Manzo ¿asesinado por provocar?
Jorge Fernández Menéndez
La detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el «R1», el jueves 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo federal conjunto, es sin duda un golpe importante, junto con la caída, casi simultánea, de otra célula muy cercana a El Sapo, Gonzalo Mendoza Gaytán, para el CJNG contra dos de sus grupos operativos más violentos, los Rs y los del Sapo.
El R1, según las autoridades federales es identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y es el líder de Los Rs. Además, lo acusan de haber ordenado, por petición de su hijo, Francisco Álvarez, el asesinato de la influencer Valeria Márquez, de 23 años, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.
Valeria mantuvo un noviazgo con Francisco. Tras terminar la relación, Francisco amenazó de muerte a la joven en varias ocasiones y según las líneas de investigación, le pidió directamente a su padre, el R1 que asesinaran a la influencer. Fue una ejecución que pudimos ver prácticamente en línea: Valeria estaba trasmitiendo cuando la mataron. Una célula de «Los Rs» coordinó y ejecutó el ataque, el 13 de mayo del año pasado. Francisco sigue prófugo.
Los Rs son un grupo muy violento del CJNG con operaciones en Michoacán y Jalisco. El asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025 conmocionó al país, y fue denunciado como un crimen de la narcopolítica y ha generado un alto costo en la percepción de las autoridades estatales y federales. El R1 Había sido detenido en 2012 por su participación en unos narcobloqueos que intentaron impedir, en esas fechas, la detención de El Mencho, sentenciado en 2016 y liberado en 2022, durante el gobierno de López Obrador.
Con su detención son ya 31 las personas presuntamente involucradas en el crimen de Manzo que han sido detenidas. Al R1 se lo presenta como el autor intelectual del asesinado del alcalde Manzo pero las razones por las cuales habría ordenado ese asesinato no quedan en absoluto claras. Según dijo el secretario Omar García Harfuch habría sido por las “provocaciones” que le había hecho el alcalde al CJNG, hegemónico en la zona de Uruapan.
Puede ser, pero no se entiende cuáles podrían haber sido esas “provocaciones” más allá del duro discurso contra el narcotráfico que siempre tuvo Manzo como alcalde durante toda su gestión. Tienen que haber sido “provocaciones” notables como para que se ordenara el asesinato del alcalde. La viuda de Manzo y su sucesora al frente del cabildo de Uruapan, Grecia Quiroz, sostiene que, además de los 31 detenidos, incluyendo el R1, hay que indagar a personajes políticos que, dice, podrían haber ordenado el asesinato: entre ellos el diputado y ex gobernador Leonel Godoy, el senador Raúl Morón y el propio Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya.
Un hermano del R1, miembro del grupo criminal, fue dirigente de Morena en el estado y es un personaje muy cercano a Godoy. Fue separado del partido hace apenas unos meses pero en los documentos de Morena sigue apareciendo como consejero nacional del partido.
No dudo que la investigación haya llevado a identificar como el asesino al R1 y que éste sea el que ordenó el crimen. Pero todo esto me recuerda también otros casos, como el intento de asesinato, por suerte fracasado, de Ciro Gómez Leyva, donde también terminaron detenidos los autores materiales y hasta quien los contrató, pero nunca supimos el móvil, ni el propio Ciro lo sabe, ni tampoco quien ordenó realmente el crimen: lo máximo que hemos sabido es que supuestamente fue una orden del Mencho, lo que a Ciro, como ha dicho en varias entrevistas, le parece inverosímil.
En el caso de Manzo sí hay mayores elementos para pensar que haya sido el CJNG y el R1 en particular, el que haya cometido el crimen, pero tampoco hay claridad. “Provocaciones” puede haber muchas y de muy diversos tipos, desde personales hasta políticas. Y en este tipo de asesinatos, donde el tema evidentemente no es el dinero ni algo eminentemente personal, la razones políticas son las que se imponen. Una pregunta obvia sería qué político local se sintió tan provocado por las palabras o las acciones de Manzo, a tal nivel, que ordenó su asesinato. Algo que dijo o hizo Manzo tiene que haber puesto muy a la defensiva a un personaje de poder como para ordenar un crimen de tan alto impacto, en un evento público. No fue un simple asesinato: fue una ejecución a la vista de todo mundo, de un hombre que venía denunciado las amenazas del crimen organizado y que no gozó de la protección que hubiera sido necesaria.
Pero en los tiempos estelares de la 4T, en las investigaciones criminales se puede avanzar en muchos ámbitos menos en uno: llegar a los políticos o funcionarios que están detrás de estos crímenes, sean del narcotráfico, del contrabando de combustible o simplemente de corrupciones evidentes. Lástima, porque esas decisiones políticas terminan descalificando las buenas y exitosas acciones que se realizan desde el gabinete de seguridad.
Hoy el combate a la delincuencia pasa, sin duda, por detener líderes y operadores, pero, como nunca antes, pasa por romper las redes de protección y complicidad política que cobijan a los grupos criminales.
