Los atropellos de los colectiveros: ¿dónde está la Secretaría de Movilidad?
¿Dónde está la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas para frenar los abusos de algunos conductores del transporte colectivo? Sí, de ese servicio público cuyos operadores —no todos, desde luego— hacen y deshacen a su antojo, sin respetar los derechos de las personas adultas mayores, a quienes en ocasiones se niegan a subir a las unidades y, cuando logran abordar, les exigen el pago completo del pasaje bajo el argumento de que no presentan su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
Muchos conductores son groseros y manejan como si se fuera a acabar el mundo. Se entiende que deben cubrir la cuota que les exigen los llamados “pulpos del transporte”, propietarios de concesiones y unidades, y además obtener ingresos para sostener a sus familias. Sin embargo, poner en riesgo la vida de las personas es un asunto sumamente delicado.
Más grave aún es que la autoridad se haga de la vista gorda y sólo implemente operativos de vigilancia cuando ocurren accidentes o se acumulan denuncias por los constantes abusos.
Las calles de la capital se convierten en auténticas pistas de carrera, ya sea para ganar más pasaje o porque esa práctica se ha normalizado entre algunos operadores. En otros casos, ni siquiera se dignan a descender a los usuarios en la parada solicitada y lo hacen hasta donde les parece conveniente, ya sea porque van distraídos conversando o porque llevan la música a un volumen excesivo.
Desde hace años se ha denunciado la presunta complicidad de algunos inspectores, quienes omiten sancionar a conductores que violan la Ley de Transporte o que no respetan los descuentos y beneficios para las personas adultas mayores. Para ciertos funcionarios parece ser más importante engrosar sus bolsillos que hacer cumplir la ley.
Se entiende que estas prácticas se hayan fortalecido durante la gestión de Aquiles Espinosa García, pues es ampliamente conocida la forma en que operó la dependencia bajo su administración. Sus intereses, comentados en distintos círculos políticos, alimentan esa percepción.
Sin embargo, que las nuevas autoridades no hagan nada para resolver este problema sí representa una situación grave que la máxima autoridad del estado debe atender. Si no saben cómo hacerlo, una medida sencilla sería aprovechar las estrategias de supervisión encubierta que tanto se mencionan actualmente.
Y no se trata de provocar desmanes, quemar neumáticos o generar conflictos. De lo que se trata es de incorporar inspectores encubiertos como pasajeros para que constaten de primera mano lo que diariamente denuncian los usuarios.
Si en la capital operan alrededor de 130 rutas de colectivos, existe la posibilidad de supervisar diariamente una parte importante de ellas. De encontrarse irregularidades, bastaría con solicitar el apoyo de una unidad de tránsito y aplicar las sanciones correspondientes.
No hay duda de que, si esta acción se implementara en las principales ciudades del estado, la situación comenzaría a normalizarse, pues la propia Secretaría tiene facultades para sancionar e incluso retirar la licencia a los conductores reincidentes.
En realidad, no hace falta demasiada imaginación para que la dependencia empiece a ofrecer resultados concretos ante las numerosas denuncias de usuarios que ven en riesgo su integridad física por la forma en que se conduce el transporte público y por los abusos cometidos contra las personas adultas mayores.
Las redes sociales están inundadas de quejas ciudadanas y, aun así, las autoridades parecen hacer caso omiso. La omisión institucional termina convirtiéndose en una forma de complicidad, y eso no debería permitirse.
Otra medida que podría sentar un precedente sería revocar la concesión a aquellos propietarios cuyas unidades incurran de manera reiterada en estas prácticas. Sólo así podrá comenzar a construirse un servicio de calidad y dejar de privilegiar a quienes permanecen cómodamente esperando los ingresos que sus operadores les llevan hasta la puerta de su casa.
Los diputados y diputadas, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, tienen en sus manos la posibilidad de pasar a la historia como verdaderos representantes del pueblo y no únicamente como actores de la grilla política o figuras dedicadas a las redes sociales, presumiendo banquetes y estilos de vida alejados de la realidad de miles de familias que apenas cuentan con lo indispensable para llevar tortillas y frijoles a su mesa.
