Carlos Morales no aclara cuentas e insiste en burlarse de la autoridad
Hay que ser cara dura para no importar las críticas ante lo ventajoso que se sienten con la protección de supuestos personajes que dicen tener buena relación con la que manda en el país, pues ya empezamos a ver con más notoriedad a políticos que parecen tener una memoria selectiva. Recuerdan las obras que inauguraron, los discursos que pronunciaron y las fotografías que publicaron, pero convenientemente olvidan las cuentas que dejaron pendientes.
Carlos Morales Vázquez parece decidido a regresar a la escena electoral de Tuxtla Gutiérrez. Ya no es un rumor de pasillo: en junio de 2026 hizo público que buscaría participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura por la Presidencia Municipal de la capital chiapaneca. Su argumento es la experiencia, el conocimiento de la ciudad y lo que él considera resultados de sus dos periodos de gobierno. Lo mismo hizo hace unos cuantos días, aduciendo que será coordinador de Morena.
El problema es que la política puede tener memoria corta, pero los documentos de una auditoría no. Mientras Morales Vázquez se promociona nuevamente como una opción para gobernar Tuxtla, la Auditoría Superior del Estado de Chiapas mantiene en seguimiento observaciones relacionadas con las cuentas públicas de su administración, ello a pesar de que éste jura y perjura que está más limpio que el agua cristalina. Ni al caso, bueno, ni en su casa le creen semejante barbaridad.
Y aquí aparece una contradicción que debería ser explicada antes de cualquier discurso electoral. En el informe oficial de seguimiento de la ASE al 31 de marzo de 2025, la auditoría correspondiente a Tuxtla Gutiérrez, identificada como ASE/OAC/047/2024, registra un monto observado de 141 millones 2 mil 461.08 pesos y aparece todavía en la categoría de “en seguimiento”.
No se trata de una cifra menor ni de un simple trámite administrativo. Estamos hablando de recursos públicos cuya comprobación y solventación forman parte de un procedimiento de fiscalización.
Y hay otro antecedente: la revisión de la Cuenta Pública 2022, correspondiente a la orden ASE/OAC/079/2023, registró 16 millones 980 mil 750.61 pesos y también aparecía en seguimiento en el informe de la ASE al 31 de marzo de 2024.
Es decir, el debate no debería reducirse a si Carlos Morales tiene derecho a buscar nuevamente la Presidencia Municipal. Por supuesto que la aspiración política y la eventual candidatura deberán resolverse conforme a las reglas electorales.
La verdadera discusión es otra: ¿puede alguien pedir nuevamente la confianza de los ciudadanos mientras existen observaciones de su gestión que todavía deben ser aclaradas ante el órgano fiscalizador?
La pregunta adquiere todavía mayor relevancia por el nuevo señalamiento relacionado con la adquisición de contenedores de basura a Veolia Residuos Tuxtla.
De acuerdo con el reportaje difundido por Diario Media Group, se investiga una operación por 28 millones 7 mil 264 pesos con 18 centavos, correspondiente a la adquisición de 3 mil 834 contenedores.
El punto que llama particularmente la atención es la diferencia entre la capacidad de carga establecida en la adjudicación y la consignada posteriormente en la documentación técnica: 510 kilogramos frente a 440 kilogramos por contenedor.
Si esa diferencia se confirma documental y técnicamente, estaríamos hablando de una reducción de 70 kilogramos por unidad. Multiplicada por los 3 mil 834 contenedores, representa 268.38 toneladas de capacidad de carga que están en el centro de la controversia.
Y aquí es donde la política debería dejar paso a la transparencia. No basta con decir que se conoce Tuxtla, no basta con presumir experiencia, no basta con afirmar que durante seis años se gobernó mejor que las administraciones posteriores. La experiencia también implica hacerse responsable de lo que se hizo con el dinero público.
Más aún cuando el propio gobierno municipal de Morales presumía disciplina financiera. En diciembre de 2021, el entonces tesorero municipal afirmó públicamente que la cuenta pública estaba en orden y destacó la reducción de pasivos del Ayuntamiento y del SMAPA. También informó que se había negociado una deuda con Veolia que ascendía a 336 millones de pesos, mediante una quita.
Por eso resulta inevitable preguntar: ¿qué cambió entre aquella imagen de disciplina financiera y las observaciones que posteriormente aparecen en los procesos de fiscalización? La ciudadanía merece una explicación y no solamente de los 28 millones de los contenedores, sino también con lo que ha quedado a la deriva, sin explicación.
La confianza se gana, y a menos que sea a base de chanchuyos y de la complacencia de las autoridades de la ASE y del órgano electoral, su aspiración a gobernar Tuxtla tendría que pasar primero con una estancia permanente en El Amate, dado que no aclara cuentas.
