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La detención de Gilda Susana Lozoya Austin en la Ciudad de México demuestra que el caso de su hermano, Emilio Lozoya, nunca fue solamente uno de corrupción relacionado con Odebrecht, Agronitrogenados y otros escándalos. Detrás del exdirector de Pemex se construyó una compleja red financiera y patrimonial que, durante más de una década, dejó rastros en al menos siete países y terminó involucrando a buena parte de su familia. Lo ocurrido esta jueves confirma que, seis años después de la extradición de Lozoya, la historia está lejos de haber concluido.
Emilio Lozoya Austin fue detenido en España, en febrero de 2020, con fines de extradición a México. En Alemania, su madre, Gilda Margarita Austin, había sido detenida mientras la Fiscalía de Múnich investigaba presuntas operaciones de lavado y ordenaba cateos en inmuebles relacionados con Marielle Helene Eckes, entonces esposa del exdirector de Pemex. En Suiza, los movimientos financieros llamaron la atención de UBS y Morgan Stanley, donde se administraban cuentas vinculadas con sociedades utilizadas por la familia. En Reino Unido apareció Royal Exchange TEG Capital; en Luxemburgo otras estructuras corporativas; en Islas Vírgenes Británicas la offshore Tochos Holding, y en Estados Unidos surgieron registros de operaciones bancarias, compras de arte y direcciones utilizadas para abrir cuentas y administrar activos. Pocas investigaciones por corrupción han extendido su radio de acción con semejante alcance geográfico.
Uno de los datos más reveladores es que los bancos internacionales comenzaron a detectar riesgos antes que las autoridades mexicanas. Documentos conocidos a partir de los FinCEN Files muestran que desde 2013 UBS ya clasificaba a Lozoya como Persona Políticamente Expuesta y discutía internamente el origen de los recursos que ingresaban a las cuentas relacionadas con Tochos Holding. Los oficiales de cumplimiento cuestionaban las transferencias millonarias, las estructuras offshore y el rol que desempeñaban algunos familiares, entre ellos Gilda Lozoya, señalada como beneficiaria de determinadas sociedades. Es decir que mientras en México Lozoya ascendía a la dirección de Pemex y encabezaba la implementación de la reforma energética, en la banca privada internacional ya existían alertas sobre su patrimonio y sus movimientos financieros.
La inclusión familiar fue parte central de las investigaciones. Emilio Lozoya fue el rostro público del escándalo, pero con el paso de los años aparecieron su madre, su entonces esposa Marielle Eckes, investigada por operaciones con recursos de procedencia ilícita; y ahora Gilda Lozoya, capturada por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en operaciones relacionadas con Agronitrogenados. La hipótesis ministerial sostiene que distintos integrantes del entorno familiar figuraban como beneficiarios, accionistas o titulares de sociedades empleadas para administrar recursos cuyo origen está bajo investigación. Más allá de la responsabilidad penal que corresponda a cada uno, lo que hay detrás es una estructura patrimonial familiar.
Cuando Lozoya Austin aterrizó en México en julio de 2020, el gobierno de López Obrador prometió que sus declaraciones abrirían uno de los mayores procesos anticorrupción en la historia reciente. Se habló de una cadena de responsabilidades que alcanzaría a expresidentes, exsecretarios de Estado, legisladores y empresarios. La realidad es que ninguno de las denuncias prosperó, salvo una contra un exlegislador del PAN que ahora trabaja en el gobierno de la morenista Layda Sansores, en Campeche.
