A trabajar contra las causas que generan violencia
Pareciera que el reciente hallazgo de varios cuerpos en el municipio de El Bosque, en la zona norte de Chiapas, aceleró la instalación del Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos.
Sin embargo, este mecanismo ya se venía preparando con antelación y, para evitar que la situación pudiera salirse de control, el gobierno estatal decidió enfocar todos sus esfuerzos en atender el origen de los factores que generan violencia.
Será, sin duda, una tarea titánica, inmensa. No será sencilla, pero tampoco puede dejar de emprenderse. El objetivo es que todas las instituciones de la administración pública coordinen acciones para combatir con mayor eficacia los delitos, muchos de los cuales tienen su origen en el entorno familiar y posteriormente se trasladan al ámbito social.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar calificó esta estrategia como una nueva etapa para consolidar la paz en Chiapas. El plan contempla el fortalecimiento de 58 programas orientados a la prevención del delito y al combate de las causas que alimentan la violencia.
Para lograrlo, resulta indispensable que no sólo participen las autoridades gubernamentales, sino también la sociedad chiapaneca. La construcción de la paz no puede recaer exclusivamente en el Estado; requiere del compromiso y la corresponsabilidad de todos.
Entender por qué ocurren los delitos y atender sus causas de fondo representa el primer paso de esta estrategia. Como ha señalado el gobernador, se necesita unidad. Gobierno y sociedad deben cerrar filas para prevenir la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes.
El tema no es nuevo. Lo que sí debe reconocerse es que, durante años, la política pública de prevención fue relegada. La violencia alcanzó niveles alarmantes y, en ese deterioro, también hubo responsabilidad gubernamental, pues algunos servidores públicos terminaron vinculándose con grupos de la delincuencia organizada.
La realidad tiene nombre y apellido. Basta recordar el profundo daño ocasionado por elementos de distintas corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno que decidieron actuar como informantes, cómplices o incluso integrantes de organizaciones criminales.
No hay que olvidar que muchos de esos policías eran padres de familia. Sus acciones terminaron convirtiéndose en un mal ejemplo para sus hijos y, posteriormente, para su entorno social. Esa cadena de descomposición ha sido difícil de romper, pero aún es posible corregir el rumbo.
Por lo pronto, durante el primer año de la actual administración e incluso en lo que va del segundo, la depuración de las corporaciones policiales, junto con la rotación y cambio de adscripción de numerosos elementos, ha dado resultados positivos, sobre todo al dejar claro que la autoridad no tolerará conductas que pongan en riesgo la vida y la seguridad de la población.
De acuerdo con estudios preliminares, los municipios donde la incidencia de la violencia presenta mayores niveles son Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, Suchiate, Huixtla, Mapastepec, Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Jiquipilas y Tuxtla Chico.
En esta iniciativa participan autoridades federales, estatales y municipales encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, así como instituciones públicas, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil.
Chiapas no quiere perder el terreno que tanto esfuerzo ha costado recuperar para devolver la paz a sus habitantes. Bajo esa premisa, el mensaje del gobernador no debe interpretarse como una amenaza ni como un abuso de poder, sino como el compromiso de hacer cumplir la ley sin excepciones, combatiendo la impunidad y actuando con firmeza contra quienes delinquen.
Esta cruzada para construir la paz será compleja. Implicará entrar a miles de hogares para orientar, persuadir y acompañar a las familias en la identificación de los factores que propician la violencia, el acoso, la violencia intrafamiliar y otras formas de agresión. Al mismo tiempo, será necesario enfrentar el permanente esfuerzo del crimen organizado por reclutar a niñas, niños y jóvenes para incorporarlos a sus filas.
La prevención debe convertirse en el eje central de esta política pública. Sólo así podrán evitarse desenlaces que nadie desea y, en cambio, abrirse oportunidades para construir una convivencia basada en el respeto, el trabajo, la solidaridad y el bienestar colectivo.
Habrá quienes consideren que combatir las causas de la violencia es un sueño imposible o una tarea desproporcionada. Sin embargo, vale recordar el viejo principio de que «no hay peor lucha que la que no se hace». Renunciar a intentarlo significaría aceptar la violencia como un destino inevitable.
En este esfuerzo, los primeros obligados a actuar con rectitud deben ser los propios integrantes de los gobiernos federal, estatal y municipal. La corrupción debe combatirse con todo el peso de la ley y sin distinciones. Sólo así la transparencia, la rendición de cuentas y el ejemplo institucional podrán convertirse en los pilares de una estrategia de paz verdaderamente creíble.
