La amenaza para un Mundial en santa paz
México quiere mostrarse ante el mundo como un país moderno, organizado y capaz de albergar un Mundial de Futbol en un ambiente de fiesta y armonía. Quiere presumir estadios, turismo, infraestructura y hospitalidad, pero mientras el discurso oficial vende estabilidad y bienestar, en las carreteras, en el campo y en las calles, la realidad está explotando en la cara del gobierno.
No se puede hablar de un Mundial en santa paz cuando miles de productores agrícolas sobreviven en condiciones de abandono, cuando los transportistas son asesinados o asaltados diariamente y cuando los sectores productivos sienten que trabajan únicamente para enriquecer a intermediarios y para sostener un sistema político que poco o nada les devuelve.
Resulta incomprensible para cualquier campesino que el kilo de tortilla alcance precios de 25 o hasta 30 pesos, mientras a ellos les pagan apenas 4.50 o 5 pesos por el kilo de maíz. La ecuación no tiene lógica para quien siembra, arriesga el patrimonio familiar y depende del temporal para sobrevivir. En algún punto de la cadena productiva alguien se queda con las ganancias, mientras el productor continúa hundido en la pobreza.
Ese resentimiento social fue el que estalló nuevamente con las movilizaciones de campesinos y transportistas que intentaron llegar a la Ciudad de México para exigir seguridad, apoyos al campo y freno a los robos en carretera. Sin embargo, la respuesta gubernamental fue encapsularlos para impedir que avanzaran hacia el centro de la capital.
Y entonces aparece la gran contradicción del régimen. Durante años se repitió hasta el cansancio que en México ya no se reprimían las manifestaciones, que existía libertad plena para protestar y expresar ideas. Pero cuando las protestas amenazan la estabilidad política o la imagen internacional del país, la narrativa cambia de inmediato. Ahí quedaron los campesinos de Tlaxcala rodeados por elementos de seguridad, contenidos como si fueran un peligro para el Estado y no ciudadanos desesperados por la indiferencia oficial.
La Asociación Nacional Transportista y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano no están exigiendo privilegios, están reclamando algo elemental: seguridad para trabajar y condiciones mínimas para producir. Los transportistas viven bajo amenaza permanente del crimen organizado; los productores agrícolas enfrentan precios injustos, falta de créditos y abandono institucional.
El problema para el gobierno es que el tiempo se le vino encima. La cercanía del Mundial convierte cualquier protesta masiva en una amenaza política y mediática. Nadie en el gobierno quiere imágenes de carreteras bloqueadas, manifestaciones multitudinarias o enfrentamientos sociales durante el evento deportivo más importante del planeta.
Por eso el escenario luce peligroso para la administración federal. Porque ya no se trata únicamente de productores de maíz inconformes. Ahí vienen también los transportistas, los maestros y otros sectores que acumulan años de reclamos sin respuesta. Y si productores de 28 estados ya lograron movilizarse, el panorama podría escalar rápidamente si organizaciones como la CNTE deciden incorporarse a la presión nacional.
El gobierno parece atrapado entre dos caminos igual de complicados: negociar recursos emergentes para desactivar las protestas o endurecer las medidas de contención para impedir movilizaciones que dañen la imagen del país. Ninguna de las dos opciones resuelve el problema de fondo.
Porque transformar verdaderamente la política agrícola nacional requiere miles de millones de pesos, créditos accesibles, infraestructura, tecnología y, sobre todo, limpiar la corrupción enquistada en las dependencias del sector agropecuario. Y aunque desde 2018 la llamada Cuarta Transformación prometió terminar con esas prácticas, la realidad demuestra que los vicios administrativos siguen intactos.
Tampoco parece viable cumplir otra de las exigencias centrales de los productores: sacar los granos básicos de los acuerdos comerciales internacionales para regular importaciones y proteger al mercado nacional. México depende comercialmente de compromisos internacionales complejos y además enfrenta presiones diplomáticas derivadas del problema del narcotráfico y de la relación con Estados Unidos.
México quiere organizar un Mundial exitoso y sin conflictos. El problema es que no se puede tapar la crisis social con estadios llenos ni con ceremonias espectaculares. Las inconformidades están creciendo y el gobierno parece entrar en una especie de terapia intensiva política, intentando evitar que el descontento se convierta en un incendio nacional.
