Bernardo Figueroa
El PAN contra la paridad
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La impugnación presentada por el Partido Acción Nacional contra la reforma electoral impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha colocado al blanquiazul frente a una discusión que rebasa el terreno de los procedimientos jurídicos. En el fondo está en juego la posibilidad de que las mujeres chiapanecas ocupen, en condiciones reales de competencia, espacios de poder municipal que durante décadas estuvieron dominados por hombres. La iniciativa nació del sentir de las mujeres chiapanecas y tiene como propósito fundamental fortalecer su participación y empoderamiento político mediante los cargos de elección popular. La relevancia de esta medida adquiere mayor dimensión al considerar que Chiapas ocupaba el segundo lugar a nivel nacional con menos presidencias municipales gobernadas por mujeres, una realidad que la reforma busca transformar de manera estructural.
La reforma del gobernador Eduardo Ramírez busca corregir una práctica recurrente en la política, aquella en la que los partidos cumplen formalmente con la paridad, pero concentran las candidaturas masculinas en municipios con mayor competitividad y dejan a las mujeres opciones con menos posibilidades de triunfo. Esa diferencia entre aparecer en la boleta y tener una oportunidad efectiva de gobernar es decisiva. La paridad numérica abrió puertas, pero sus resultados han sido limitados cuando las dirigencias partidistas conservan el control de los territorios considerados estratégicos. Una regla que procura garantizar la postulación de mujeres en municipios con peso electoral representa, por ello, un avance relevante y progresista.
La respuesta del PAN a esta reforma constituye un episodio que revela las contradicciones profundas de un instituto político que atraviesa una crisis existencial. La acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el método establecido en la reforma electoral, argumentando que la integración de los bloques municipales y la insaculación fueron encomendadas a la Junta de Coordinación Política del Congreso local, y no al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, parece cortina de humo. La dirigente estatal del blanquiazul, Catalina Caravantes, sostuvo que el PAN no impugnó el derecho de las mujeres a participar, competir y gobernar, sino el método establecido para implementar la reforma. Sin embargo, esta distinción técnica resulta difícil de sostener cuando el efecto práctico de la impugnación es precisamente frenar un avance histórico en materia de derechos políticos de las mujeres.
UN PARTIDO SIN RUMBO CONTRA UN DERECHO IRRENUNCIABLE.
La impugnación panista generó un rechazo inmediato y contundente tanto al interior de su propia militancia como en amplios sectores de la sociedad chiapaneca. Militantes y fundadores del PAN presentaron su renuncia al partido debido a desacuerdos con las decisiones adoptadas por la dirigencia. Una de las renuncias más significativas fue la de Ana Elisa López Coello, quien mostró públicamente su indignación por la impugnación lanzada por su ahora ex partido, argumentando que violentaba la ley de paridad y constituía una traición a los principios que alguna vez definieron a Acción Nacional.
La sociedad chiapaneca también expresó su repudio a la postura del PAN mediante movilizaciones que evidenciaron el aislamiento político del partido. Alrededor de 300 integrantes de diferentes colectivas feministas y defensoras de la paridad de género marcharon en Tuxtla Gutiérrez y clausuraron simbólicamente las oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN, colocando una manta con la leyenda «Clausurado por machismo político». Empresarias, políticas, feministas y activistas calificaron la impugnación como incongruente, señalando que mientras el gobernador Eduardo Ramírez busca que las mujeres se posicionen aún más en puestos políticos, el PAN pretende obstaculizar ese avance. Las consignas coreadas durante la protesta, como «Suprema Corte, escucha, la chapaneca está en la lucha» y «Va a caer, va a caer, el patriarcado va a caer», reflejan el rechazo a los retrocesos en derechos políticos.
El PAN que impugna la reforma chiapaneca es un partido desfigurado, que ha perdido su identidad y su capacidad de representar las causas ciudadanas. A nivel nacional, el partido cumplió 87 años de existencia en medio de una crisis de credibilidad, organización y pérdida de votos provocada por sus divisiones internas, el sectarismo impuesto desde su dirigencia nacional y su alejamiento de las causas ciudadanas. Las denuncias de corrupción en que se vieron involucrados destacados panistas llevaron a la pérdida de liderazgos influyentes, al descuido de su estructura nacional y a una reducción significativa de su votación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado con precisión que el PAN tiene un problema estructural que va más allá de sus estrategias de mercadotecnia.
MUJERES AL PODER, PAN AL RETROCESO
En Chiapas, la situación del PAN es particularmente crítica. Las gestiones encabezadas por Carlos Palomeque Archila dejaron un saldo negativo difícil de ocultar, con pérdida de militancia, desarticulación interna y un desplome electoral que llevó al partido a un escenario impensable hace apenas una década. De los 40 escaños del Congreso local, el partido cuenta actualmente con una sola representante plurinominal, una señal clara del rechazo ciudadano y del desgaste interno. La base de militantes del PAN en la entidad se ha reducido a apenas tres mil personas, una cifra que resulta minúscula en comparación con los más de 444 mil militantes de Morena en el estado y que evidencia la pérdida de presencia territorial del blanquiazul.
El PAN, al impugnar esta reforma, se coloca en una posición de retroceso histórico que contradice incluso su propio discurso de defensa de las libertades y la igualdad. Su dirigencia parece no comprender que la paridad de género no es una concesión graciosa de los partidos, sino un derecho fundamental reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México. La resistencia a materializar ese derecho mediante mecanismos eficaces constituye una forma de violencia política de género que las colectivas feministas chiapanecas han sabido nombrar y denunciar con claridad.
Desde el café: El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, acompañó al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en la entrega de apoyos agropecuarios a productores de Totolapa. Durante la jornada se distribuyeron 250 bombas aspersoras, 250 paquetes de herramientas agrícolas, mil árboles frutales -de mango, tamarindo, cupapé, guayaba y guanábana- y 2 mil 140 dosis y paquetes veterinarios para prevenir y combatir el gusano barrenador… El Secretario de Finanzas, Manuel Pariente Gavito, y el Instituto Registral presentaron a los representantes de SEDATU, INSUS, CONAVI e INFONAVIT los avances de la modernización impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, destacando el inicio del Programa de Impulso a Desarrollos Inmobiliarios y el arranque del nuevo Instituto Registral Digital para brindar certeza jurídica, inmediatez y cero corrupción… Que un Secretario de Estado, fiel a colocar a todo su árbol genealógico en la nómina, ya mandó a uno de sus 11 hermanos como propuesta de gerente a un organismo auxiliar de la Secretaría del Campo. Los de Coladeral pueden seguir en la banca… El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, participó junto al secretario general de Gobierno y Mediación, Jorge Hernández Bielma, y la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González, en la capacitación integral a personas operadoras del transporte público.
Para terminar: “El 75% de los hogares del país tenían una lavadora, pero no de dos patas o de dos piernas, sino metálica”. Lo dijo Vicente Fox.
Son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
