Mario Caballero
MEMO MOCHES
Otro bombazo del Grupo Tabasco en Chiapas.
EL GRUPO TABASCO
Esta agrupación de tintes gansteriles ha sido peor que el herpes. Todo lo que toca lo enferma. Nació en Tabasco siendo liderada por el senador Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de esa entidad y recientemente secretario de Gobernación en el mandato de Andrés Manuel López Obrador.
Entre sus principales integrantes se encuentran Javier May, actual gobernador de Tabasco; Octavio Romero Oropeza, exdirector general de PEMEX; Rosalinda López Hernández (q.e.p.d.), exfuncionaria del SAT y hermana de Adán Augusto; Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; Audomaro Martínez, general y titular del Centro Nacional de Inteligencia, entre otros.
De ahí surgió La Barredora, grupo criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, presuntamente dirigido por Hernán Bermúdez Requena, quien sigue en proceso judicial por los delitos de secuestro agravado, extorsión y asociación delictuosa.
Ante su arresto, Adán Augusto se deslindó de Bermúdez Requena, pero hay registro de que él lo nombró durante su breve periodo como gobernador de Tabasco. Por lo cual, también se presume su participación en las actividades ilícitas de dicha banda criminal responsable de delitos como desaparición forzada de personas, secuestro, extorsión a comerciantes, narcotráfico, extracción y comercio ilegal de combustible, robo y homicidio.
Con la protección del Grupo Tabasco, La Barredora amasó miles de millones de pesos de los cuales todavía se desconoce su destino, pero sus tentáculos se extendieron a Veracruz y Chiapas. Entró a nuestro estado a través del exgobernador Rutilio Escandón Cadenas, que le brindó todas las facilidades para sus operaciones ilícitas y criminales.
EL SAQUEO EN CHIAPAS
En 2013, Rosalinda López Hernández contrajo matrimonio con Rutilio Escandón, y fue precisamente esta unión lo que fortaleció los vínculos familiares, políticos y económicos entre Chiapas y Tabasco.
Esa unión familiar se consolidó con un lazo político que recaía en la persona de José Manuel Cruz Castellanos, principal operador de Rosalinda López, quien se incorporó al gabinete de Escandón Cadenas como secretario de Salud, y no hizo más que beneficiar a los empresarios ligados al Grupo Tabasco, como Ernesto Carballo Zurita, cuyas empresas ligadas a su familia recibieron de Pepe Cruz al menos cien contratos por más de 470 millones de pesos. Por esa razón, Carballo Zurita tiene presencia tanto en Chiapas como en el estado tabasqueño.
La red utilizada por esta agrupación está integrada por alrededor de 20 empresas, que en los años pasados obtuvieron contratos que superan los 2 mil 360 millones de pesos de estados como Tabasco, Campeche, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Chiapas. Así como en dependencias federales como Conagua y Segalmex, en la que ocurrió el mayor caso de corrupción en el sexenio de López Obrador.
Es difícil saber cuánto dinero de Chiapas se embolsó, pero de acuerdo con investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, trece empresas clasificadas como factureras fueron creadas con patentes notariales de Adán Augusto López, Melchor López Hernández y Narciso Oropeza Andrade, en Tabasco, antes de expandirse operativamente a las secretarías del gobierno de Rutilio Escandón.
Esta red de empresas acaparaba contratos mediante licitaciones restringidas o invitaciones a tres personas que pertenecían al mismo grupo. Una vez que recibían los recursos del Gobierno de Chiapas o de fondos federales asignados al estado, el dinero era retirado por medio de transferencias a cuentas de empresas de menor tamaño para no dejar ningún rastro fiscal.
No es todo. Estos consorcios migraron al sector energético. Uno de ellos es Portacelis Gas and Oil, ligada a Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de “Andy”, que fue detectado por el SAT y la Fiscalía General de la República importando millones de litros de combustible bajo esquemas de defraudación y simulación de operaciones, conocido como huachicol fiscal, utilizando Chiapas y Tabasco como rutas logísticas de libre tránsito.
Esto por mencionar algo.
VIOLENCIA
Por otra parte, diversos informes de seguridad señalan que la complicidad de altos funcionarios del Grupo Tabasco con autoridades del Gobierno de Chiapas creó una red de protección institucional que facilitó la entrada y expansión de La Barredora y el CJNG en territorio chiapaneco, tomando el control de regiones estratégicas.
Esto detonó la ola de violencia, enfrentamientos armados y desplazamientos forzados sufridos en la entidad durante el sexenio anterior. Nada más en 2024, Chiapas cerró con 894 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un incremento del 56.56 por ciento en comparación con las personas asesinadas un año antes. Y los secuestros tuvieron un repunte alarmante de 80.95% ese mismo año, registrando 76 víctimas de este delito respecto a los 42 casos registrados en 2023.
A esto hay que sumarle la trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando de combustible, extorsión y cobro de piso en municipios como Reforma, Juárez y Pichucalco, dirigidas a someter comercios y productores ganaderos locales.
GUILLERMO DOMÍNGUEZ
A pesar del conocimiento público de los delitos, vínculos, redes de complicidad y la pérdida de poder de Adán Augusto López, el Grupo Tabasco continúa lucrando con los recursos y necesidades de los chiapanecos. Por eso decía al inicio que otro bombazo había estallado.
El Diario de Chiapas, mi casa periodística, dio a conocer este lunes que un integrante de esta mafia política ha venido extorsionando a constructores a cambio de concederles beneficios en el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar.
Se trata de Guillermo Domínguez Castellanos, apodado “Memo Moches”, a quien empresarios del sector han solicitado formalmente que se le investigue por presuntos actos de corrupción e irregularidades financieras.
Lo acusan de buscarlos para ofrecerles sus servicios de gestión o incorporarlos en los proyectos de obra pública del programa de vivienda a cambio de fuertes sumas de dinero.
Esto lo hace abusando de su posición como jefe de Enlace de la Secretaría del Humanismo, que trabaja en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda en una de las estrategias prioritarias del Gobierno de México, diseñada para facilitar el acceso a una vivienda nueva, adecuada y a bajo costo a personas en situación de vulnerabilidad o rezago social.
Inclusive, podría contar con la protección de su hermano Jesús Domínguez, diputado que preside la Comisión de Vivienda en el Congreso del Estado y quien fue uno de los principales operadores políticos de Adán Augusto López Hernández en el pasado proceso interno de Morena por la candidatura presidencial.
Los señalamientos contra Guillermo Domínguez no son un asunto menor. La Fiscalía debería investigarlo sin ninguna consideración política y no sólo porque está afectado el derecho constitucional a una vivienda digna, sino también por el contexto en que ocurre. Es decir, es un funcionario vinculado abiertamente al Grupo Tabasco, que le permitió a La Barredora extorsionar a empresarios chiapanecos para tan solo dejarlos trabajar.
yomariocaballero@gmail.com
