Lo diametralmente opuesto
La defensa a ultranza que, una vez más, hizo el gobierno federal de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de la difusión de un audio en el que presuntamente manifiesta su disposición a colaborar con las autoridades de Estados Unidos en temas de seguridad, debilita el discurso de la Cuarta Transformación de que no existen vínculos entre sus servidores públicos y la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, erosiona la credibilidad y la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sostener que no existe delito alguno que perseguir porque la conversación telefónica de la mandataria con un abogado y asesor estadounidense no compromete la seguridad nacional ni revela información de las mesas de paz del gobierno federal, contrasta con el trato que el propio Estado ha dado a personajes identificados con la derecha y la ultraderecha, contra quienes sí ha emprendido investigaciones y procesos judiciales.
La oposición no dejó pasar la oportunidad para comparar el caso de Marina del Pilar con el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Argumenta que a la mandataria bajacaliforniana le fue retirada la visa estadounidense; que su exesposo es investigado por presunto fraude; y que ella misma buscó un acercamiento con autoridades de Estados Unidos para cooperar y declarar sobre las acusaciones que la vinculan con la delincuencia organizada. En contraste, a Maru Campos se le ha señalado por colaborar con agencias estadounidenses en el combate al narcotráfico sin la autorización del Gobierno de México para el ingreso de agentes extranjeros al territorio nacional.
A Maru Campos se le cuestiona y se le investiga; a Marina del Pilar, en cambio, se le exonera e incluso se le alienta a denunciar al periodista que difundió el audio por el presunto delito de espionaje, bajo el argumento de que la grabación de conversaciones privadas está sancionada por la legislación mexicana.
En este país sobran los ejemplos de funcionarios de alto nivel, así como de personas cercanas al poder, que han tenido que renunciar o separarse de sus cargos después de ser exhibidos en conversaciones o reuniones relacionadas con actos irregulares.
Ahí están los llamados «videoescándalos», en los que René Bejarano fue grabado recibiendo fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada; la reciente renuncia de dos funcionarias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por utilizar oficinas oficiales para grabar publicidad de una marca de botanas; los colaboradores del Senado y el secretario particular del entonces gobernador de Querétaro captados recibiendo dinero en efectivo; el caso del llamado «Niño Verde», Jorge Emilio González Martínez, quien en 2004 solicitó licencia tras difundirse un video en el que presuntamente negociaba un soborno para autorizar desarrollos hoteleros en Quintana Roo; la conversación entre el empresario Kamel Nacif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, en perjuicio de la periodista Lydia Cacho; o el caso de Julio César Godoy Toscano, grabado conversando con Servando Gómez Martínez, «La Tuta», líder de La Familia Michoacana, quien incluso lo felicitó anticipadamente por su triunfo electoral como diputado federal. Todos estos episodios marcaron la vida pública del país.
En la mayoría de esos casos, los involucrados enfrentaron consecuencias políticas inmediatas: renunciaron, solicitaron licencia o fueron separados de sus funciones mientras se desarrollaban las investigaciones. Hoy el criterio parece distinto. A Marina del Pilar prácticamente se le ha perdonado el tropiezo político que representa la difusión de ese audio y el desgaste que ocasiona al gobierno federal.
De manera implícita, el caso confirma que existe algún nivel de interlocución con autoridades estadounidenses, al grado de que la propia autoridad mexicana afirma desconocer con quién hablaba realmente la gobernadora de Baja California. Tan delicado resulta este episodio como el hecho de que, después de dos años de investigaciones, la Fiscalía General de la República no hubiera identificado plenamente al piloto señalado de trasladar a Ismael «El Mayo» Zambada a territorio estadounidense. Lo detuvo, lo extraditó y, aun así, persistieron dudas sobre su identidad. Insólito, pero cierto.
Las deficiencias de la justicia mexicana también quedan reflejadas en otros episodios recientes. Ahí está la salida de Ulises Lara como vocero de la Fiscalía General de la República. Oficialmente se informó que renunció por motivos personales; sin embargo, distintas versiones apuntan a que su relevo obedeció a la incapacidad de sostener jurídicamente la prisión de la hermana de Emilio Lozoya, quien hoy enfrenta su proceso en libertad.
En medio de la polémica, Marina del Pilar aseguró que todo fue una trampa tendida por quien fuera su amigo, Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California. Según su versión, él se ofreció a ayudarla a establecer contacto con autoridades estadounidenses para atender el problema relacionado con su visa. «Confié de buena fe en el exgobernador, pero me utilizó para grabar una conversación privada y afectarme políticamente», afirmó.
Si esa explicación resulta cierta, será un asunto que ambos deberán resolver. Sin embargo, ello no elimina las interrogantes sobre las razones que motivaron el retiro de su visa ni las versiones sobre investigaciones o procesos abiertos en Estados Unidos.
Al final, la diferencia en el tratamiento judicial entre los aliados de la Cuarta Transformación y sus adversarios parece recorrer miles de kilómetros. Ahí está el caso del influencer Rodolfo «Fofo» Márquez, sentenciado a 17 años y seis meses de prisión por agredir brutalmente a una mujer en Naucalpan, Estado de México. En contraste, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido e investigado por agredir físicamente a su esposa, pero recuperó su libertad apenas unos días después. Para la autoridad, todos son casos distintos. Para la opinión pública, la percepción de un doble rasero sigue alimentando el debate.
