En la mira, de nueva cuenta, el transporte público y su autoridad
Durante años, la Secretaría del Transporte, hoy denominada Secretaría de Movilidad y Transporte, ha permanecido en el ojo del huracán por su actuación parcial y la falta de transparencia en la administración del servicio público.
Los taxis, colectivos, mototaxis y otras modalidades de transporte han sido, durante mucho tiempo, el reflejo de un sistema marcado por la corrupción. Para nadie es un secreto que, en el pasado reciente, cuando Aquiles Espinosa García encabezó la Secretaría, esa dependencia se convirtió en una caja chica para operar políticamente a favor de Carlos Morales Vázquez, quien utilizó esos recursos para mover a sus alfiles, así como para beneficiar al propio Aquiles, que finalmente quedó en el camino tras el triunfo electoral del hoy alcalde, Ángel Torres Culebro.
Los hechos de corrupción relacionados con la expedición de concesiones para taxistas, los llamados taxis rosas y los mototaxis en diversos municipios del estado, así como la entrega de permisos para que circularan unidades sin la documentación correspondiente, evidenciaron una práctica sistemática. Pese a ello, la autoridad nunca hizo un verdadero esfuerzo por transparentar los procesos y, mucho menos, por aplicar la ley.
El paso de Aquiles por la dependencia estuvo marcado por la impunidad, una constante que ha caracterizado su trayectoria política, primero bajo el amparo del Partido Revolucionario Institucional y, en los últimos años, bajo el manto protector de Morena.
Este antecedente cobra vigencia porque las cosas no han cambiado. Las malas prácticas persisten y las denuncias continúan apareciendo en redes sociales, en conferencias de prensa e incluso ante las autoridades competentes. Sin embargo, ninguna prospera. Los expedientes terminan archivados, estancados o, peor aún, reservados durante años, como ha ocurrido con otros asuntos en gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
Ahora, nuevamente, personas dedicadas al servicio de transporte público en la modalidad de colectivo han levantado la voz. La denuncia es puntual: alrededor de 100 unidades operan de manera irregular, es decir, son los llamados «colectivos piratas». Esta situación confirma que nada ha cambiado y que el sistema sigue funcionando bajo la presunta complicidad de la autoridad y de los llamados «pulpos del transporte».
De acuerdo con la denuncia presentada por Luz Marina López Bernal, representante de la Ruta 61 e integrante de las Rutas Organizadas y Taxistas Organizados de Tuxtla Gutiérrez, las rutas que operan presuntamente de forma irregular son la 30, 54, 61, 77, 114, 128 y 138, además de las conocidas como rutas rojas.
La acusación no señala únicamente a una persona como responsable de esta presunta red de corrupción, sino que apunta directamente hacia la Secretaría de Movilidad y Transporte. Bajo esa lógica, la responsabilidad alcanzaría desde la titular de la dependencia hasta los funcionarios que participan en la expedición de concesiones y permisos, aun cuando estos no cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
Este problema no es nuevo. La irregularidad en el transporte público lleva años sin resolverse. La autoridad ha sido incapaz de ordenar y reglamentar adecuadamente el servicio porque, históricamente, cada proceso electoral ha estado acompañado de compromisos políticos que terminan traduciéndose en permisos y concesiones entregados como moneda de cambio.
Si esta problemática se presenta en la capital chiapaneca, es inevitable preguntarse cuál será la realidad en los municipios, donde el transporte tradicional ha sido desplazado, en muchos casos, por el crecimiento desordenado de los mototaxis.
Las denuncias de corrupción obligan al gobierno de Chiapas a intervenir con firmeza y verificar que los procesos de asignación de concesiones se hayan realizado con total transparencia y conforme a la ley.
No se puede continuar por este camino. El trabajo que ha venido construyendo el mandatario estatal podría verse empañado por funcionarios de la Secretaría que, en lugar de fortalecer la gobernabilidad, parecen privilegiar intereses personales y económicos por encima de la legalidad, la transparencia y el interés público.
