Editorial
Luego de los reclamos infundados de Donald Trump a Claudia Sheinbaum por la
repartición del agua en el río Bravo, haciendo uso de sus amenazas arancelarias,
es preciso entender los alcances de la soberanía nacional acerca del estrés
hídrico y como esta repercutió en el acceso a esta.
Por otro lado, es preciso recordar los foros acerca del acceso al agua potable que
realizó la Conagua, el Congreso e instituciones afines, las cuales trataron con
urgencia la necesidad de velar por el cuidado del agua: su soberanía, disposición
y acceso, infraestructura y demás temas, urgentes y necesarios para atender esta
crisis, que de no hacer nada, será inminente.
Los estados del norte de México, cada día sufren por el acceso del agua, si bien
sus ciudades y la población están atenidos a las condiciones climáticas del
desierto, también sufren los estragos de las transnacionales, quienes extraen
cantidades exorbitantes de agua para sus industrias, sin pensar en la gente. Al
igual que la Ciudad de México, cada día están cerca de sufrir grandes
consecuencias por el estrés hídrico o están cerca del denominado “Día cero”, en el
que el abasto del agua sea insuficiente.
Misma situación se está padeciendo en San Cristóbal a través de la embotelladora
de FEMSA, que ha contaminado ríos y mantos acuíferos, poniendo en riesgo las
reservas de agua. A pesar de las advertencias de los activistas hacia esta
industria que también afecta a la salud alimentaria, poco o nada se ha hecho, aún
cuando están los focos rojos.
También, a esta situación se suma el tratamiento de aguas residuales; como ya se
abordó en los reportajes especiales, en Chiapas estas son un “elefante blanco”,
inoperantes, caros y que no abonan al cuidado del agua; por ello, su operación si
bien puede ser costosa, debe abonar a la recuperación del vital líquido, que esta
no llegue a los ríos o a los mantos acuíferos.
En lo que respecta a Chiapas, nuestro estado goza de una gran reserva hídrica,
pero de una infraestructura precaria en su distribución, lo que imposibilita la
distribución del agua a ciertos municipios y comunidades, negándoles el derecho
al líquido; en contraste con las grandes ciudades como Tuxtla, Tapachula y San
Cristóbal, donde las fugas de agua y recortes a determinadas colonias persisten,
sumado a los estragos con SMAPA y la falta de atención a los reportes, que de no
seguir atendiéndose, agravarían más el problema del acceso al agua.
Por otro lado, y no menos importante, en esta cada editorial se ha reportado casos
de ríos contaminados, que inmediatamente afectan a ciertos poblados, pero su
contaminación responde a negligencia de industrias que ante la corrupción siguen
generando estragos al vital líquido y lo peor, que los municipios lo permitan,
dejando de lado su responsabilidad en la contaminación de los ríos, lagos y
mantos.
Ante lo ya expuesto, es necesario y urgente legislar sobre la capacidad que tiene
nuestras reservas de agua, y que estas no caigan en manos de capitales
extranjeros, mismas que cada día contaminan y dejan a quienes más lo necesitan
sin el vital líquido.
