Sobrepoblación carcelaria obliga a construir un nuevo centro de reclusión
El sistema penitenciario lleva varios lustros saturado, no sólo en México, sino también en los centros de reclusión estatales y federales ubicados en territorio chiapaneco. Por ello, las denuncias públicas sobre el hacinamiento en las cárceles no son un tema nuevo.
En realidad, la política de «abrazos, no balazos», instaurada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, permitió que los centros penitenciarios tuvieran un respiro en cuanto al ingreso de presuntos delincuentes, debido a que no se combatió con la firmeza necesaria a la delincuencia en todos sus niveles.
Esta realidad propició que los grupos del crimen organizado crecieran, se desplazaran e instalaran en gran parte del territorio nacional sin que existiera una autoridad capaz de hacerles frente. Tan es así que ni la creación de la Guardia Nacional fortaleció la política de seguridad; por el contrario, crecieron las denuncias de impunidad y de presunta complicidad entre delincuentes y autoridades.
El resultado fue el surgimiento y fortalecimiento de colectivos defensores de los derechos humanos, así como de grupos de familiares dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas y de organizaciones que exigen justicia para las víctimas de feminicidio, cuyos agresores, en algunos casos, lograban evadir la acción de la justicia gracias a la protección que presuntamente recibían.
La complacencia y la impunidad que prevalecieron durante el sexenio anterior, tanto a nivel federal como en la mayoría de las entidades del país, incluida Chiapas, también se reflejaron en un menor ingreso de presuntos delincuentes a las cárceles.
Sin embargo, este panorama cambió radicalmente con la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, cuya política de combate al crimen organizado obligó a México a intensificar las acciones contra los grupos criminales.
Las cifras de detenidos que ha dado a conocer el Gobierno de la República superan las 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto y por vínculos con el crimen organizado. Esta cantidad se encuentra distribuida en los centros penitenciarios del país, cuya capacidad depende de una infraestructura integrada por 325 establecimientos: 14 federales, 261 estatales y 50 especializados para adolescentes.
Aunque el número de centros penitenciarios parece suficiente, en la práctica ha sido rebasado, ya que durante los últimos ocho años —los seis del gobierno de López Obrador y los casi dos de la administración de Claudia Sheinbaum— no se ha construido ningún nuevo penal federal.
El problema de la sobrepoblación carcelaria también obedece a la lentitud con la que se desarrollan los procesos judiciales de miles de personas que permanecen en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia.
Datos del Inegi señalan que en México existe un sobrecupo cercano al 40 por ciento en los centros penitenciarios. Se trata de una cifra preocupante, ya que el hacinamiento afecta las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y convierte la supervivencia dentro de los penales en una lucha donde prevalece quien tiene mayor poder o respaldo al interior de esos espacios.
Chiapas tampoco escapa a esta problemática, sobre todo si se considera que, en promedio, 12 personas ingresan diariamente a los 17 centros penitenciarios federales y estatales ubicados en la entidad.
Durante el año pasado ingresaron 4 mil 541 personas a los centros penitenciarios y especializados del estado, lo que representa un promedio de 12.44 ingresos diarios. Del total, el 11.4 por ciento correspondió a mujeres y el 88.6 por ciento a hombres, cifras que colocan a Chiapas como la décima entidad del país con mayor número de ingresos a estos espacios.
Sin duda, estos datos también reflejan los resultados de la estrategia de seguridad implementada a partir de la llegada del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien emprendió acciones para combatir a los grupos criminales que se fortalecieron durante la administración de Rutilio Escandón Cadenas.
Ante este escenario de sobrepoblación, tanto el gobierno federal como el estatal deberían planear la construcción de un nuevo Centro de Reinserción Social (Cereso), con la capacidad y las condiciones de seguridad necesarias para albergar a los reclusos de alta peligrosidad detenidos en la entidad, así como a aquellos que el sistema penitenciario federal traslada de manera regular a los centros regionales.
