El pasado no exime de responder por la corrupción del presente
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Ahora se utiliza la máxima tribuna del Palacio Nacional para hacer eco de un recurso discursivo que busca evadir responsabilidades. Es inadmisible que, ante la incapacidad de responder por los encargos del tiempo presente, se recurra al pasado como mecanismo de exculpación. El que un problema tenga antecedentes históricos, no significa que quienes hoy asumen responsabilidades de alto nivel no tengan que rendir cuentas.
Eso es lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum en el escándalo por corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) para manipular la opinión pública y las masas. Está utilizando, desde la retórica con la transferencia retrospectiva de la culpa, la máxima tribuna de México para deslindar al partido Morena y a la Federación de la clara y evidente corrupción llevada a cabo en el instituto encargado de vigilar el proceso electoral de este 2027.
Este recurso discursivo se convierte en una instrucción cuando se trata de la Presidencia de México. La Auditoría Superior de la Federación comunicó sus líneas de trabajo, entre las que destacan una investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los órganos públicos locales electorales (OPLEs), así como del INE y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), un estudio histórico de las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLEs, de 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos. Así como una auditoría integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLEs.
Incluso Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, preparó y expuso ayer en la conferencia matutina una presentación sobre 27 años de contrataciones electorales vinculadas a los hermanos Hernández Casillas. En ella incluyó una línea de tiempo desde el trabajo de los hermanos en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación (Segob), pasando por la función de José Alfredo como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, a quien vincularon con el priísmo mexiquense, además de que mencionaron a Carlos Salinas de Gortari, donde recordaron que las elecciones federales estaban bajo el control de la Segob.
Que para 2014 con la reforma electoral se le dio facultad al consejo general del INE de designar consejeros electorales, señalando omisiones en la supervisión y lineamientos claros de contratación, donde 23 de 32 organismos públicos locales electorales asignaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a los hermanos Casillas como proveedores electorales.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que bloqueó las cuentas de 40 objetivos, 25 personas físicas y 15 morales, vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes. También informó que de los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.
Aunque algunos reportes periodísticos informaron que entre estas 25 personas se encontraba Guadalupe Taddei, y José Alfredo Hernández Casillas, así como “parte de sus socios”, lo cierto es que su titular, Omar Reyes Colmenares, negó dar a conocer la lista de nombres debido a la investigación en curso. Siguen sin hacerse responsables.
En verdad decimos que es insostenible que se quiera evadir responsabilidades por medio de la justificación retrospectiva, por el simple hecho de que el periodo de prescripción de faltas administrativas graves es de siete años, por lo que el destinatario de esta investigación sólo es el INE de Lorenzo Córdova. Es por ello que la maquinaria del poder ahora está sobre el ex consejero presidente del INE, en un intento de manipulación de las masas. Córdova tendrá cola que le pisen, pero el pasado no exime de responder por la corrupción del presente.
Un acto que al final de cuentas lastima la democracia y la cultura de la integridad.
Entonces el escándalo de corrupción desatado en el INE de Guadalupe Taddei se convierte en un espectáculo más grande donde se busca sacar rajas políticas señalando partidos en el escenario de unas próximas elecciones en las que se habrán de elegir 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, diputaciones locales y puestos municipales.
Es aquí donde la ciudadanía debe echar mano del pensamiento crítico para darse cuenta de las falacias que intentan insertar en la opinión pública para evadir responsabilidades desde el Gobierno de México, con la que la población mexicana pierde la confianza en las instituciones y los servidores públicos.
