Bernardo Figueroa cafetomano@hotmail.com
Chiapas recupera terreno en la Percepción de Seguridad
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La seguridad pública en Chiapas ha transitado por años de sombras y aprendizajes. La geografía fronteriza, la dispersión territorial y la complejidad social de la entidad exigieron siempre algo más que discursos. Las familias chiapanecas conocen bien el costo de la incertidumbre. Por eso los resultados recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondientes a septiembre de 2026 merecen una lectura serena y rigurosa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó sus datos el 23 de octubre y las cifras para Tuxtla Gutiérrez y Tapachula muestran una dirección favorable que conviene analizar.
En la capital del estado, el porcentaje de personas mayores de 18 años que consideran inseguro vivir en su ciudad bajó de 70.6 por ciento en junio a 63.5 por ciento en septiembre. Son 7.1 puntos porcentuales menos. Las tendencias comienzan con movimientos importantes y la persistencia en las próximas mediciones determinará si la recuperación se consolida.
Tapachula ofrece un panorama más contundente. La percepción de inseguridad pasó de 73.8 a 66.1 por ciento en el mismo periodo. La reducción de 7.7 puntos porcentuales sí se amplía la mirada al comparativo anual, el dato adquiere mayor peso porque en septiembre de 2025 el indicador se situaba en 79.1 por ciento. Trece puntos porcentuales menos en un año representan un cambio real en la manera en que los tapachultecos evalúan su entorno. La frontera sur carga con presiones migratorias y dinámicas delictivas que no existen en otras regiones del Estado. Por eso este resultado merece atención especial.
TUXTLA Y TAPACHULA MUESTRAN UNA SEÑAL FAVORABLE EN LA ENSU
Los indicadores de percepción no equivalen a una reducción automática de la incidencia delictiva. La ENSU mide cómo la ciudadanía siente y valora la seguridad en su ciudad. En Tapachula, la evidencia estadística apunta a una mejoría socialmente perceptible. En Tuxtla Gutiérrez se observa una recuperación trimestral que exige redoblar trabajos. La capital chiapaneca registró 63.5 por ciento y la ciudad fronteriza 66.1 por ciento. Esa disminución obliga a mantener el esfuerzo y a perfeccionar lo que se está haciendo.
Detrás de estas cifras existe una arquitectura institucional que merece describirse con precisión. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar colocó la seguridad entre las prioridades más altas de su administración desde el primer día. Su diagnóstico fue claro. Recuperar la tranquilidad requería presencia institucional en el territorio, capacidad operativa real en las corporaciones policiales y una coordinación efectiva con las autoridades federales y municipales. Esa convicción se tradujo en las Mesas de Paz. Estos espacios cotidianos de análisis y seguimiento representan una forma distinta de conducir la política de seguridad. Allí se revisa información, se identifican zonas prioritarias y se articulan acciones entre las instituciones responsables de prevenir, investigar y combatir los delitos.
La participación constante del gobernador Eduardo Ramírez en esquemas de seguridad transmite un mensaje de responsabilidad y mantiene el tema en el centro de las decisiones públicas. Apenas este sábado, el ejecutivo estatal se dio a la tarea de supervisar al personal de los operativos de fin de semana. Esa constancia también funciona como una exigencia para quienes tienen a su cargo las tareas operativas.
SEGURIDAD EN CHIAPAS CON AVANCES MEDIBLES.
El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, conduce las acciones preventivas y operativas de la corporación estatal. Su gestión enfrenta el desafío de fortalecer la presencia policial, mejorar la capacidad de reacción y recuperar la confianza ciudadana. La estrategia requiere cuerpos profesionales, equipados y sujetos a mecanismos rigurosos de supervisión. La Secretaría cumple una función esencial mediante despliegues territoriales, atención de situaciones de riesgo y colaboración con las fuerzas federales y las policías municipales. Cada operativo y cada patrullaje inciden en la percepción que la gente construye sobre sus autoridades.
La Fiscalía General del Estado que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca representa otra pieza indispensable. Las intervenciones policiales necesitan continuidad en investigaciones sólidas sustentadas en elementos probatorios y orientadas a combatir la impunidad. La eficacia de una estrategia de seguridad depende de que las conductas delictivas sean investigadas y sus responsables comparezcan ante la justicia. La coordinación entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía se traduce en investigaciones eficaces, detenciones legales y una actuación ministerial respetuosa de los derechos humanos. Sin esa cadena de responsabilidades, el esfuerzo policial se diluye.
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, participa con puntualidad en los espacios de coordinación por la paz. Su presencia incorpora la perspectiva de la impartición de justicia con respeto absoluto a la autonomía judicial y a las atribuciones constitucionales de cada autoridad. La seguridad pública encuentra uno de sus principales soportes en la certeza jurídica. La ciudadanía necesita instituciones que prevengan delitos, fiscalías que investiguen con profesionalismo y tribunales que resuelvan conforme a derecho. La coordinación institucional adquiere verdadero valor cuando cada autoridad cumple su responsabilidad y contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho.
Los resultados de la ENSU son compatibles con una evolución favorable del entorno de seguridad percibido por la ciudadanía. La disminución registrada en ambas ciudades durante el último trimestre ofrece un indicador positivo en el contexto de la estrategia que desarrolla el Gobierno del Estado junto con la Federación y los ayuntamientos. Las cifras del INEGI ofrecen motivos para reconocer una evolución positiva, particularmente en Tapachula, y al mismo tiempo recuerdan que existe un amplio margen de trabajo. Los resultados de septiembre representan una señal alentadora. Ese es el horizonte que Chiapas merece y hacia allá apuntan los datos más recientes.
Desde el café: Con la convicción de que la colaboración entre instituciones es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y brindar certeza jurídica, el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, y la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marina Martha López Santiago, encabezaron la firma del Convenio general de colaboración, coordinación y apoyo institucional para garantizar el cumplimiento del mecanismo 8 de 8 contra la violencia… A quien le caniquea el ojo, un día por Morena y otro día por el Partido Verde, es al rector de la Universidad Politécnica de Tapachula, Andrés Sánchez, quien se ha caracterizado por tener una vida de indefinición; este fin de semana fue al besamanos del Partido Verde en el Estado de México, en donde tomaron protesta los defensores ambientales y el oriundo de Tapachula aprovechó la oportunidad para ofertarse ante un Senador, como candidato a diputado federal. Tal parece que le estorba ser rector de la UPTap… En el marco de la conmemoración del Día de la Médica y el Médico, el Secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño, convivió con integrantes del gremio, a quienes expresó su profundo respeto, admiración y gratitud por su invaluable vocación de servicio, entrega y compromiso con la salud pública de las y los chiapanecos… El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el Gabinete de la Secretaría del Campo, donde se informó sobre los avances de los distintos proyectos que el gobierno de la Nueva ERA ha establecido con el propósito de impulsar el crecimiento del campo chiapaneco.
Para terminar: “El primer deber del Gobierno y la mayor obligación es la seguridad pública”. Lo dijo Arnold Schwarzenegger.
Son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
