Es tiempo de aplicar la ley o reubicar a la Normal Mactumactzá
Tras dos hechos comprobados de violencia atroz en contra de los propios estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Mactumactzá —uno ocurrido en 2018, en el que incluso una joven perdió la vida, y el acontecido el pasado martes, cuando un padre de familia denunció los atropellos cometidos al interior de la institución contra un centenar de jóvenes—, el gobierno del estado debe decidir si continuará soportando los embates de los “milicianos” normalistas o si optará por reubicar o, de plano, cerrar la escuela.
El mejor ejemplo es el anuncio del cierre, en todo el país, de las escuelas militarizadas, debido a que su “plan de estudios” es cualquier cosa, menos una garantía para brindar educación. El reciente caso de la adolescente que perdió la vida en una institución de Tamaulipas es un claro ejemplo de que urge que el gobierno de Chiapas actúe por el bien y la seguridad de los estudiantes, así como por la estabilidad social del sector educativo, dado que los normalistas son utilizados como carne de cañón para que la CNTE y la Sección 7 obtengan sus prebendas mediante la presión y la violencia desmedida.
Las llamadas novatadas de nuevo ingreso no son más que prácticas de adiestramiento de una institución hacia sus estudiantes para utilizarlos posteriormente en acciones contra cualquier decisión que no sea del agrado de la autoridad gubernamental.
Puede parecer un asunto insignificante, pero las prácticas de supervivencia realizadas al estilo militar son el requisito principal para poder permanecer en la Mactumactzá. Si los alumnos resisten, entonces estarán aptos para bloquear carreteras, quemar camiones y enfrentar a los cuerpos policiacos, prácticas que realizan sin que se les moleste en el rubro judicial. Ese ha sido el modus operandi de la escuela y, en todo momento, la autoridad educativa ha cedido a sus exigencias y caprichos.
Bajo el manto protector del discurso público de que los alumnos, hombres y mujeres, no pueden ser agredidos cuando cometen actos de violencia o desestabilización social, la consigna al interior del Comité Estudiantil —que es quien realmente gobierna la Escuela— es imponer su propia ley.
Es cierto que la instrucción que recibe un alumno en una escuela militarizada es muy diferente a la que recibe en una escuela normal; sin embargo, todo indica que las prácticas irregulares de la Normal Mactumactzá rebasan cualquier límite.
Y no se está inventando nada. Un padre de familia, originario de Simojovel, tuvo el valor de denunciar los abusos y la violencia física que sufrió su hija, quien estuvo a punto de perder la vida.
La fiscalía general del Estado confirmó que ya son cinco las denuncias penales presentadas por las novatadas que aplica la Normal. La interrogante que ha surgido en las redes sociales es si, en realidad, la autoridad aplicará la ley para sancionar estos excesos.
Si se pretende actuar contra el director de la escuela, todos saben que este no tiene voz ni voto, que su cargo es meramente formal, porque quienes realmente operan son los integrantes del Comité Estudiantil, que fraguan toda una estrategia para mantener el control político, social y económico de la Normal.
Los abusos contra los alumnos de nuevo ingreso se cometieron bajo el disfraz de un supuesto “curso de inducción”, que durante tres semanas se aplicaría a las decenas de estudiantes que ingresaron al plantel. Queda claro que la “capacitación” que reciben los normalistas está orientada a prepararlos mentalmente para participar en marchas, plantones y actos vandálicos.
Al final del camino, estos antecedentes constituyen el argumento perfecto para reubicar la escuela a un entorno donde los alumnos aprendan el verdadero significado de una Escuela Normal Rural y no permanezcan en una zona urbana, donde terminan actuando como mercenarios de la educación.
Conociendo el contexto de este problema, no tardará en que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Sección 7 del SNTE tomen partido y extiendan su apoyo a los normalistas, argumentando que estas prácticas “salvajes” de violencia forman parte de su formación académica.
Como se dice en el deporte, es ahora o nunca cuando el gobierno de Chiapas debe decidirse a poner orden y obligar a la institución a cumplir con su función explícita: educar, y no permitir que sus estudiantes actúen como maleantes por las calles sin que la ley los sancione.
La otra salida es que se finquen responsabilidades penales a los dirigentes, se les detenga, se les expulse de la Escuela y se inicie una nueva etapa en la que prevalezca realmente la educación, y no el fomento de grupos de élite o de choque al servicio de intereses ajenos a la formación académica. ¿Actuará la FGE? Buena pregunta, cuya respuesta debe tenerse a la brevedad. De ello depende la garantía de una educación con valor, no con violencia y muerte latente.
