¿Y Pepe Cruz para cuándo?
El lunes por la tarde, el fiscal general del estado, Jorge Llaven Abarca, dio a conocer la detención de seis exfuncionarios de nivel medio de la Secretaría de Salud y del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), relacionados con presuntos actos de corrupción.
En el caso de la Secretaría de Salud, se iniciaron carpetas de investigación por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y abuso de autoridad, derivadas de presuntas irregularidades como la falta de cuadros comparativos, ausencia de dictámenes económicos y de adecuación, carencia de evidencia documental sobre la ejecución física de los servicios, así como insuficiencia de documentación soporte y comprobatoria de diversas acciones.
Las cuatro personas detenidas desempeñaron funciones en las direcciones de Infraestructura, Recursos Materiales y Servicios Federales, así como en las entonces jefaturas de departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales. Todos ellos formaron parte del equipo de trabajo del hoy senador José Manuel Cruz Castellanos, quien renunció a la Secretaría de Salud el 27 de febrero de 2024 para buscar una curul en el Senado, postulado por Morena, PVEM, PT, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario.
Hoy, esos cuatro exfuncionarios aparecen como los sacrificados de una red de corrupción que, según múltiples señalamientos, durante años operó en la Secretaría de Salud. En redes sociales ha comenzado a circular una pregunta que cada vez cobra más fuerza: ¿cuándo será llamado a rendir cuentas el autodenominado «Dr. Pepe Cruz»?
Desde entonces, ninguno de los partidos que lo postularon ha alzado la voz para cuestionar el presunto dispendio de recursos públicos provenientes de la Secretaría de Salud que, de acuerdo con diversas denuncias, sirvieron para promover la imagen del entonces secretario rumbo al Senado. Para muchos, no es un secreto que actuó con ventaja, abusó de los recursos de la dependencia y dejó en el abandono a miles de familias ante la falta de medicamentos, equipo e insumos médicos.
La desfachatez, la ostentación y el uso de recursos públicos con fines personales fueron evidentes. No es un señalamiento exclusivo de este espacio editorial: existen denuncias públicas, documentación difundida en redes sociales y expedientes que, en teoría, deberían ser atendidos por las instancias competentes.
El cuestionamiento por la aparente opacidad que rodea al senador —a quien sus críticos consideran más un «matasanos» que un representante de la salud pública— es cada vez más evidente. Pareciera que sus presuntas irregularidades permanecen protegidas. Desde el inicio de la actual administración se anunció que la gestión de Cruz Castellanos sería auditada; sin embargo, a más de año y medio de distancia, no existen resultados públicos.
Ello alimenta la percepción de que la impunidad es la principal credencial con la que navega el hoy presidente de la Comisión de Salud del Senado, cuyo trabajo legislativo difícilmente se refleja, según sus detractores, en beneficios palpables para los chiapanecos que dice representar.
El senador presume pertenecer al denominado «Grupo Tabasco», encabezado por su homólogo Adán Augusto López Hernández. Su llegada a Chiapas estuvo vinculada a la relación política que mantenía con la entonces esposa del exgobernador Rutilio Escandón Cadenas.
Precisamente esa cercanía política, derivada del parentesco entre la entonces esposa del exmandatario y López Hernández, ha sido señalada por diversos actores como uno de los factores que explicarían el respaldo del que ha gozado Cruz Castellanos. A ello se suman los señalamientos públicos que han involucrado al senador tabasqueño con presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora, acusaciones que han sido ampliamente difundidas en medios y que han generado investigaciones y controversia pública.
El poder político del llamado «Dr. Pepe Cruz» parece haber dejado atrás las denuncias presentadas en su contra. Incluso la diputada de Morena, Olvita Palomeque Pineda, lo señaló en su momento por presuntos vínculos con las empresas tabasqueñas MK del Sureste y Medial BBS, las cuales figuraban entre las principales proveedoras de insumos médicos durante su gestión al frente de la Secretaría de Salud.
También se documentaron presuntas irregularidades mediante información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde consta la asignación de contratos a empresas señaladas como fantasma, entre ellas JRS Ingeniería Integral y Grupo IASES. Tan solo entre 2020 y 2022, dichas compañías habrían recibido contratos por más de 58 millones de pesos.
Hay quienes lo llaman el «doctor botarga». Lo cierto es que el senador presume con orgullo su militancia en Morena. Si el partido mantiene una política de protección hacia personajes señalados por presuntos actos de corrupción, corre el riesgo de confirmar lo que desde hace tiempo se advierte en estas páginas: que está cavando su propio desgaste político al no castigar conductas que la ciudadanía exige esclarecer. De no corregir el rumbo y aplicar la ley sin distingos, los costos políticos podrían hacerse evidentes más temprano que tarde.
