Edgar Hernández Ramírez
Rocha: la silla, el poder y las 34 horas que cambiaron todo
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Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa con la seguridad de quien pretende convertir un hecho consumado en una nueva normalidad y salió de ella apenas 34 horas después, no porque un juez lo obligara, sino porque descubrió que una cosa es conservar jurídicamente el cargo y otra muy distinta disponer todavía del poder político necesario para ejercerlo.
La secuencia es reveladora. El 19 de agosto fue detenido Fausto Corrales Rodríguez, pieza relevante en la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada. Dos días después, luego de 112 días de licencia, Rocha anunció que regresaba con “la frente limpia y en alto”, apoyándose en que la FGR no había encontrado hasta entonces elementos mínimos para proceder penalmente en su contra. Las investigaciones, sin embargo, continuaban abiertas y el regreso detonó una crisis dentro de Morena.
Gobernación subrayó que se trataba de una decisión personal; Morena se deslindó; legisladores le pidieron reconsiderarla; gobernadores de la 4T hablaron de desmesura, facciones, congruencia y lealtad, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que ningún interés individual podía colocarse por encima del pueblo y de la nación. Ricardo Monreal reveló después algo todavía más significativo: si Rocha no solicitaba nuevamente licencia, el Congreso habría actuado. No sabemos qué mecanismo se contemplaba, pero la advertencia confirma que la presión comenzaba a trasladarse del terreno discursivo hacia el institucional.
Rocha retrocedió. Solicitó una nueva licencia, ahora con carácter indefinido, y este domingo el Congreso de Sinaloa la aprobó por unanimidad. Sheinbaum fue todavía más explícita al considerar que retirarse “es lo mejor para Sinaloa”. La frase elimina cualquier ambigüedad sobre la posición de Palacio Nacional. La presidenta no está declarando culpable al gobernador ni prejuzgando sobre los expedientes abiertos, pero sí establece una frontera política: mientras su situación permanezca sin resolver, su presencia al frente del Ejecutivo sinaloense resulta inconveniente para el estado, para Morena y para la conducción nacional del gobierno.
El episodio deja así una lección elemental sobre la naturaleza del poder. Rocha podía regresar a Palacio, reunir al gabinete y restablecer la cadena formal de mando, pero necesitaba algo que ninguna Constitución garantiza: legitimidad dentro de la coalición que lo sostiene. Su apuesta pareció construida sobre el hecho consumado, como si volver primero obligara después a Morena y al Gobierno federal a aceptar la nueva realidad. Ocurrió exactamente lo contrario. Recuperó la silla y, al hacerlo, hizo visible cuánto respaldo había perdido para permanecer sentado en ella.
La detención de Fausto Corrales impide, sin embargo, reducir todo a una simple indisciplina partidista. No existe evidencia pública para afirmar que Rocha regresó porque Corrales vaya a incriminarlo, pero la proximidad temporal convierte esa coincidencia en una línea legítima de investigación. Corrales ayudó a sostener la primera versión de que Cuén había sido atacado en una gasolinera, relato posteriormente desmontado por la FGR. Ahora enfrenta acusaciones por encubrimiento y falsedad de declaraciones, y este lunes deberá definirse si es vinculado a proceso.
Aquí aparece un giro que obliga a la cautela. La imputación conocida hasta ahora parece concentrarse en Corrales y no anuncia, por el momento, cargos contra funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa, pese a que la propia FGR había señalado en 2024 posibles responsabilidades de policías, ministerios públicos, peritos y otro personal estatal. La pregunta ya no es solamente qué sabe Corrales, sino qué ocurrió con aquellas líneas de investigación y si su proceso servirá para reconstruir una cadena de responsabilidades o terminará encapsulando el montaje de la gasolinera en un solo personaje.
Ese matiz también debilita la hipótesis de que Rocha volvió únicamente para recuperar protección jurídica. Ignacio Mier celebró precisamente la segunda licencia porque, según dijo, con ella Rocha “se desprende del fuero” y “honra su trayectoria”. Si conservar esa cobertura hubiera sido el objetivo único de su retorno, cuesta explicar que renunciara a ella apenas 34 horas después. Resulta más plausible pensar en una combinación de factores: percepción de riesgo creciente, deseo de recuperar control institucional, intento de producir un hecho consumado y una grave subestimación de la reacción que provocaría dentro del movimiento.
La defensa de Mier introduce además un matiz importante. Rocha quedó severamente debilitado, pero no completamente abandonado. Dentro de Morena comienza ya una disputa por la interpretación de lo sucedido: Monreal y otros legisladores consideran que su regreso dañó al movimiento y puso en riesgo su credibilidad, mientras Mier intenta reconstruir la segunda licencia como prueba de responsabilidad y disposición a enfrentar la justicia. Esa batalla narrativa cobrará mayor importancia si los expedientes empiezan a producir nuevas evidencias.
La nueva licencia mejora también la posición mexicana frente a Estados Unidos. Mientras Rocha ejercía nuevamente la gubernatura, Washington podía exhibir una fotografía políticamente incómoda: un gobernador acusado por fiscales estadounidenses recuperaba el control del estado desde donde presuntamente operó una red de protección a Los Chapitos. Al separarse otra vez, México puede mantener una posición más consistente: exigir pruebas suficientes para cualquier acción penal o extradición y demostrar, al mismo tiempo, que defender la soberanía no significa proteger automáticamente a un funcionario investigado. La acusación estadounidense permanece vigente y el Gobierno mexicano continúa sosteniendo que Washington no ha aportado elementos suficientes para proceder contra Rocha.
Treinta y cuatro horas bastaron, entonces, para transformar la pregunta. Ya no se trata solamente de por qué Rocha volvió, sino de qué creyó que estaba a punto de ocurrir para considerar urgente hacerlo y qué le hizo comprender después que debía retirarse. Una parte de la respuesta está a la vista: Sheinbaum y Morena le cerraron políticamente el paso y el Congreso convirtió esa derrota en una nueva separación formal del cargo. La otra parte permanece dentro de expedientes que todavía no terminan de hablar.
Y quizá ahí se encuentre el verdadero cambio del caso. Durante meses, Rocha pudo presentar su problema como una acusación procedente de Estados Unidos y colocar su defensa bajo el lenguaje de la soberanía. Si la investigación mexicana sobre Cuén, Corrales y los acontecimientos de Huertos del Pedregal avanza, esa narrativa puede dejar de ser suficiente. El mayor peligro para Rubén Rocha Moya quizá ya no sea lo que Washington diga de él, sino aquello que la justicia mexicana llegue finalmente a demostrar.
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