¿Al Cártel Inmobiliario en Chiapas le aplicarán todo el peso de la ley?
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Al fin se hizo justicia y esperan que se aplique todo el peso de la ley a uno de los responsable y líderes intelectuales del Cártel Inmobiliario en Chiapas, Gustavo Adolfo Flores Alfaro, quien acaba de recibir una sentencia de ocho años y siete meses de prisión; asimismo, es condenado a resarcir el daño económico que asciende a dos millones 900 mil pesos, para al menos remunerar a las víctimas.
Esta condena sin duda fue celebrada por las víctimas, en este caso Rosario Gómez, quien fue una de tantas timadas por estos rufianes que, tras derivado de un proceso de compraventa que se pagó y el cual no fue entregado, causó daños al doctor Miguel Ángel Vázquez López.
Por tanto, las acciones que enmarcar a la Nueva ERA, de Cero Impunidad, contribuirán a que la justicia sea certera, con rigor y apego a la ley. También, la Fiscalía y los elementos de seguridad han contribuido de manera significativa en este avance de ley.
No obstante, las artimañas políticas, tráfico de influencias aplazaron esta sentencia, misma que hasta cierto punto obstruyeron la aplicación de la justicia y mermaron las denuncias que se habían efectuado; precisamente, esta casa editorial documentó como continuaban ciertos privilegios del ya sentenciado, teniendo trato Vip en el CERSS, bajo el pago de una cuota de aproximadamente 30 mil pesos mensuales.
Tampoco olvidemos el hecho de que previo a las audiencias, para evitar la justicia, utilizaron argucias médicas para eludir responsabilidades, como fue el caso de Erick Romero, generando preocupación entre los afectados por la efectividad de la aplicación de la justicia.
Otro punto a considerar de estos privilegios y obstrucciones, es que muchos de los casos que suman alrededor de, según fuentes, 15 o más víctimas que no sus casos no han sido procesados, podrían acumular más sentencias y dictámenes para resarcir los daños.
No se puede cantar victoria del todo, ya que como hemos mencionado en reportajes, columnas y en esta página editorial, se sigue obstaculizando el oportuno ejercicio de la justicia; claro, como mencionamos es de aplaudir que las autoridades en esta administración pongan de sí y aplique las herramientas para sentenciar a estos charlatanes que tanto daño e ilusiones le dieron a gente desfavorecida que buscaba un patrimonio.
Precisamente, los adultos mayores, madres solteras y demás personas vulnerables, que ante las precariedades de la vivienda y en la búsqueda de un patrimonio tangible y digno para vivir o heredar, fueran víctimas de esos sinvergüenzas que en total impunidad y descaro se dieron la gran vida a costa de otros.
Entonces ¿Habría forma de evitar en un futuro estos fraudes que siguen lacerando a las familias y al patrimonio de los y las chiapanecos? Primero que nada, y ante esta crisis de vivienda y la publicidad engañosa en la que se ofertan terrenos o viviendas a precios relativamente asequibles, habría que corroborar la legalidad de los terrenos en los que se asentarán estos nuevos inmuebles y sobre todo, que quienes las oferten estén registrados y tengan el sustento jurídico para poder realizar estas acciones.
También, las autoridades de diferentes indoles, no deben esperar las consecuencias, que en muchos casos suman pérdidas millonarias y daños irreversibles en el patrimonio, no solo basta con generar campañas preventivas o investigaciones ante actos sospechosos, deben aplicar sin titubear el rigor de la ley y no corromperse, comprometiendo el debido proceso.
