Edgar Hernández Ramírez
El mapa secreto de la sucesión
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Toda estructura de gobernabilidad institucional produce, además de minutas de acuerdos y oficios de negociación, un activo mucho más valioso y codiciado para quien detenta el ejercicio del poder: información de primera mano. Quien posee la capacidad de rastrear con precisión milimétrica dónde brota un conflicto agrario latente, qué alcalde ha extraviado el control político de su cabildo, qué organización social moviliza a cientos de inconformes, qué liderazgo indígena conserva legitimidad comunitaria o cuál facción partidista comienza a fracturarse, sostiene en sus manos una radiografía privilegiada y secreta del territorio electoral.
Por esta razón fundamental, los relevos y movimientos recientes en el organigrama de la Secretaría General de Gobierno y Mediación no deben leerse de manera simplista como meros ajustes administrativos de rutina. En el escenario chiapaneco, donde la política de los municipios suele adelantar las grandes tempestades del tablero estatal, la estructura encargada de administrar la conflictividad social se convierte de manera inevitable en testigo –y con frecuencia en interlocutora principal– de los reacomodos tácticos que conducirán primero hacia las intermedias de 2027 y, de manera inexorable, hacia la gran sucesión gubernamental de 2030.
Conviene trazar una frontera analítica indispensable: no existe evidencia que permita asegurar que la Secretaría de Gobierno esté siendo utilizada como un aparato faccioso de operación electoral, y sería un despropósito confundir las atribuciones institucionales del Estado con la movilización partidista.
Sin embargo, la naturaleza misma de la dependencia la sitúa en un contacto permanente y directo con presidentes municipales, dirigentes campesinos, sindicatos, transportistas, comunidades indígenas y poderes fácticos locales; es decir, con buena parte de los actores reales que después inciden, de forma directa o indirecta, en el desenlace de cualquier contienda en las urnas. Gobernabilidad y competencia electoral ocupan territorios jurídicamente distintos, pero son políticamente colindantes.
El alcalde que hoy acude a solicitar mediación para destrabar una crisis de gobernabilidad en su municipio buscará mañana la reelección o un escaño legislativo; el dirigente que hoy encabeza una protesta caminera se transformará mañana en candidato; la organización que paraliza una región posee, por añadidura, un innegable potencial de movilización de votantes. Por ello adquiere una relevancia estratégica la arquitectura humana que el gobernador Eduardo Ramírez ha consolidado en los mandos operativos de la dependencia, donde conviven cuadros de distinta procedencia –expriistas, exverdes, experredistas y operadores locales– que garantizan interlocución con un territorio profundamente heterogéneo y que funcionan, al mismo tiempo, como una extraordinaria reserva de capital político.
El ascenso de Jorge Enrique Hernández Bielma y la salida de Dulce Rodríguez hacia la contienda interna de Morena reflejan con nitidez el cambio de época dentro del sexenio. A partir de este momento, cada crisis municipal adquiere una doble lectura: se atiende el conflicto de gobernabilidad, pero se descifra al mismo tiempo su rentabilidad y su impacto en la correlación de fuerzas de cara al 2027.
La política de partido comienza a filtrarse en la gestión gubernamental mucho antes de que aparezcan las boletas impresas, convirtiendo a la red de operadores y delegados territoriales en las verdaderas antenas del poder estatal. Gobernar con eficacia otorga estabilidad, pero quien descifra y domina ese mapa secreto del territorio antes que sus adversarios, no sólo administra mejor el presente, sino que llega inevitablemente primero a la gran cita de la sucesión.
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