El cinismo no tiene precio; la corrupción persiste
Hay personajes públicos que, aun bajo el peso de los señalamientos y las denuncias, caminan por las calles con absoluta tranquilidad, como si nada hubiera ocurrido. Robar —o ser acusado de hacerlo— y después irse “como Pedro por su casa” pareciera haberse convertido en una práctica normalizada en la vida pública mexicana. Y mientras tanto, la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está la autoridad encargada de investigar y resolver las denuncias presentadas?
Porque no se trata solamente de un caso aislado. El problema es el mensaje que se envía a la ciudadanía cuando alguien señalado por presuntos actos de corrupción no solo evade consecuencias, sino que además obtiene nuevos cargos y espacios de poder. El cinismo político parece no tener límite.
Hoy muchos ciudadanos observan con preocupación cómo se replica una lógica que se atribuye a la llamada Cuarta Transformación: protección para quienes son cercanos o simpatizantes del partido en el poder y severidad para quienes están en la oposición. La justicia deja entonces de ser pareja y se convierte en una herramienta política. Para unos, impunidad; para otros, castigo. Para unos protección, para otros, “cuello”.
Resulta todavía más delicado cuando las instituciones afectadas son aquellas que deberían representar honestidad, transparencia y compromiso social. La Secretaría de Educación es una de ellas. La educación pública no merece ser manchada por sospechas de corrupción ni por funcionarios cuestionados cuyo paso deja inconformidades y denuncias entre el magisterio.
A Rosa Aidé Domínguez Ochoa se le ha señalado por presuntos fraudes durante su gestión en la Secretaría de Educación en el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas. Sin embargo, lejos de enfrentar un proceso claro que esclarezca las acusaciones, hoy aparece respaldada por una institución de prestigio nacional que no solo la recibe, sino que además le otorga una posición de poder.
Los atropellos de Domínguez Ochoa están documentados: enfrenta investigaciones en 2026 por un presunto desvío de recursos superior a 35 millones de pesos al crear «nómina fantasma» con pagos a maestros y jubilado fallecidos, además de irregularidades en la edificación de obras en escuelas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene el caso abierto para fincar responsabilidades legales por el dinero desaparecido, pero parece que la ex funcionaria está libre de todo “pecado”.
Desde el primero de mayo asumió como directora del Instituto Tecnológico de Ensenada, perteneciente al Tecnológico Nacional de México. El mensaje político es contundente: quien está bien relacionado con el poder puede mantenerse intacto, pese a las críticas y cuestionamientos.
La preocupación no es menor. Los maestros que denunciaron irregularidades durante su administración hoy observan cómo la exfuncionaria no solo permanece vigente, sino fortalecida políticamente. Y ahora la inquietud alcanza también al estudiantado y a la comunidad académica del Instituto Tecnológico de Ensenada, quienes merecen una administración transparente y responsable.
Ojalá esta designación no termine siendo motivo de arrepentimiento para estudiantes y docentes, porque cuando la impunidad se normaliza, el daño no solo es económico o administrativo, también se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Y cuando eso ocurre, pierde la educación, pierde la justicia y pierde el país.
Por lo pronto, la autoridad estatal queda mal parada al permitir que personajes con antecedentes de haber cometido fraudes agarren camino hacia otras partes del país sin que sean reconsiderada su situación legal. El caso de Domínguez Ochoa es otra prueba de que la corrupción persiste.
