Dr. Jorge Antonio Orozco Zuart/Lic. Y C.P. Andrés Antonio Orozco Velasco
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- Las tarjetas no entregadas y la ruta del dinero
Uno de los aspectos más delicados en torno al programa Chiapas Puede son las más de 2,500 tarjetas que, según la información difundida, habrían sido aseguradas y no entregadas a sus supuestos beneficiarios.
Pero aquí debemos formular una pregunta elemental:
¿TENER UNA TARJETA SIGNIFICA QUE EL DINERO FUE DEPOSITADO?
No necesariamente.
Por ello resulta indispensable distinguir entre tarjetas emitidas, tarjetas entregadas, cuentas activadas, recursos dispersados y dinero efectivamente cobrado.
Una tarjeta bancaria sin fondos no representa, por sí misma, daño patrimonial. El escenario sería muy diferente si existieran tarjetas no entregadas a sus beneficiarios en cuyas cuentas se hubieran depositado recursos y posteriormente éstos hubieran sido retirados por otras personas.
La investigación debe, por tanto, seguir el dinero. La CURP puede ser la llave.
El ICHEJA publicó durante 2025 padrones de ayudas y subsidios con información individualizada de beneficiarios, incluyendo CURP y cantidades pagadas. Esto permite realizar mediante herramientas informáticas un cruce de los cuatro trimestres del año para reconstruir la ruta de cada apoyo:
Curp → inscripción → primer pago → alfabetización → conclusión → segundo pago → tarjeta → dispersión bancaria.
Después, esa información debe conciliarse con las partidas presupuestarias y los movimientos bancarios. Así podría determinarse si una misma persona recibió apoyos en distintos periodos, si existen duplicidades, si alguien superó los montos autorizados y, principalmente, si cada peso llegó realmente a su destinatario.
La tecnología permitiría realizar buena parte de esa auditoría en horas o días.
No todo el dinero fue necesariamente para becarios
También debe evitarse una conclusión simplista.
El ICHEJA registró 522.86 millones de pesos pagados en ayudas sociales, pero sería metodológicamente incorrecto dividir esa cantidad entre cuatro mil pesos y concluir que necesariamente debieron existir más de 130 mil beneficiarios.
Primero debe determinarse cuánto correspondió realmente a la beca rosario castellanos y cuánto fue destinado a alfabetizadores, colaboradores y otras modalidades legales de apoyo relacionadas con la operación del programa.
Esa separación debería hacerse pública.
UNA CONCILIACIÓN FINANCIERA PARA CHIAPAS PUEDE
El Gobierno del Estado tiene una oportunidad para evitar que este asunto se reduzca a una confrontación política entre quienes sostienen que existió corrupción y quienes afirman que todo fue correctamente ejercido.
La mejor respuesta sería publicar una conciliación financiera integral de Chiapas Puede 2025.
Sin revelar datos personales protegidos, podría informarse:
cuántos beneficiarios únicos existieron; cuántos recibieron mil pesos; cuántos recibieron posteriormente tres mil; cuántos obtuvieron los cuatro mil pesos completos; cuántos concluyeron su alfabetización; cuánto se pagó a alfabetizadores; cuánto costaron los kits; cuánto se destinó a servicios; cuánto se devengó, pagó, quedó como pasivo, fue reducido o finalmente reintegrado.
Una tabla pública con diez o quince columnas podría despejar buena parte de las dudas.
EL TAMAÑO DEL PRESUPUESTO EXIGE CUENTAS CLARAS
Chiapas enfrenta desde hace décadas graves rezagos educativos. Destinar recursos públicos para alfabetizar a quienes históricamente quedaron excluidos del sistema educativo es una política socialmente justificable.
Precisamente por eso debe cuidarse.
El ICHEJA comenzó 2025 con un presupuesto de 406.18 millones de pesos y terminó con un presupuesto modificado de 1,217.43 millones.
Dentro de éste, las ayudas sociales alcanzaron un presupuesto modificado de 875.66 millones de pesos, de los cuales 759.94 millones fueron devengados y 522.86 millones aparecen registrados como pagados.
Las observaciones por aproximadamente 182.5 millones de pesos deben investigarse hasta sus últimas consecuencias, pero sin prejuzgar.
Si los recursos están debidamente comprobados, debe decirse.
Si las observaciones fueron solventadas, debe publicarse la documentación.
Si existen responsabilidades administrativas, deben individualizarse.
Y si existen elementos constitutivos de delito, corresponde a la Fiscalía investigarlos y a los tribunales determinar responsabilidades.
La transparencia no debe servir para condenar anticipadamente a nadie.
Debe servir para conocer la verdad y en su caso, REPARAR EL DAÑO.
El gobierno estatal ha puesto en marcha “Blinda Chiapas: Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público”, precisamente bajo una lógica preventiva: detectar riesgos antes de que se conviertan en irregularidades o daño al patrimonio público.
LA INVESTIGACIÓN PENAL DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Quiénes están formalmente dentro de la investigación penal del Icheja y quiénes sólo aparecen por responsabilidad jerárquica o administrativa.
Persona cargo relacionado con Icheja qué se le atribuye públicamente situación Luis Manuel “N” Exjefe del Departamento de Planeación del Icheja y Secretario Técnico Presuntas irregularidades en manejo de recursos, procesos de contratación y operación de “Chiapas Puede”; el caso también quedó asociado al aseguramiento de más de 2,500 tarjetas presuntamente no entregadas. Detenido el 27 de julio de 2026 y puesto a disposición de autoridad judicial.
Lidia/Lydia Isabel “N” Servidora pública del ICHEJA Presunta participación en irregularidades relacionadas con recursos y operación de “Chiapas Puede”, incluida la vertiente investigativa de las tarjetas. Detenida el 27 de julio de 2026 y puesta a disposición judicial.
Sergio David Molina Gómez Director General del ICHEJA durante 2025 Las seis observaciones de la ASE corresponden al periodo de su administración. Sin embargo, eso no equivale a que esté penalmente imputado por esos hechos. Fue separado/destituido de la Dirección General en julio de 2026. La información publicada hasta mediados de agosto señalaba que no se había iniciado procedimiento administrativo contra él por esas observaciones.
Margarito Gutiérrez Juárez Coordinador regional del ICHEJA en la Frailesca Denuncias de beneficiarios por presunto incumplimiento en entrega de apoyos y otros señalamientos internos. Fue destituido de la coordinación regional, pero no EXISTE evidencia pública suficiente para afirmar que forme parte de la misma causa penal seguida contra Luis Manuel “N” y Lidia “N”.
Los documentos oficiales del propio ICHEJA identifican al jefe del Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo durante 2025 como Luis Manuel González Trejo. También aparece con ese nombre como secretario técnico y área requirente en una licitación de febrero de 2026 ¿por qué los investigaron?
La investigación penal surgió de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado presentada el 21 de mayo de 2026, relacionada con irregularidades en recursos y documentación de “Chiapas Puede”. La Fiscalía informó que la indagatoria comprendía particularmente manejo de recursos públicos y procesos de contratación, sobre todo proveedores de servicios.
Paralelamente, la ASE emitió el Informe Individual ASE/OAC/024/2026, con seis observaciones definitivas por $182,592,000. El mayor componente es una diferencia aproximada de $147.8 millones en becas, respecto de la cual no se habría acreditado suficientemente su aplicación al programa ni su reintegro.
También aparecen, entre las principales observaciones:
• 39,649 kits escolares no distribuidos, con valor superior a $8.2 millones.
• 5,130 personas que ya tenían evidencia de alfabetización, pero fueron incorporadas y recibieron más de $18.4 millones.
• aproximadamente 1,500 personas que no aprobaron evaluaciones y, pese a ello, tuvieron autorizaciones de pago de entre $3,000 y $4,000.
• $732 mil pagados a dos empresas por asesoría y auditoría, trabajos que, según el órgano fiscalizador, podían haber sido realizados por personal del propio Icheja.
Y está la vertiente quizá más delicada: durante cateos relacionados con la investigación se aseguraron más de 2,500 tarjetas que presuntamente estaban destinadas a beneficiarios y no habían sido entregadas.
LO QUE TODAVÍA NO ESTÁ PROBADO
Hay una aparente discordancia funcional que vale la pena investigar.
Luis Manuel “N” es señalado como jefe de Planeación, pero nuestro análisis del reglamento y manuales del Icheja muestra que Planeación y Presupuesto no necesariamente ejecuta materialmente los pagos. La cadena funcional que encontramos coloca el manejo y generación de pagos principalmente en administración y recursos financieros, mientras planeación controla programación, disponibilidad y seguimiento presupuestal.
Por eso surge una pregunta periodística y jurídica muy fuerte:
Si el problema central es el destino del dinero, ¿por qué la investigación penal se centró inicialmente en planeación y no se ha explicado públicamente quiénes tenían las firmas bancarias, los tokens, los usuarios Siahe y la facultad de liberar las transferencias?
Análisis del reglamento y manuales del Icheja y en consecuencia qué áreas y funcionarios deberían estar bajo mayor escrutinio y por qué, siguiendo la ruta administrativa del dinero:
ÁREA ¿POR QUÉ DEBE INVESTIGARSE?
Dirección/Departamento de Administración y Finanzas El Reglamento la coloca en la administración de recursos, revisión de documentación de las erogaciones, adquisiciones y, particularmente, en “generar los pagos a proveedores y prestadores de servicios”. Es una de las áreas centrales de la cadena del gasto.
Coordinación/Jefatura de Recursos Financieros Es probablemente la más importante para determinar quién materialmente pagó: registra contabilidad y presupuesto en SIAHE, genera pólizas y el propio ICHEJA señala que realiza pagos electrónicos de servicios, materiales y suministros.
Recursos Materiales / Adquisiciones Interviene en licitaciones, proveedores, contratación y adquisición de bienes o servicios. Puede determinar qué se compra y a quién se contrata, aunque eso no significa necesariamente que tenga facultad para liberar el dinero.
Programación y Presupuesto Determina disponibilidad presupuestal, partidas, modificaciones y seguimiento. Pero nuestro análisis hizo una distinción esencial: presupuestar o afectar una partida no equivale necesariamente a manejar o transferir el dinero.
Dirección General Es responsable de la conducción operativa y administrativa del Instituto y ejecuta los acuerdos de la Junta de Gobierno. Esto supone responsabilidad institucional de dirección, pero no demuestra por sí solo autoría de pagos irregulares.
Órgano Interno de Control Tenía funciones de vigilancia sobre cumplimiento normativo, aplicación de recursos y transparencia. Debe examinarse qué revisó, qué detectó y qué acciones realizó.
Quedan pendientes varias preguntas que se deben de responder tanto por la ASE, La Fiscalía Anticorrupción Y La Secretaria Anticorrupción.
*DR. EN DERECHOS HUMANOS, JUICIOS ORALES, CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA, DERECHO FISCAL, DERECHO PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIAS POLÍTICAS, ** LIC. EN DERECHO Y CONTADOR PÚBLICO CON PROMEDIO DE EXCELENCIA RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL POR EL CENEVAL.
orozcozjorge12@gmail.com.
