margen de la ley.
Sin embargo, también es necesario señalar que la aplicación de estos mecanismos debe realizarse con estricto apego al debido proceso, garantizando la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los propietarios. No basta con establecer mayores facultades para las autoridades; también se requiere que existan investigaciones sólidas, pruebas suficientes y procedimientos transparentes que eviten cualquier abuso.
Por ello, será importante observar cómo se desarrolla la discusión legislativa y cuáles serán los alcances definitivos de esta iniciativa. La recuperación de inmuebles vinculados con actividades ilícitas puede contribuir a fortalecer la seguridad y la legalidad en Chiapas, pero el verdadero reto estará en garantizar que estas disposiciones se traduzcan en resultados concretos, sin vulnerar los derechos de quienes actúan conforme a la ley.
Combatir las actividades delictivas también implica cerrar los espacios que permiten su operación. En ese sentido, fortalecer los instrumentos legales y establecer responsabilidades para quienes facilitan estos negocios puede ser un paso necesario para avanzar hacia un estado con mayor orden, seguridad y certeza jurídica.




