Dr. Jorge Antonio Orozco Zuart/Lic. y C.P. Andrés Antonio Orozco Velasco
Fue presentado ante la Mtra. Ana Laura Romero Basurto, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Chiapas, así como ante el Dr. Roger Adrián Mandujano Ayala, Secretario de Educación, el proyecto denominado “Sistema Estatal Anticorrupción Preventivo, de Trazabilidad, Materialidad y Fecha Cierta del Gasto Público”, una propuesta que plantea evolucionar del modelo tradicional de fiscalización posterior hacia mecanismos tecnológicos de prevención, detección temprana de riesgos y control del ejercicio de los recursos públicos.
La iniciativa fue desarrollada por el Dr. Jorge Antonio Orozco Zuart y el Lic. y C.P. Andrés Antonio Orozco Velasco, quienes plantean la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, expedientes electrónicos, trazabilidad presupuestaria, materialidad del gasto, fecha cierta y vigilancia automatizada dentro de los procesos gubernamentales.
El proyecto parte de una premisa central: las auditorías, procedimientos administrativos y sanciones continúan siendo indispensables, pero frecuentemente intervienen cuando el contrato ya fue celebrado, el recurso público ejercido, el pago realizado o la irregularidad consumada.
Por ello, la propuesta busca trasladar una parte importante del esfuerzo institucional hacia la prevención, estableciendo controles que permitan detectar inconsistencias antes de contratar, comprometer o liberar recursos públicos.
DEL CASTIGO POSTERIOR A LA PREVENCIÓN
El Sistema Estatal Anticorrupción Preventivo propone establecer mecanismos que permitan verificar anticipadamente la existencia jurídica, física y operativa de proveedores; detectar posibles operaciones inexistentes o simuladas; identificar conflictos de interés; validar contratos y expedientes; comprobar la entrega real de bienes y servicios y rastrear cada etapa del ciclo presupuestario.
Asimismo, plantea que contratos, actas, fotografías, videos, entregables y pagos cuenten con mecanismos que permitan acreditar su fecha cierta, disminuyendo el riesgo de que documentos destinados a justificar el ejercicio del gasto sean creados, sustituidos o modificados posteriormente.
UNO DE LOS CONCEPTOS CENTRALES ES LA MATERIALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.
Bajo este principio, la existencia de una factura, contrato, recibo o transferencia bancaria no sería suficiente por sí sola para considerar debidamente comprobada una operación gubernamental. También tendría que verificarse que el proveedor existe que no sea EFOS, que posee capacidad para cumplir, que los bienes efectivamente fueron entregados, que los servicios fueron prestados, que la obra fue ejecutada, que existen entregables verificables y que el pago corresponde a una operación real.
SISTEMA ESTATAL ANTIMOCHES
Entre las acciones de aplicación visible que contiene la propuesta destaca la creación del denominado “SISTEMA ESTATAL ANTIMOCHES”.
El mecanismo plantea instalar en ventanillas, oficinas públicas, áreas de recaudación y módulos de servicios avisos visibles con la expresión:
“PROHIBIDO EL MOCHE”.
Los avisos incorporarían códigos QR mediante los cuales la ciudadanía podría conocer el trámite correspondiente, requisitos oficiales, costo autorizado, tiempo estimado de respuesta, servidor público o unidad responsable y, principalmente, acceder directamente a un mecanismo de denuncia o queja con número electrónico de seguimiento.
La información podría concentrarse en una plataforma coordinada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para canalizar cada asunto hacia los órganos internos de control o autoridades competentes.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PREVENIR RIESGOS
Otro componente propone modernizar los COMITÉS DE ADQUISICIONES mediante inteligencia artificial y herramientas tecnológicas capaces de auxiliar en el análisis de proveedores, antecedentes administrativos y contractuales, precios de mercado, capacidad técnica y financiera, posibles relaciones entre empresas y servidores públicos, conflictos de interés y matrices de riesgo.
El proyecto establece expresamente que la inteligencia artificial funcionaría como herramienta auxiliar, sin sustituir las facultades, responsabilidades ni decisiones que legalmente corresponden a los servidores públicos.
También plantea crear dentro de los Comités de Adquisiciones un SUBCOMITÉ DE TRAZABILIDAD, MATERIALIDAD Y FECHA CIERTA, encargado de comprobar la existencia real de bienes y servicios contratados, integrar evidencia electrónica y documental, revisar entregables y emitir alertas preventivas cuando se detecten inconsistencias.
Incluso se contempla la posibilidad de recomendar la suspensión preventiva de determinados pagos cuando no se encuentre suficientemente acreditada la materialidad de la operación.
UNA PLATAFORMA ESTATAL DE CONTROL DEL GASTO
La propuesta contempla además el desarrollo progresivo de una Plataforma Estatal de Control del Gasto, susceptible de interconectarse, dentro del ámbito de competencias legales correspondiente, con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Secretaría de Hacienda, Auditoría Superior del Estado, órganos internos de control, Comités de Adquisiciones, dependencias, entidades y eventualmente ayuntamientos.
Antes de validar o liberar determinados recursos, el sistema podría revisar aspectos como suficiencia presupuestaria, procedimiento de contratación, existencia y capacidad del proveedor, contratos, garantías, entregables, recepción de bienes o servicios, facturación, datos bancarios, registro contable, fecha cierta, materialidad y congruencia entre contrato, factura, entrega y pago.
Cuando existieran inconsistencias, la plataforma generaría alertas para que las áreas responsables aclaren o subsanen las observaciones antes de continuar con la operación.
IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA
El proyecto no propone una aplicación inmediata y generalizada sin diagnóstico previo.
La ruta planteada contempla cinco etapas.
La primera sería establecer una mesa técnica interinstitucional; posteriormente realizar un diagnóstico normativo y tecnológico; en tercer lugar implementar un programa piloto en dependencias con alto volumen de contrataciones o atención ciudadana; después evaluar resultados mediante indicadores verificables y, finalmente, realizar las adecuaciones legales y administrativas necesarias para una eventual expansión progresiva hacia la Administración Pública estatal y municipal.
Dentro del programa piloto podrían incorporarse el Sistema Estatal Antimoches, validación electrónica de proveedores, expedientes digitales de contratación, control de entregables, registro de fecha cierta, plataforma de denuncias y generación automatizada de alertas preventivas.
PROPONEN REFORMA A LA LEY DE ADQUISICIONES
Como parte del fortalecimiento jurídico del modelo, el proyecto también plantea estudiar una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, con el propósito de incorporar los conceptos de trazabilidad, materialidad y fecha cierta dentro de los procedimientos de contratación pública.
La propuesta contempla igualmente analizar la incorporación progresiva de estos principios en normas relacionadas con obra pública, presupuesto, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental y comprobación del gasto.
CHIAPAS, HACIA UN MODELO PREVENTIVO
La presentación del proyecto ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Secretaría de Educación abre una etapa de conocimiento y análisis institucional de una propuesta cuya finalidad es fortalecer los controles existentes y explorar mecanismos tecnológicos que permitan intervenir antes de que una irregularidad produzca un daño al patrimonio público.
Entre los resultados esperados se plantean la disminución de actos de corrupción y cobros indebidos, mejor control de proveedores, prevención de operaciones simuladas, detección temprana de conflictos de interés, mejor calidad del gasto, reducción de observaciones administrativas, mayor certeza jurídica y fortalecimiento de la transparencia y la confianza pública. La propuesta queda ahora sujeta al análisis técnico, jurídico, presupuestario y operativo que las instituciones competentes determinen, con la posibilidad de desarrollar posteriormente un programa piloto que permita medir objetivamente sus resultados.
