El PRI en Chiapas respaldó el llamado del presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, para que las autoridades competentes revisen la información pública relacionada con Jorge Amílcar Olán Aparicio y, si se reúnen los requisitos legales, determinen las acciones correspondientes conforme a los procedimientos aplicables.
El dirigente estatal, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, señaló que el tema cobró relevancia después de que el periodista Irving Pineda y el equipo de Azteca Noticias informaran que localizaron a Olán en Lugano, Suiza. Según el reporte de ese medio, el caso volvió a colocar bajo escrutinio público diversos contratos, negocios y presuntos vínculos empresariales mencionados en investigaciones periodísticas.
Zuarth sostuvo que corresponde a las autoridades competentes, y no a los partidos políticos, verificar la información disponible y determinar si existe alguna responsabilidad legal. Añadió que el nombre de Olán ha aparecido en reportes periodísticos sobre contratos relacionados con infraestructura ferroviaria, medicamentos y otros negocios con gobiernos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, recordó que la revista Etcétera difundió señalamientos periodísticos sobre posibles operaciones vinculadas con el llamado huachicol fiscal. Sin embargo, subrayó que la publicación de esos señalamientos no constituye por sí misma una determinación oficial de responsabilidad, por lo que cualquier conclusión deberá derivarse de una investigación formal y del debido proceso.
“Lo que corresponde es que haya una revisión seria, transparente y completa de la información disponible. Si las autoridades encuentran elementos, que actúen conforme a derecho. No debe haber investigaciones selectivas ni asuntos que se descarten sin una explicación pública y fundada”, afirmó el presidente del PRI en Chiapas.
El dirigente priista agregó que Azteca Noticias reportó la localización de Olán en Suiza como resultado de una investigación periodística y señaló que, de acuerdo con información difundida públicamente, la Fiscalía General de la República no había confirmado una investigación vigente en su contra.
Por ello, pidió transparentar los contratos y el uso de los recursos, así como aplicar los mecanismos legales correspondientes si se acreditan responsabilidades. “México tiene derecho a conocer qué ocurrió, quiénes participaron y quiénes pudieron haberse beneficiado”, puntualizó Zuarth.
