Edgar Hernández Ramírez
La campaña empieza antes del banderazo
En México ocurre un pequeño milagro electoral: faltan meses, a veces años, para las elecciones, pero los aspirantes ya están en campaña. Lo curioso es que ninguno admite estarlo.
Recorren municipios, aparecen en espectaculares, patrocinan publicaciones, conceden entrevistas, organizan reuniones, levantan encuestas y descubren de pronto una enorme vocación por escuchar al pueblo.
Pero campaña, lo que se dice campaña, no es. La explicación habitual culpa a la ambición de los políticos y a la debilidad de las autoridades electorales. Algo de eso hay; sin embargo, el problema es más complejo: las campañas adelantadas existen porque el sistema político produce incentivos para adelantarse.
Nadie quiere comenzar primero, pero nadie puede darse el lujo de comenzar último. Si un aspirante empieza a recorrer el estado un año antes, sus competidores tienen dos opciones: respetar escrupulosamente el calendario o salir detrás de él.
La primera opción puede ser jurídicamente elegante, aunque también puede ser políticamente suicida. Por eso uno empieza, después otro responde y finalmente todos están haciendo exactamente lo mismo mientras sostienen que solamente realizan “actividades ordinarias”.
La campaña anticipada termina convertida en una especie de legítima defensa electoral.
Hay además otro factor. En territorios donde un partido tiene ventaja considerable, la verdadera elección muchas veces no ocurre en las urnas, sino meses antes, cuando se decide la candidatura.
Para llegar a esa decisión hay que aparecer bien colocado en las encuestas, y para aparecer bien posicionado hay que ser conocido, y para ser conocido hay que empezar antes. Así se cierra el círculo.
Las redes sociales hicieron todavía más inútil la vieja idea de que una campaña comienza cierto día a cierta hora. TikTok no conoce el calendario del INE, Facebook tampoco.
Un aspirante puede pasar meses subiendo videos mientras abraza comerciantes, desayuna con campesinos, visita mercados, escucha jóvenes, felicita deportistas y contempla atardeceres acompañado por alguna frase sobre el futuro. Nunca necesita pedir el voto, el algoritmo hace buena parte del trabajo.
La política digital entendió algo antes que la legislación: una candidatura no se construye solamente mediante propaganda, sino también mediante familiaridad. Hay que lograr que, cuando llegue la encuesta, el ciudadano reconozca el nombre y la cara.
Bajo esta lógica, ya casi nadie es precandidato antes de tiempo. Ahora tenemos coordinadores, promotores, defensores, enlaces, responsables territoriales y personajes misteriosamente preocupados por recorrer cada municipio del estado que casualmente aspiran a gobernar.
La legislación persigue palabras, mientras que los políticos contratan sinónimos.
Y ahí comienza el problema de pretender resolverlo todo mediante prohibiciones. Endurecer simplemente la ley podría producir más simulación, no necesariamente menos campaña; porque una democracia tampoco puede prohibir que alguien tenga aspiraciones, conceda entrevistas, participe en reuniones o diga que quisiera gobernar.
La salida más viable parece estar en otro terreno. Hay que dejar de obsesionarse con descubrir cuándo comenzó exactamente una campaña y empezar a preguntar quién la está pagando.
¿Quién financia los espectaculares? ¿Quién paga las encuestas? ¿Quién contrata publicidad en redes? ¿Quién financia recorridos, operadores, eventos e influencers? ¿Quién está detrás de las asociaciones ciudadanas que casualmente promocionan siempre al mismo personaje?
La solución puede resumirse así: flexibilizar la palabra y endurecer el dinero. Si alguien quiere anunciar dos años antes que aspira a alcalde, diputado, senador o gobernador, que lo diga; pero desde el momento en que comienza a construir sistemáticamente esa candidatura debería también comenzar la fiscalización.
Y si esos gastos terminan beneficiando una candidatura formal, deberían descontarse posteriormente de sus topes electorales. Entonces adelantarse dejaría de ser gratis.
El control tendría que ser todavía mayor cuando el aspirante ocupa un cargo público. porque un opositor u otro pretenso necesita comprar publicidad, mientras que un funcionario puede producirla simplemente gobernando.
Una gira institucional puede parecerse demasiado a una gira electoral; una entrega de apoyos puede convertirse en contenido para redes o una inauguración puede terminar siendo un mitin cuidadosamente disfrazado de acto administrativo.
La frontera existe, pero a veces está pintada con lápiz. Tal vez por eso convendría abandonar una ficción:
Las campañas adelantadas no van a desaparecer. Mientras haya encuestas, candidaturas disputadas, redes sociales y políticos interesados en sobrevivir, alguien intentará comenzar antes.
La tarea democrática no debería consistir en impedir que corran, sino en evitar que algunos corran durante dos años, gasten durante dos años, utilicen el poder durante dos años y después lleguen sonrientes al inicio oficial de la campaña diciendo que, ahora sí, todos parten de cero.
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