Durazo, Bedolla y la elección de Morena en 2027
Por Mario Maldonado
La revelación de Los Angeles Times sobre los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal volvió a encender la mecha dentro Morena. El diario estadounidense reportó que ambos mandatarios son objeto de investigaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales y que sus visas fueron revocadas. Los dos rechazaron la información. Durazo aseguró que se trata de señalamientos sin sustento y Villarreal negó cualquier procedimiento en su contra. La presidenta Claudia Sheinbaum optó por una respuesta medida y dejó que fueran los propios gobernadores quienes respondieran a las acusaciones.
El asunto, sin embargo, trasciende la discusión sobre una visa. En los últimos meses se ha vuelto evidente que las agencias estadounidenses han intensificado el seguimiento de políticos mexicanos, particularmente de aquellos que gobiernan entidades estratégicas para las rutas del narcotráfico y el tráfico de combustibles. La diferencia respecto a otros episodios es que ahora las investigaciones ya no parecen concentrarse en exfuncionarios o figuras del pasado, sino en gobernadores en funciones que forman parte del círculo político más cercano al proyecto de la Cuarta Transformación.
En el caso de Alfonso Durazo, la publicación del LATimes se suma a una cadena de episodios que han erosionado su posición política. Apenas en febrero, el mandatario sonorense exigió una aclaración pública a Julio Scherer Ibarra por las referencias incluidas en el libro Ni venganza ni perdón, escrito en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez. La obra retoma testimonios sobre presuntos esquemas de financiamiento político vinculados al empresario Sergio Carmona, identificado como una de las figuras centrales de la red de huachicol fiscal que operó en el noreste del país. Durazo sostuvo que Scherer le reconoció una imprecisión en las referencias relacionadas con Sonora y el exconsejero jurídico respondió que no existió una imputación directa contra el gobernador.
Más allá de esa polémica, el nombre de Sergio Carmona sigue siendo uno de los capítulos más explosivos para Morena. Su influencia política y financiera alcanzó campañas electorales en Tamaulipas, Sonora y Sinaloa. Y aunque ninguna autoridad en el país ha acreditado responsabilidades penales contra Durazo o contra otros gobernadores, el escándalo permanece tanto en México como en Estados Unidos. La persistencia de esos expedientes explica por qué cada nueva revelación genera tanto nerviosismo dentro del partido oficial.
Para Durazo, Rocha Moya y otros gobernadores señalados el asunto tiene además una dimensión político-electoral. Durazo también preside el Consejo Nacional de Morena y es uno de los operadores más importantes de la sucesión de gubernaturas que se pondrán en juego en 2027. Cualquier investigación que avance en su contra afecta inevitablemente la capacidad del partido para construir candidaturas y negociar alianzas en una elección que será determinante para la segunda mitad del sexenio de Claudia Sheinbaum y la supervivencia de la 4T.
Alfredo Ramírez Bedolla podría ser el siguiente. Fuentes estadounidenses aseguran que el gobernador de Michoacán aparece en un expediente también ligado al crimen organizado.
Mientras en los casos de Sonora y Tamaulipas las versiones apuntan a investigaciones en curso y eventuales restricciones migratorias, en el de Michoacán se habla de un expediente más avanzado y de posibles acciones del Departamento de Justicia.
Las referencias sobre Bedolla se asimilan al caso de Rubén Rocha Moya. La versión de funcionarios y exfuncionarios estadounidenses apunta a investigaciones que habrían acumulado información suficiente para justificar medidas judiciales contra el gobernador. En ese escenario, la cancelación de una visa sería apenas un paso menor frente a la posibilidad de solicitudes de detención con fines de extradición.
Ese contextoayuda a entender algunas de las declaraciones recientes de Claudia Sheinbaum sobre una presunta injerencia estadounidense en los procesos electorales mexicanos. Detrás del discurso de defensa de la soberanía hay una preocupación política concreta. Tres de los estados que renovarán gubernatura en 2027 aparecen de manera recurrente en conversaciones relacionadas con investigaciones federales estadounidenses. Sonora, Michoacán y Sinaloa representan territorios estratégicos para Morena y también entidades donde la continuidad del proyecto político oficialista dependerá de candidatos competitivos y de gobiernos locales sin cuestionamientos graves.
La situación resulta todavía más delicada porque Morena enfrenta señales de desgaste en distintas encuestas. Lo que comenzó como reportes aislados sobre visas canceladas amenaza con convertirse en un factor de alto impacto para la elección más importante del sexenio. La presidenta ya lo avizoró.
Posdata 1
La Secretaría de Hacienda no compró el pronóstico de la OCDE para la economía mexicana. Luego de que el organismo redujo de 1.3% a 0.8% su expectativa de crecimiento para México en 2026, el secretario Édgar Amador me dijo ayer que se trata de una revisión global derivada del impacto que tiene el conflicto en Medio Oriente sobre los precios de la energía, las cadenas de suministro y la actividad económica internacional. La postura del gobierno es que México no enfrenta un problema particular y que los ajustes a la baja en las proyecciones son parte de un ajuste generalizado de expectativas.
Me dijo que Hacienda ha decidido mantener sin cambios su pronóstico de crecimiento de entre 1.8% y 2.8%, con una estimación puntual de 2.3%. El secretario aseguró que modificar constantemente las previsiones en un entorno de incertidumbre podría enviar señales equivocadas a los mercados y sostuvo que existen condiciones para acercarse a ese rango durante la segunda mitad del año. La apuesta está en una estrategia de inversión pública, privada y mixta que comenzaría a reflejarse en la actividad económica en los próximos meses.
El titular de Hacienda también defendió el estado de la economía mexicana. Habló de un mercado laboral sólido, aumentos salariales, mejora en los ingresos promedio y reducción de la pobreza laboral como elementos que permiten enfrentar la volatilidad externa. “La economía mexicana es robusta, sólida y flexible”, dijo, al rechazar que exista un deterioro estructural que justifique un ajuste a la baja de las previsiones oficiales.
En el mismo tono, Amador expresó optimismo sobre Pemex. Aseguró que la petrolera está comenzando a mostrar resultados positivos derivados del plan de rescate financiero impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y destacó que incluso algunas señales del mercado apuntan a una mejor percepción de la empresa. Aunque reconoció que agencias calificadoras siguen observando riesgos para las finanzas públicas asociados a la petrolera, insistió en que Pemex “va en la dirección correcta” y que hacia finales de este año podrían observarse mejoras adicionales en sus resultados operativos y financieros.
Posdata 2
Más de 2 mil 600 millones de pesos en contratos para servicios de vigilancia en instalaciones de salud federal han sido adjudicados en lo que va de 2026 a Serprosep y empresas asociadas. La cifra incluye un contrato del IMSS-Bienestar por más de 2 mil 500 millones de pesos para la seguridad de hospitales y unidades médicas en Guerrero, Morelos, Tlaxcala y Tabasco, así como otro de la Secretaría de Salud por más de 130 millones de pesos para la vigilancia de oficinas y órganos desconcentrados. Se trata de una de las mayores concentraciones de contratos de seguridad privada registradas este año en el sector salud.
Hace unos días, EL UNIVERSAL, a través de una investigación de Luis Carlos Rodríguez, documentó que Serprosep y compañías relacionadas habrían acumulado cerca de 8 mil millones de pesos en contratos públicos entre 2024 y 2026, además de los presuntos vínculos de ese grupo empresarial con Raúl Rocha Cantú y con Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Abdalá, pareja de Manuel Bartlett. La investigación también dio cuenta de denuncias de competidores sobre supuestos procesos de contratación diseñados para favorecer a dichas empresas.
Lo novedoso es que, lejos de desacelerarse, el flujo de contratos continúa creciendo en el actual gobierno. Los nuevos convenios se concentran en instalaciones médicas, hospitales y oficinas encargadas de servicios públicos esenciales. En momentos en que el gobierno federal enfrenta presiones presupuestales en materia de salud y mantiene abiertos múltiples frentes relacionados con compras, abastecimiento y operación hospitalaria, la expansión de esta red de proveedores de seguridad comienza a llamar la atención por los montos involucrados y por la rapidez con la que sigue ganando terreno dentro de la administración pública federal.
Posdata 3
La CNTE advirtió este miércoles que mantendrá e incluso podría escalar sus movilizaciones en la Ciudad de México, luego de considerar insuficientes las respuestas obtenidas en las mesas de diálogo con el gobierno federal. A pesar de los encuentros sostenidos con autoridades de la Secretaría de Gobernación, Educación Pública e ISSSTE, la Coordinadora reiteró sus exigencias centrales, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras al sistema de pensiones y nuevas concesiones laborales. El resultado inmediato fue la prolongación del conflicto y la amenaza de más bloqueos, marchas y plantones en la capital del país.
La CNTE ha convertido la movilización permanente en su principal herramienta de negociación. Lo mismo en la Ciudad de México que en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, sus bastiones históricos. Más allá de la legitimidad de algunas de sus demandas, la organización ha normalizado el uso de bloqueos, plantones indefinidos y acciones de presión que terminan trasladando los costos de sus exigencias a millones de ciudadanos. La radicalización de algunas de sus protestas también ha reforzado una percepción pública que asocia a la Coordinadora más con la confrontación y la presión política que con la construcción de acuerdos duraderos.
El contraste con el SNTE resulta inevitable. El sindicato que encabeza Alfonso Cepeda ha privilegiado en los últimos años la negociación institucional para impulsar demandas laborales del magisterio. En ese periodo se han concretado procesos de basificación para cientos de miles de trabajadores de la educación, aumentos salariales, revisiones salariales por encima de la inflación en distintos años y modificaciones relevantes al marco normativo de la carrera docente, sin recurrir al cierre de carreteras, la toma de instalaciones estratégicas o los plantones prolongados. La diferencia no está en las demandas, sino en los mecanismos utilizados para hacerlas valer.
Lo que exhibe este nuevo capítulo es que el gobierno federal sigue enfrentando dos modelos sindicales opuestos. Uno que apuesta por la negociación institucional y otro que mantiene la presión callejera como principal instrumento político.
@MarioMal
