¿Habrá aplicación de la ley a los normalistas por “novatadas”?
El tema sigue vigente y por ello la preocupación. El anuncio de la Fiscalía General del Estado de que ya fueron identificados los 25 estudiantes que lideran las “novatadas” contra los alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Normal Mactumactzá no es peccata minuta. Se trata de hechos que atentan contra la integridad e incluso contra la vida de los estudiantes, y que son incompatibles con los principios de cualquier institución educativa que presume ser garante del humanismo, la educación, el desarrollo profesional de los jóvenes y el compromiso con las comunidades a las que servirán una vez concluidos sus estudios.
Si no existieran antecedentes de muertes derivadas de esta práctica malsana, podría pensarse que apenas se está abriendo un expediente penal. Pero no es así. Los abusos están documentados, así como las prácticas de corte “guerrillero” de quienes encabezan una institución que, en lugar de formar maestros, ha sido señalada por ser líderes de confrontaciones, bloqueos, saqueos y otros actos que presuntamente constituyen delitos.
Todo ello ha sido registrado por distintos gobiernos desde hace décadas, cuando la presión ejercida por grupos estudiantiles, aliados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), derivaba en motines para obtener prerrogativas que, lejos de beneficiar a la Normal Mactumactzá, favorecían principalmente a quienes se encontraban al frente de esos movimientos.
La presión de los padres de familia para que se restablezca el orden y se aplique la ley contra quienes cometen actos violatorios del proceso educativo no ha dado los resultados esperados. Hasta ahora, oficialmente solo se ha informado de la recepción de 10 denuncias contra el Comité Estudiantil de la Normal. Aunque el fiscal ha señalado que los integrantes de esta agrupación ya están identificados, no han sido detenidos ni llamados a declarar.
Es cierto que la decisión de detener, aunque sea de manera preventiva, a los presuntos líderes de las novatadas representa un desafío para la autoridad, que conoce la belicosidad con la que suelen actuar algunos estudiantes y cuyos antecedentes de acciones violentas y desestabilizadoras están ampliamente documentados.
Hay, sin embargo, un aspecto que sí resulta novedoso. Ante un escenario adverso, la institución ahora intenta proyectar una nueva imagen. En sus redes sociales difunde supuestas actividades culturales, artísticas y de trabajo de campo.
Ojalá fueran esas actividades las que identificaran a los estudiantes durante toda su formación profesional, y no los episodios relacionados con la quema de vehículos, los intentos de incendiar el Palacio de Gobierno, la destrucción de oficinas de la Secretaría de Educación, los daños a establecimientos comerciales o el secuestro de unidades, todo ello sin que, hasta ahora, se hayan fincado responsabilidades ejemplares por actuar al margen de la ley.
Hoy, en el inicio de este nuevo ciclo escolar, la Fiscalía tiene sobre el escritorio testimonios plasmados en las denuncias penales que describen vejaciones, jornadas prolongadas bajo el sol sin acceso regular a agua, competencia por raciones mínimas de líquido y confinamiento en aulas con temperaturas sofocantes. El resultado fue el colapso físico de algunos alumnos.
Los padres de familia, tras analizar lo ocurrido, no califican estos hechos como una simple novatada, sino como un auténtico martirio. Lo que más preocupa —y debería ocupar a las autoridades educativas y judiciales— son las nuevas amenazas que, según denuncian, recibieron los estudiantes por haber acudido ante las autoridades.
Es un hecho que los alumnos afectados difícilmente encontrarán condiciones para permanecer en la Normal Rural Mactumactzá, pues consideran que el maltrato seguiría garantizado. Y si fueran reubicados en otras escuelas normales, también existe el riesgo de enfrentar hostigamiento, insultos y nuevas agresiones.
La gran interrogante es si la autoridad judicial emprenderá acciones contra los integrantes del Comité Estudiantil. Si finalmente son exonerados o quedan impunes, el mensaje sería que estas prácticas pueden continuar sin consecuencias, y entonces será aún más difícil erradicarlas.
La Presidencia de la República, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de Chiapas tienen ante sí una oportunidad para replantear el futuro de la institución, ya sea mediante una profunda reestructuración, su reubicación o cualquier otra medida que garantice condiciones de seguridad y legalidad.
Esa decisión podría convertirse en una carta de negociación frente a la CNTE, no porque ello implique aceptar una supuesta colusión, sino para evitar que prevalezca la complicidad e impunidad, acuerpando estas medidas, y para que, finalmente, se aplique la ley frente a las graves vejaciones denunciadas por los estudiantes, que han afectado a la sociedad y a la propia autoridad en Chiapas.
