Becas sin exigencia: ¿educación o rentabilidad política?
Durante años, el Gobierno de la República ha presumido como uno de sus mayores logros sociales la entrega de millones de becas y apoyos educativos. Para el próximo ciclo escolar volverá a destinar recursos históricos: más de siete millones de paquetes de útiles y uniformes escolares, ocho millones de becas Rita Cetina, cuatro millones de becas Benito Juárez y 423 mil apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Las cifras son espectaculares. El discurso oficial también. Lo que no aparece con la misma fuerza son los resultados.
Mientras el presupuesto destinado a becas crece año tras año, la educación mexicana continúa estancada. Las evaluaciones internacionales siguen colocando al país entre los de menor rendimiento académico. La prueba PISA revela que apenas el 34 por ciento de los estudiantes alcanza un nivel básico en matemáticas, mientras que en lectura y ciencias los resultados siguen siendo insuficientes para competir con economías de desarrollo similar.
La pregunta resulta inevitable: ¿de qué sirve repartir millones de becas si los alumnos no aprenden más?
El problema no es entregar apoyos económicos. Nadie puede negar que miles de familias utilizan ese dinero para aliviar la presión de sus gastos diarios o para comprar útiles escolares. En un país donde la pobreza sigue golpeando a millones de hogares, esos recursos representan un alivio. El verdadero cuestionamiento es que el Estado parece haber renunciado a exigir algo a cambio.
Las becas dejaron de ser un incentivo al esfuerzo para convertirse en un beneficio prácticamente universal. No distinguen entre quien obtiene calificaciones sobresalientes y quien apenas cumple con asistir a clases; tampoco premian la disciplina, el rendimiento o la mejora académica. Permanecer en la escuela parece suficiente, aunque los conocimientos no avancen.
En cualquier país que aspire a competir con las economías más desarrolladas, la inversión pública en educación está acompañada de metas claras, evaluaciones constantes y estímulos al desempeño. En México ocurre lo contrario: el dinero se entrega sin que existan indicadores que permitan demostrar que la calidad educativa mejora como consecuencia de esa inversión.
Los datos son contundentes. A pesar de la expansión de las becas, alrededor del 11 por ciento de los estudiantes de bachillerato abandona la escuela cada año. Es decir, el enorme esfuerzo presupuestal tampoco ha conseguido resolver uno de los problemas históricos del sistema educativo: la deserción escolar.
Más aún, cifras del INEGI muestran que el 51 por ciento de los beneficiarios vive en municipios con baja o muy baja pobreza, mientras que apenas el 32 por ciento habita en municipios con altos niveles de marginación. Esto alimenta otro debate: si el objetivo era apoyar prioritariamente a quienes más lo necesitan, la distribución de los recursos tampoco parece responder plenamente a ese propósito.
En economía, una inversión se mide por sus resultados. Si después de destinar cientos de miles de millones de pesos los niveles de aprendizaje permanecen prácticamente iguales, la eficiencia del gasto merece ser revisada. No basta con presumir el número de beneficiarios; lo verdaderamente importante es cuántos estudiantes leen mejor, resuelven problemas matemáticos con mayor facilidad, concluyen sus estudios o logran incorporarse a empleos mejor remunerados.
La educación no debería convertirse en una política de popularidad. Cuando el éxito de un programa se mide únicamente por la cantidad de becas entregadas y no por la calidad de los egresados, el riesgo es enorme: formar generaciones con mayores apoyos económicos, pero con las mismas deficiencias académicas.
El debate no consiste en eliminar las becas. Sería un error. Lo que debe discutirse es si esos recursos están construyendo un mejor sistema educativo o si han terminado por convertirse en una herramienta de alto rendimiento político. Porque mientras los gobiernos celebran millones de apoyos entregados, los indicadores educativos siguen recordando una realidad incómoda: México continúa reprobando la asignatura más importante para su futuro.
La verdadera política educativa no debería medirse por el número de tarjetas repartidas, sino por el número de jóvenes que egresan con conocimientos suficientes para transformar su vida y contribuir al desarrollo del país. Mientras esa ecuación no cambie, las becas seguirán siendo una valiosa política social, pero difícilmente podrán presumirse como una política educativa exitosa.
