Mario Caballero
No fue manifestación, sino provocación
“Las reglas. Sin ellas viviríamos con los animales”
Saga de películas de John Wick
En Alemania existen normativas estrictas que prohíben portar cualquier elemento u objeto que pueda ser utilizado como arma en alguna movilización social. Asimismo, no se permiten cubrimientos faciales destinados a ocultar la identidad de la persona y se penaliza severamente el vandalismo.
Otros países europeos con medidas similares son España y Francia, que siendo regímenes democráticos, con libertad de manifestación y que protegen de manera constitucional las protestas pacíficas, ponen límites. Pues ya lo decía Aristóteles: “El hombre, cuando está perfeccionado, es el mejor de los animales, pero, cuando está separado de la ley y la justicia, es el peor de todos”.
En Reino Unido, la legislación tipifica como delito cualquier manifestación que cause molestias públicas graves, facultado a las fuerzas policiales imponer restricciones estrictas sobre las rutas, horarios y el nivel de ruido, y aplicar penas de cárcel a quienes cometan actos violentos.
Nuestro vecino Estados Unidos, en su Primera Enmienda protege la libertad de expresión y reunión; sin embargo, la violencia, la destrucción de propiedad, el allanamiento de edificios o los disturbios no están protegidos y son estrictamente procesados a nivel estatal y federal.
Por eso, cuando los simpatizantes de Trump asaltaron el Capitolio el seis de enero de 2021, portando máscaras, cuchillos, hachas y armas de fuego, con el objetivo de impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden, los elementos del orden actuaron con toda la fuerza posible para detener a los vándalos. Hasta el día de hoy, varios de los detenidos siguen en prisión.
Y ante las protestas de ciudadanos en California contra las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump, que derivaron en tensiones políticas y revueltas violentas, obligó el despliegue de la Guardia Nacional y toques de queda locales. Pues la manifestación social se permite, siempre que no atente contra el orden y el derecho de terceros.
¿NOSOTROS CUÁNDO?
¿Por qué en México no podemos actuar de la misma manera?
No vayamos lejos, aquí en Chiapas hemos sido testigos de cómo decenas de protestas violentas terminaron impunes. Así se tratará de maestros, normalistas, grupos campesinos, ejidatarios, etcétera, tomaron la libertad de manifestación como coartada para delinquir y salirse con la suya.
Creo que hemos sido demasiado tolerantes con este tipo de acciones, permitiendo que la libertad se confunda con libertinaje.
PROVOCACIÓN
Lo que vimos en días recientes con las protestas de los normalistas de la Mactumactzá, no encuadra con lo que es una verdadera manifestación social. Fue vandalismo puro y duro.
No salieron a las calles de manera pacífica a expresar su descontento o anunciar sus demandas. Tomaron calles, bloquearon carriles centrales y laterales del Libramiento Norte y de la Calzada al Sumidero, provocando caos vehicular en diversos puntos de la capital.
También tomaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Educación estatal, para exigir la destitución de varios funcionarios, la cancelación de órdenes de aprehensión de sus compañeros y justicia por la muerte del alumno Jesús Alaín Vázquez Pérez.
Por si fuera poco, rociaron gasolina y le prendieron fuego a una réplica de cartón de una patrulla de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.
Eso no fue una protesta, sino una provocación. Pues quemaron esa figura de cartón frente a la entrada del Palacio de Gobierno.
ABUSO
Desde hace mucho tiempo, la Escuela Normal Rural Mactumactzá dejó de ser semillero de maestros competentes y comprometidos con la educación y el progreso de las comunidades rurales de Chiapas para convertirse en una granja de guerrilleros.
Distintos reportes de prensa y declaraciones de padres de varios alumnos aseguran que en el plantel no se enseña a ser maestro, sino se imparte un adoctrinamiento político-ideológico radical y adiestramiento en tácticas de resistencia que incluyen retención de autobuses y camiones comerciales, uso de técnicas de repliegue contra fuerzas policiales y fabricación de explosivos caseros.
Los alumnos de nuevo ingreso son sometidos a duras pruebas, como excavar agujeros en el campo bajo el sol abrazante, aguantar golpizas por sus compañeros durante ciertos periodos de tiempo y pasar encierros prolongados sin alimentos y agua.
Por eso, en 2018, José Luis Hernández Espinosa perdió la vida en una de esas “novatadas” y otros alumnos, como Ulises Jiménez de la Cruz y Sergio Ballinas Zambrano terminaron internados con diagnóstico de rabdomiólisis, que se caracteriza por la ruptura del tejido muscular.
Antes, el seis de agosto de 2017, la joven Mónica Anahí Ramírez Pérez perdió la vida en otra novatada al sufrir un severo daño en los riñones como producto de la falta de agua, ya que para ser admitida en la institución fue obligada a cortar maleza durante horas con las manos pelonas, bajo el sol y no le permitían bañarse y menos tomar agua.
CRÍMENES
En agosto de 2003, durante un violento desalojo, los estudiantes utilizaron autobuses que habían secuestrado para bloquear vías, resultando en el asesinato de un chofer de una empresa de transporte bajo circunstancias atribuidas a las acciones de confrontación de los normalistas.
En mayo de 2021, más de 90 estudiantes fueron arrestados y procesados por delitos como robo con violencia, motín, pandillerismo y ataques a las vías de comunicación. Dichos expedientes penales siguen abiertos, y son los que piden que sean cancelados.
En esos mismos días, atacaron el Palacio de Gobierno utilizando tarimas para bloquear los accesos, rompieron ventanas y lanzaron bombas molotov y cohetones al interior del recinto, desatando incendios en las puertas principales y oficinas.
A lo largo de los últimos 30 años, su táctica más recurrente e invasiva ha sido el secuestro de camiones comerciales y de pasajeros. Empresas como AEXA, incluyendo pipas de PEMEX, son sus blancos más recurrentes. Y no sólo detienen los vehículos en las carreteras o terminales, también obligan a bajar a los pasajeros y retienen tanto las unidades como a los choferes.
CIERRE O REUBICACIÓN
Cierre o reubicación, es lo que la sociedad tuxtleca ha demando todos estos años para dejar de padecer los abusos de la Mactumactzá.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, como buen hombre de leyes y vocación humanista, debería tomar cartas en el asunto.
Puesto que remover o clausurar a la Mactumactzá no se trata de represión, ni de un atentado a la educación, mucho menos de una imposición arbitraria, sino de un acto de justicia a favor de la seguridad y protección de los derechos fundamentales de miles de habitantes que al final de cada protesta, marcha o lo que se ha conocido como “terrorismo didáctico”, son las principales víctimas de los normalistas.
Nunca he estado de acuerdo con esa visión casi heroica de la Mactumactzá, pues no es más que un grupo típico de rentistas del Estado, como la CNTE, bomberos piromaníacos que incendian la pradera para después cosechar ganancias del desastre que ellos mismos provocaron.
Si deseamos ser tan civilizados como en Alemania, Francia o España, debemos empezar por imponer el orden con todo el peso de la ley en la mano.
yomariocaballero@gmail.com
