Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, un paso hacia la justicia
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No podemos negar la existencia de un registro numeroso de personas desaparecidas en México. Oficialmente, en el país se contabilizan cerca de 130 mil personas que permanecen desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con datos recopilados por plataformas de monitoreo y medios informativos con corte a noviembre de 2026. Mientras que los reportes históricos de las fiscalías y comisiones integrados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) superan los 130 mil 500 registros totales acumulados.
En Chiapas, este registro enfrenta una tendencia creciente en el número de personas desaparecidas y no localizadas, superando los 2 mil casos casos registrados formalmente en 2026, de acuerdo con un análisis de la Red Lupa. Tapachula concentró la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas, para mayo de 2025 se posicionó como el municipio con más casos, pasando de 166 a 219 casos, superando a Tuxtla Gutiérrez. La institución analizó los registros y encontró que representan un incremento de más del 30 por ciento respecto a los mil 526 casos reportados en 2025.
Es por ello que iniciativas como las impulsadas desde el Congreso del Estado de Chiapas deben celebrarse, pues hacen frente a una realidad que duele y lastima a miles de familias que viven en la incertidumbre.
El pasado 3 de noviembre el Congreso chiapaneco aprobó la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, la cual es una es una herramienta jurídica valiosa diseñada para proteger los derechos, el patrimonio y la estabilidad familiar de una persona desaparecida mientras continúa su búsqueda.
El diputado Juan Salvador Camacho Velasco, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que la iniciativa brinda seguridad y certeza jurídica a las familias que enfrentan la ausencia de un ser querido, protegiendo los derechos de la persona desaparecida y de sus familiares.
“Es una herramienta jurídica fundamental para proteger los derechos, los bienes y la personalidad jurídica de quienes se encuentran desaparecidos. Detrás de cada persona desaparecida hay una familia que busca respuestas, que enfrenta la incertidumbre y que necesita el respaldo de las instituciones. Por eso, desde el Congreso del Estado de Chiapas, tenemos la responsabilidad de impulsar leyes que protejan sus derechos, acompañen a sus familias y les permitan enfrentar esta difícil situación con mayor certeza jurídica”, apuntó.
El objetivo es establecer y regular el procedimiento en Chiapas para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia; así como señalar los efectos para la persona desaparecida, las y los familiares como personas legitimadas por la ley, una vez que ésta es emitida por la autoridad jurisdiccional competente.
En ella también se establece la obligación que tiene la autoridad estatal y municipal en cuanto a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de víctimas indirectas, específicamente de hijas e hijos menores de 18 años de víctimas directas; es decir, estos dos órdenes de gobierno tienen la obligación de salvaguarda la tutela para la satisfacción de necesidades de alimentación, salud, educación y atención psicológica, por medio de acceso prioritario a los programas sociales.
En la aprobación de esta ley estuvieron el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y colectivos de madres de víctimas.
Este es un paso importante para garantizar la protección de las familias que enfrentan angustia e incertidumbre ante la desaparición de un ser querido. Además, representa un avance en materia de políticas públicas que, más allá de reconocer un problema latente, preocupante y creciente, contribuyen a fortalecer y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, la aprobación de una ley no debe convertirse en un punto de llegada ni en un logro que se agote en el discurso legislativo. El verdadero desafío comienza con su aplicación, que las familias conozcan esta herramienta, que puedan acceder a ella sin enfrentar trámites burocráticos interminables y que las autoridades cuenten con la capacidad y voluntad institucional para cumplir con sus obligaciones.
Porque detrás de cada cifra hay una historia, una familia que no deja de buscar y una ausencia que transforma por completo la vida de quienes esperan respuestas. La justicia también consiste en evitar que, además de sufrir la desaparición de un ser querido, las familias tengan que luchar solas contra la indiferencia y el abandono institucional.
