- La diputada federal integra la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mientras la ASF mantiene observaciones por más de 7.2 millones de pesos derivadas de la Cuenta Pública 2023 del Ayuntamiento de Tapachula.
Tapachula, Chiapas.— La transparencia y la rendición de cuentas no sólo exigen el cumplimiento de la ley; también demandan evitar cualquier circunstancia que pueda comprometer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Actualmente, Rosa Irene Urbina Castañeda es diputada federal e integra la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano legislativo responsable de supervisar el desempeño del máximo ente fiscalizador del país.
Sin embargo, la propia Auditoría Superior de la Federación mantiene observaciones derivadas de la Cuenta Pública 2023, correspondiente al último año de su administración como presidenta municipal de Tapachula. En la Auditoría 630/2023, la ASF emitió un pliego de observaciones por 7 millones 223 mil 312 pesos, al advertir un probable daño a la Hacienda Pública Federal.
Entre los principales hallazgos, la ASF determinó que el Ayuntamiento no acreditó que las luminarias adquiridas cumplieran con las especificaciones establecidas en los contratos, pese a que fueron pagadas con recursos públicos. Asimismo, identificó un posible conflicto de interés en la adjudicación del contrato para la remodelación del Parque Central Miguel Hidalgo, al advertir un parentesco entre un contratista y un servidor público municipal, situación que derivó en cinco promociones de responsabilidad administrativa.
A este contexto se suma que Javier Eduardo Rubiera Urbina, hijo de Rosa Irene Urbina Castañeda, ocupa actualmente el cargo de Director de Dictaminación C.2 dentro de la Auditoría Superior de la Federación. Si bien este hecho, por sí mismo, no implica responsabilidad alguna, la integración de la diputada a la Comisión de Vigilancia de la ASF y la presencia de un familiar directo en un cargo directivo dentro del órgano fiscalizador hacen indispensable ofrecer una explicación pública que despeje cualquier duda sobre la independencia e imparcialidad de los procesos de fiscalización.
La pregunta es legítima y merece una respuesta clara: ¿cómo garantizar la plena confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de los procesos de fiscalización cuando una exalcaldesa con observaciones derivadas de la Cuenta Pública 2023 forma parte de la Comisión encargada de vigilar políticamente a la institución que fiscaliza el uso de los recursos públicos?
La transparencia no sólo consiste en rendir cuentas; también exige evitar cualquier circunstancia que pueda generar dudas sobre la independencia de las instituciones. Hoy, los ciudadanos de Tapachula merecen respuestas claras, certeza en el actuar de las autoridades y la garantía de que la fiscalización se ejerce con absoluta objetividad, imparcialidad y apego a la ley.
