Cero tolerancia a la explotación infantil y de adolescentes
Chiapas, entre sus problemas más visibles y que han sido un dolor de cabeza para el gobierno, se encuentra la explotación de niñas, niños y adolescentes, la cual se practica principalmente en los pueblos originarios. Las escenas de pobreza y condiciones infrahumanas se observan en ciudades como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, donde los menores son obligados por sus familiares a pedir limosna.
Las intersecciones viales se han convertido en “fuentes de trabajo” para la niñez y adolescentes que realizan piruetas, limpian vidrios o venden agua, fritangas o cualquier producto de temporada.
Se trata de una situación que las autoridades buscan revertir, sin lograr aún resultados totales. Por ello, hoy destaca la decisión de Chiapas de sumarse formalmente a la campaña global “Cero Tolerancia”, una iniciativa impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para combatir la explotación sexual infantil.
Las cifras son alarmantes en Chiapas: el 77.3% de la población de 0 a 17 años vive en situación de pobreza, y el 36.9% de la niñez y adolescencia se encuentra en condiciones de pobreza extrema, lo que representa aproximadamente 778 mil personas.
La presidenta del DIF Chiapas, Sofía Espinoza, es consciente de que la protección de la niñez requiere del esfuerzo de todas y todos. Como ella lo expresa, “cada acción de prevención, sensibilización y denuncia contribuye a salvaguardar sus derechos y a construir una sociedad más humana y comprometida con su bienestar”.
El anhelo de ver crecer a la niñez libre de violencia y explotación es un objetivo difícil de alcanzar debido al rezago ancestral que persiste en el sector indígena. Por ello, el miércoles, como pocas veces se había escuchado, resonó el llamado de la titular del DIF al hacer un enérgico exhorto a las estructuras gubernamentales, ayuntamientos, sector empresarial y ciudadanía en general para trabajar de manera conjunta.
En ese sentido, positivo que la actual administración esté comprometida con la protección de las infancias, una noticia alentadora que pone el foco en este sector, no como vulnerable, sino como históricamente vulnerado por gobiernos que fueron omisos en su responsabilidad social.
La señora Sofía, esposa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, está consciente de que la responsabilidad no recae únicamente en la autoridad, sino en toda la sociedad en su conjunto, pues visibilizar el cuidado de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad.
En este entramado, las cifras del INEGI son alarmantes: más de 338 mil niños, niñas y adolescentes —equivalente al 14% de la población infantil— trabajan en condiciones de jornadas extenuantes. Chiapas concentra casi el 10% de toda la población infantil ocupada a nivel nacional.
A esta situación se suma la deserción escolar, ya que en el ciclo 2024–2025 abandonaron la escuela casi 72 mil alumnos, lo que coloca a Chiapas como el segundo estado del país en esta condición, sólo por debajo del Estado de México.
También habría que destacar que la inseguridad, los conflictos religiosos y la aparición de grupos criminales han provocado que muchas familias abandonen sus comunidades y, por seguridad de sus integrantes, se trasladen a las ciudades, generando así más pobreza.
La política de cero tolerancia a la violencia y la explotación infantil en cada rincón del territorio chiapaneco es una buena noticia que debe fortalecerse. Pero que no basta con buenas intenciones. Es necesario que se integren todas las dependencias de los tres niveles, pues el tema no debe ser solo responsabilidad de la señora Sofía, sino de todo Chiapas.
