Edgar Hernández Ramírez
La reforma electoral y el nuevo rompecabezas
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Las disputas por una candidatura suelen imaginarse como una carrera en la que varios aspirantes corren hacia la misma meta. La reforma electoral aprobada en Chiapas introduce algo diferente. Antes de que comience la competencia, alguien habrá cambiado algunos carriles. Para determinados municipios sólo podrán competir mujeres y, una vez definido ese dato, los partidos decidirán quién llevará sus colores. Parece una modificación de procedimiento, pero en política alterar el orden de las decisiones equivale muchas veces a redistribuir poder.
El cambio resulta particularmente interesante en Morena. Sus reglas internas mantienen una estructura nacionalizada para la selección de candidaturas. La Comisión Nacional de Elecciones recibe solicitudes, analiza perfiles y participa en la definición de los procesos internos; además, el estatuto contempla que la estrategia política, la fuerza electoral, las encuestas y distintos escenarios puedan utilizarse para cumplir la paridad sustantiva. El INE volvió a revisar y declaró procedentes modificaciones a esos estatutos en junio de este año.
Eso significa que la dirigencia nacional dispone de una herramienta poderosa. No sólo puede valorar quién parece más competitivo, sino organizar el conjunto de candidaturas como un rompecabezas, moviendo piezas para conciliar encuestas, acuerdos políticos, acciones afirmativas y equilibrio de género.
La reforma chiapaneca introduce una decisión anterior a ese rompecabezas.
El gobernador Eduardo Ramírez propuso modificar los numerales 1 y 2 del artículo 25 de la legislación electoral y el Congreso llevó la iniciativa al periodo extraordinario del 14 de septiembre. El nuevo mecanismo establece previamente el género correspondiente a determinados municipios mediante bloques e insaculación. Morena podrá escoger posteriormente a su candidata o candidato, pero llegará a esa mesa con una parte del menú ya retirada.
No sería riguroso afirmar que la reforma fue creada para quitarle poder a Morena. La finalidad explícita es avanzar de la paridad de candidaturas hacia una mayor presencia efectiva de mujeres en los gobiernos municipales. Sin embargo, una norma puede perseguir un objetivo legítimo y producir al mismo tiempo consecuencias distintas en la distribución del poder. En este caso, una de ellas es evidente. La dirigencia partidista pierde parte de la libertad que tenía para decidir en qué municipios colocar hombres y mujeres después de evaluar aspirantes, encuestas y negociaciones internas.
Supongamos que en una alcaldía importante existen tres aspirantes varones. Uno pertenece a una corriente nacional, otro mantiene cercanía con el gobierno estatal y un tercero controla una estructura municipal propia. Antes de la reforma, Morena podía medirlos, negociar entre ellos e incluso utilizar esa candidatura como moneda dentro de un acuerdo más amplio. Si el municipio queda reservado para una mujer, los tres salen simultáneamente de esa competencia.
La batalla no desaparece, simplemente cambia de escenario.
Entonces surgirá otra interrogante: ¿Qué mujer ocupará el espacio que quedó vacío y qué grupo político estará detrás de ella? Por eso la reforma puede transformar la selección de candidaturas en un sistema de doble filtro. Primero la ley determina qué género puede atravesar la puerta; después el partido decide quién posee la llave. Ninguno de los dos controles sustituye completamente al otro, pero el primero condiciona al segundo.
Ese desplazamiento adquiere una dimensión mayor en un estado donde la relación entre el gobernador y Morena nacional no tiene por qué ser idéntica a la que existe entre un jefe político y un partido estatal subordinado. Formalmente, las candidaturas continúan sujetas a las decisiones partidistas. Al mismo tiempo, la reforma nació desde el Ejecutivo local y coloca en el Congreso una intervención relevante para la construcción inicial de los bloques.
Por eso conviene observar con especial atención algo menos vistoso que el sorteo: cómo se fabricará la urna antes de meter las bolitas.
La insaculación puede ser impecablemente aleatoria y, aun así, las reglas utilizadas para agrupar municipios tendrán consecuencias. Importará conocer cuántos bloques habrá, cómo se ordenarán conforme a la lista nominal, dónde se establecerán los cortes y qué mecanismos de publicidad y verificación acompañarán el procedimiento.
La reforma también modifica el poder de los propios aspirantes. Un alcalde con estructura, popularidad y recursos políticos podía llegar a la negociación partidista mostrando su fortaleza territorial. Ahora existe una variable anterior capaz de dejarlo fuera sin encuesta ni derrota interna. Su capital político no desaparece, pero tendrá que buscar otra salida, quizá una diputación, una candidatura distinta o una persona de su mismo grupo que pueda competir.
Así, la paridad puede producir un fenómeno adicional. En vez de eliminar las facciones, las obliga a aprender a reproducirse con candidaturas de ambos géneros.
Ahí estará probablemente una de las claves de 2027. El poder no se medirá solamente contando cuántas presidencias municipales obtiene cada partido, sino identificando qué redes consiguieron sobrevivir a la nueva regla y quién logró colocar a las personas sustitutas cuando el género asignado dejó fuera a sus aspirantes originales.
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