El mandatario dice que toma la decisión para no perjudicar al movimiento de la Cuarta Transformación. “Tengo la conciencia tranquila”, señala en una rueda de prensa
Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, ha solicitado licencia al Congreso estatal para apartarse temporalmente del cargo. El mandatario de Morena ha anunciado la noche de este viernes su decisión dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer que le acusa por vínculos con el Cartel de Sinaloa a él y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del Estado. “No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos”, ha dicho el gobernador en una rueda de prensa en la que negó las acusaciones que le formula la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
El anuncio del gobernador ha llegado horas después de que la Fiscalía ofreciera una rueda de prensa sobre el caso que ha provocado un escándalo en la política mexicana. Raúl Jiménez, el fiscal de asuntos internacionales, explicó a la prensa que la petición de detención con motivos de extradición realizada por el Departamento de Justicia estadounidense a la cancillería mexicana no estaba acompañada de la evidencia necesaria. “No existen pruebas anexas al pedimento que acrediten la comisión de un presunto delito”, dijo el funcionario la mañana del viernes.
Desde que estalló la polémica, el Gobierno ha mantenido una línea defensiva. Ante el formidable dilema que supone el caso, que ha tensado sobremanera la relación bilateral con Estados Unidos, la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, ha levantado una muralla de protección al deslizar que “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”. La estrategia pasa por intentar ganar tiempo y lograr cierto margen para marcar los tiempos. De hecho, la renuncia temporal de Rocha abre la puerta a una investigación de la propia Fiscalía General de la República (FGR). Aunque de momento, la postura oficial es que ha pedido más pruebas a sus homólogos estadounidenses antes de actuar y llegar a una hipotética detención en México y extradición al norte de la frontera, como pide el Departamento de Estado.
- ¿Quiénes son los funcionarios y exfuncionarios acusados por EE UU?
En un mensaje de apenas dos minutos, Rocha Moya negó las imputaciones que le hacen desde los tribunales estadounidenses. “Tengo la conciencia tranquila (…) Son falsas y dolosas las acusaciones en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de enfrente porque no los he traicionado ni los traicionaré”, aseguró el gobernador. “Eso lo demostraré en el momento en que las autoridades de justicia de mi país lo requieran”, añadió.
El Congreso local ha sesionado este sábado de forma extraordinaria para aprobar, por un periodo de 30 días, la licencia del gobernador morenista de 76 años. Al separarse temporalmente, el político mantiene el fuero que le brinda protección ante una detención. Rocha será sustituido por Yeraldine Bonilla, la actual secretaria de Gobierno. El movimiento de este viernes contrasta, en todo caso, con la tranquilidad con la que Rocha pareció encajar el escándalo en un primer momento. El mismo día que se hizo pública la imputación, dijo que había hablado con la presidenta y que no iba “a pasar nada”.
Rocha Moya es el nombre más importante en la acusación de los fiscales neoyorquinos, pero no es el único. También figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, también de Morena; el empresario y exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, los exdirectores de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez, el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez, el exdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, el alcalde de Culiacán, la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el exsecretario de Seguridad de este municipio, Juan Valenzuela Millán.
La Justicia estadounidense acusa al grupo de recibir sobornos y colaborar con la facción de Los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el capo que cumple una sentencia de por vida en una prisión de Colorado. El grupo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López se disputa, desde finales de 2024, el control de la organización criminal con la facción de los leales a Ismael El Mayo Zambada, otro legendario capo que espera sentencia en Nueva York.
“Los acusados, todos ellos funcionarios actuales o antiguos del gobierno o de las autoridades del orden público en Sinaloa, han participado en esta asociación delictuosa con el cartel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”, se lee en la acusación hecha pública el miércoles.
El expediente asegura, sin pruebas, según los dichos de las autoridades mexicanas, que los 10 hombres protegieron a los líderes del cartel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales. Además, los acusados habrían facilitado a los criminales información sobre los operativos y movimientos de policías locales y militares.
“A cambio, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cartel”, indican los fiscales, quienes incluyeron en la acusación fotografías de notas tomadas a mano con supuestos sobornos.
El alcalde también pide licencia
Siguiendo el ejemplo de Rocha Moya, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil presentó su solicitud de licencia ante el Cabildo de Culiacán. Esta fue aprobada por unanimidad. Gámez Mendívil, quien es ahijado del gobernador, se separa del cargo por diez días y se pone a disposición para que la Fiscalía realice su investigación. La síndica Ana Ramos será la alcaldesa interina de la ciudad, de un millón de habitantes.
