México.— Un denominado “corredor del despojo” ha afectado el patrimonio de familias en al menos seis estados del país, de acuerdo con denuncias y testimonios que señalan la existencia de redes dedicadas a apropiarse de propiedades mediante presuntas irregularidades legales y prácticas de intimidación.
Los casos documentados muestran un patrón en el que personas o familias pueden perder viviendas, terrenos y otros bienes, mientras enfrentan procesos legales que, en algunos casos, se prolongan durante años sin una resolución favorable para los afectados.
Las denuncias apuntan a posibles actos de corrupción, falsificación de documentos, abusos procesales y otras irregularidades que permitirían concretar el despojo de inmuebles. A ello se suma la preocupación de que algunos expedientes permanezcan sin avances significativos, lo que alimenta la percepción de impunidad.
El fenómeno ha generado preocupación entre organizaciones y ciudadanos que demandan una actuación más efectiva de las autoridades encargadas de investigar y sancionar este tipo de delitos, así como mecanismos que permitan proteger a las víctimas y recuperar los bienes afectados.
Los afectados han insistido en la necesidad de fortalecer las investigaciones, garantizar el acceso a la justicia y evitar que las redes involucradas continúen operando con impunidad.
El llamado de las víctimas es a que las autoridades revisen los casos denunciados, determinen responsabilidades y establezcan medidas que permitan frenar el despojo patrimonial en las entidades donde se han reportado estos hechos.
Con información de Agencias
