La explosiva reunión del gabinete de seguridad por Rocha Moya
Por Mario Maldonado
La reunión del gabinete de seguridad fue particularmente explosiva este miércoles. Al encuentro acudieron también integrantes de la Cancillería, con una noticia que les enchuecó el semblante a la mayoría de los presentes. Horas antes, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores la solicitud de extradición del gobernador morenista, Rubén Rocha Moya, y otros nueve imputados por narcotráfico y otros delitos, entre ellos el senador por Sinaloa Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. “Es un hecho inédito, porque son funcionarios en activo”, dijo un integrante del gabinete de seguridad. “Fue una respuesta al caso de la CIA en Chihuahua”, agregó otro alto funcionario de las Fuerzas Armadas, según fuentes que presenciaron la reunión.
Tras varios minutos de deliberación sobre la solicitud de Estados Unidos y los escenarios de respuesta, legales y políticos, Claudia Sheinbaum exigió a los presidentes el mayor sigilo. “Vamos a retrasar el mayor tiempo posible la difusión de esta información”, les dijo. La presidenta apareció después en su conferencia matutina con una sonrisa a medias y anunció que la conferencia sería breve. Duró 42 minutos. Se firmaron acuerdos sobre la industria acerera. No hubo preguntas.
Luego cayó la bomba hacia el mediodía. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública la acusación por conspiración para importar y distribuir fentanilo, heroína, metanfetaminas y cocaína en Estados Unidos; participar en una empresa criminal continúa vinculada al Cártel de Sinaloa; conspirar para uso de armas de fuego y conspirar en temas de lavado de dinero. La publicación, si bien se advertía como posibilidad, fue asumida como otra afrenta y una declaración abierta de que Estados Unidos está dispuesto a más.
La acusación contra Rocha Moya y sus presuntos cómplices es la culminación de una serie de advertencias que Estados Unidos envió durante meses y que en México se minimizaron. La carta de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, los reportes de inteligencia sobre la operación de Los Chapitos, las afirmaciones de Donald Trump sobre el control de territorios completos por parte del crimen organizado, así como los golpes financieros del FinCEN contra intermediarios financieros forman parte de un todo; el de la penetración del narcotráfico en estructuras políticas y financieras.
Rocha Moya fue defendido desde el primer momento por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, por Claudia Sheinbaum. La ahora presidenta no solo ha sostenido públicamente su respaldo, también ha viajado en varias ocasiones a Sinaloa para apuntalar políticamente al gobernador en medio de la crisis de violencia y de los cuestionamientos. El mensaje ha sido consistente. No hay ruptura con Rocha. No hay distancia con su antecesor.
A ese cierre de filas se sumaron gobernadores de Morena, que salieron en bloque a defenderlo cuando surgieron los primeros señalamientos. El argumento fue que no existían pruebas y que se trataba de intentos por desestabilizar a un gobierno estatal. Esa narrativa hoy enfrenta su mayor prueba con la acusación formal en una corte de Nueva York, donde fiscales estadounidenses sostienen que Rocha habría recibido apoyo del Cártel de Sinaloa para llegar al poder a cambio de protección.
En el gabinete federal hay una lectura más cruda. El caso Chihuahua marcó el punto de quiebre. La muerte de ciudadanos estadounidenses en un operativo vinculado a laboratorios clandestinos, la exposición de la participación de agencias como la CIA y la falta de un manejo político adecuado, incluyendo la ausencia de condolencias sinceras, detonaron la reacción contundente de Washington.
Esto fue la gota que derramó el vaso. A partir de ahí se endurecieron las posturas. Trump volvió a colocar sobre la mesa la idea de que México está controlado por los cárteles y reforzó la narrativa de intervención bajo el argumento de seguridad nacional.
Rocha Moya es una pieza dentro de una investigación más amplia que podría extenderse a otros actores políticos. Gobernadores, legisladores e incluso funcionarios del gabinete federal aparecen en distintos niveles de riesgo. Las acusaciones actuales serían apenas la punta del iceberg sobre el financiamiento de campañas y la relación de estructuras políticas con grupos criminales.
La presión sobre el gobierno de Sheinbaum es inminente. Entregar o no a Rocha Moya se convierte en una decisión de alto impacto. Si México no actúa, Estados Unidos podría hacerlo. La posibilidad de operaciones unilaterales son casa vez un riesgo más latente.
El riesgo no se limita al ámbito de seguridad. La relación bilateral en su conjunto entra en una zona de alta tensión. La coordinación entre agencias y gabinetes de seguridad, que había alcanzado niveles inéditos, puede fracturarse. Y más allá, la revisión del T-MEC podría contaminarse por el clima político y por la percepción de falta de control institucional en México.
Sinaloa le terminó cobrando factura al gobierno federal, como lo expuse en esta columna en febrero pasado. Mantener a Rocha Moya en el cargo tuvo altos costos. La pregunta es si el cálculo de no actuar sigue siendo sostenible frente a la presión de la Casa Blanca.
Posdata 1
La visita del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, a Sinaloa el jueves pasado, donde acudió a dar el banderazo a la planta de metanol Pacífico Mexinol, también fue un episodio que tensó la relación por el boicot que sufrió y que no pudo ser controlado, o no le interesó al el gobernador Rocha Moya.
La cancelación del acto ocurrió tras la presión de comunidades indígenas, pescadores y organizaciones locales que se movilizaron en Topolobampo para impedir el evento. Hubo bloqueos, protestas en la zona del proyecto y advertencias explícitas de que no permitirían el arranque de obra sin una consulta previa. Esto obligó a suspender la participación diplomática y dejó en evidencia que el conflicto ya había rebasado al gobierno estatal.
La planta, impulsada por la firma estadounidense Transition Industries con una inversión superior a los 3 mil millones de dólares, había sido presentada como un símbolo de inversión extranjera y transición energética. Sin embargo, los opositores acusaron que las autorizaciones se otorgaron sin cumplir con los procesos de consulta a comunidades, además de advertir afectaciones a la actividad pesquera y al entorno ambiental.
Ese antecedente ayuda a entender el contexto en el que hoy se da la reacción de Washington frente a Rubén Rocha Moya. El boicot exhibió la incapacidad del gobierno estatal para contener un conflicto social en torno a una inversión estratégica y envió una señal directa a Estados Unidos sobre la fragilidad en la certidumbre para sus empresas. Por eso lo duro del discurso del embajador en dicho evento.
Posdata 2
La firma del acuerdo para que el gobierno federal utilice acero mexicano en toda la obra pública se trata de una decisión que coloca a la política industrial en el centro de la estrategia económica del sexenio, ahora que la presión comercial de Estados Unidos y la sobreoferta asiática han golpeado a la siderurgia nacional. El compromiso implica que las compras públicas —carreteras, trenes, vivienda e infraestructura— se orienten a proveedores locales, con el objetivo explícito de sustituir importaciones y reactivar la producción interna.
El acuerdo, firmado con cámaras empresariales y compañías del sector, establece además una coordinación entre dependencias para asegurar la demanda y promover contenido nacional en las adquisiciones públicas, así como mecanismos de vigilancia para su cumplimiento. La industria, por su parte, ofreció garantizar abasto, calidad y precios competitivos, lo que anticipa una negociación permanente entre gobierno y empresas para evitar distorsiones en costos o retrasos en proyectos.
Detrás de la medida hay también un mensaje hacia el exterior. La decisión se da en medio de presiones comerciales con Estados Unidos, que ha endurecido aranceles al acero, y de un proceso de revisión del T-MEC donde este sector será uno de los puntos más sensibles. La apuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum apunta a reducir la dependencia de importaciones y fortalecer la cadena productiva interna, incluso si eso implica tensar aún más la relación comercial con su principal socio.
Posdata 3
La Comisión Federal de Electricidad inició 2026 con pérdidas por 402.4 millones de pesos, un dato que confirma que la empresa productiva del Estado sigue enfrentando presiones estructurales pese a los ajustes recientes en su operación y financiamiento.
Más allá del monto —considerablemente menor a los 16 mil 100 millones de pesos perdidos en el mismo periodo de 2025— el reporte evidencia que los resultados siguen dependiendo en buena medida de factores externos, particularmente las fluctuaciones cambiarias que impactan la valuación de su deuda en moneda extranjera. La propia CFE reconoce que se trata de efectos contables, sin salida de efectivo, pero el dato vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad financiera de la empresa.
A esto se suma la caída en ingresos, que retrocedieron 3.23% anual en el primer trimestre, al pasar de casi 165 mil millones de pesos a poco menos de 160 mil millones. Un ajuste que contrasta con el discurso oficial de fortalecimiento de la empresa y que ocurre en un contexto de mayor demanda eléctrica, inversiones en infraestructura y presión para mantener tarifas controladas.
Con todo, la CFE insiste en que mantiene capacidad para generar flujo y cumplir sus obligaciones, apoyada en una mejora en su cobertura de intereses. El problema es que esa narrativa convive con una realidad más compleja. Una empresa que sigue siendo la más grande del país por activos, con cerca de 3 billones de pesos, pero cuya rentabilidad continúa sujeta a variables financieras y decisiones de política pública que aún no logran estabilizar sus resultados.
@MarioMal
