Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas
La difusión de varios vídeos en redes sociales, donde se muestra a elementos de diversas corporaciones de seguridad del estado torturando a presuntos integrantes de una banda delictiva en Tuxtla Gutiérrez, ha desatado una profunda indignación y una intensa polémica en Chiapas.
Las imágenes, que exponen la brutalidad con la que los uniformados colocan bolsas de plástico en la cabeza de dos individuos detenidos —aparentemente con el objetivo de asfixiarlos—, provocaron el rechazo inmediato de la sociedad y una rápida reacción de las autoridades estatales ante la gravedad de la situación.
El gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, utilizó sus cuentas oficiales de redes sociales para fijar una postura firme y condenar de manera enérgica los hechos visualizados, el mandatario estatal enfatizó que su administración no tolerará este tipo de conductas que vulneran la dignidad humana y la legalidad, por lo que instruyó de inmediato a la Fiscalía General del Estado para que asuma el control de las indagatorias y actúe con todo el rigor de la ley contra quienes resulten responsables de estos actos de violencia institucional.
Por su parte, la secretaria de Gobierno de Chiapas, Dulce María Rodríguez Ovando, confirmó que las investigaciones correspondientes ya están en curso y que ya se han registrado las primeras detenciones de los elementos policiacos involucrados en los videos; sin embargo, la funcionaria catalogó el actuar de los oficiales como un evento extraordinario.
Rodríguez Ovando aseguró que este lamentable suceso representa un caso aislado dentro del sistema de seguridad pública y que bajo ninguna circunstancia refleja una política institucional ni una práctica sistemática permitida por el actual gobierno.
La encargada de la política interna de la entidad reiteró que la instrucción precisa del ejecutivo es mantener una política de cero tolerancias a la impunidad y garantizar la estricta protección de las garantías individuales.
Al ser cuestionada sobre la persistencia de estas malas prácticas en el interior de las corporaciones policiacas locales, la secretaria insistió en que, “independientemente de los delitos que se les imputen a los detenidos, las autoridades tienen la obligación irrenunciable de cuidar y respetar los derechos humanos de cualquier individuo bajo custodia, impidiendo que estas escenas se repitan en el futuro”.
La funcionaria estatal hizo un llamado urgente y un exhorto formal a toda la ciudadanía chiapaneca para que confíe en las instituciones y denuncie de manera oportuna cualquier tipo de irregularidad, abuso de autoridad o mala práctica por parte de las fuerzas del orden.
Rodríguez Ovando remarcó la importancia de la participación social a través del mecanismo de la denuncia para asegurar que este tipo de violaciones a los derechos humanos no queden en la impunidad y se pueda limpiar a las corporaciones de elementos que actúen fuera del marco de la ley.
